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La administración de Luis Rivera Campos al frente de la Universidad Autónoma de Chihuahua ha sido decepcionante. A pesar de las expectativas, no se han visto cambios significativos ni logros destacados. En su lugar, se han presentado retrocesos y conflictos dentro de la institución.
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La falta de avance en proyectos importantes, como la clínica universitaria, y la priorización del dinero sobre la educación han generado preocupación entre los estudiantes y la comunidad universitaria. La percepción es que Rivera Campos no está a la altura del cargo y que su enfoque en actividades deportivas ha desviado su atención de las responsabilidades administrativas. La administración de Rivera Campos parece encaminarse hacia un fracaso.
En el interior del Cereso de Chihuahua, los reclusos enfrentan un sistema de extorsión disfrazado de «hospedaje», una cuota obligatoria que todos deben cubrir. Según los propios internos, esta práctica se ha endurecido recientemente, con reglas estrictas que rigen la vida tras las rejas. Una de ellas es el pago semanal de treinta pesos, conocido como «cajón», una suma aparentemente menor, pero que, multiplicada por la cantidad de reos, representa un negocio redondo. A cambio, les ofrecen un corte de cabello y una supuesta «seguridad», aunque esta última debería ser un derecho garantizado sin costo alguno. Sin embargo, en el penal mandan otros «jefes», distintos a los que operan desde fuera, dejando claro que las dinámicas de poder son implacables.
Algunos internos están dispuestos a denunciar estos cobros, pero el miedo los paraliza, y con razón: delatar implica represalias no solo contra ellos, sino también contra sus familias. Las historias que circulan sobre las cárceles no son simples rumores; reflejan una realidad cruda donde la corrupción y el control interno son moneda corriente. Mientras los reos enfrentan esta explotación, las autoridades parecen cerrar los ojos ante un sistema que, lejos de rehabilitar, perpetúa el abuso y el temor. Así operan las cosas tras los muros, donde la justicia queda en entredicho y el silencio se impone como norma.
Desde hace más de dos meses, los semáforos de Chihuahua permanecen fuera de servicio, evidenciando la incapacidad del Departamento de Vialidad y Tránsito para garantizar un funcionamiento básico de la infraestructura urbana. Lugares clave como el cruce de Melchor Guaspe y la calle 16, frente al Alsuper, y otro a menos de 100 metros, en la intersección de la vialidad CHP y Melchor Guaspe, son ejemplos claros de este abandono. Miles de automovilistas transitan diariamente por estas zonas sin que exista un solo señalamiento, patrulla o medida provisional para mitigar el desorden. La subsecretaría de movilidad, encabezada por César Komaba, parece más enfocada en recaudar que en resolver problemas básicos, dejando a los ciudadanos sorteando un caos vial que refleja una gestión ineficaz.
El desorden no se limita a los semáforos averiados. En el norte de la ciudad, la avenida Tecnológico es un rompecabezas de líneas mal pintadas que confunden a los conductores, incapaces de distinguir carriles de lo que parece un trazado improvisado. La falta de mantenimiento en los señalamientos electrónicos y la ausencia de una planeación clara agravan la situación, convirtiendo la movilidad en un desafío diario. Mientras tanto, la subsecretaría de movilidad carece de liderazgo y visión, dejando a Chihuahua atrapada en un laberinto de ineficiencia donde la seguridad vial y el orden son promesas incumplidas.
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