CHIHUAHUA.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le ordenara a su homóloga estatal que le cediera la investigación del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván emitió un pronunciamiento: aseguró, en voz del gabinete, que el Gobierno Estatal no se inmiscuye en el proceso penal.
Interrogada sobre su postura al respecto, la mandataria manifestó que el procedimiento obedece a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el dictamen del Protocolo de Estambul en cuanto a las víctimas de tortura. Y subrayó: «Aquí no tiene que ver nada gobierno del estado».
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Alrededor de mediodía, el vocero del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Israel Hernández, confirmó el recibimiento de la solicitud formal de la FGR para la atracción del caso de González Arredondo por el presunto delito de tortura psicológica ejercido contra las personas entrevistadas en medio de la Operación Justicia para Chihuahua. Y mencionó que la instrucción se encuentra en evaluaciones.
Este miércoles 11 de enero, Vladimir Vejar Gómez, juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, le pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que entregara los expedientes a la FGR y le otorgó un plazo máximo de tres días para brindarle una respuesta. Y remarcó que la disposición es de carácter unilateral, cuyo cumplimiento es obligatorio. De oponerse a la orden, se propiciaría un conflicto de competencias e, incluso, una denuncia contra la administración chihuahuense por desacato.
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