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CHIHUAHUA.- Tras la destitución de Luis Alfonso Harris Arrondo, el sistema penitenciario en Chihuahua lleva dos días sin director general, sin que, hasta el momento, se haya designado a su reemplazo. Con él, suman tres autoridades investigadas por presunta corrupción en los Centro de Readaptación Social (CERESO), sobre todo el número 3, ubicado en Ciudad Juárez, por las dos revueltas que en él se presentaron: la del 11 de agosto del 2022 y la del 1 de enero de este año.

Este miércoles, Harris Arrondo fue retirado de su cargo «por orden expresa» de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Asimismo, se abrió un expediente en su contra para averiguar si llegó a poseer algún grado de responsabilidad en la permisión de las celdas lujosas del CERESO 3, en la evasión de los prisioneros y en el asesinato de custiodios y reos.

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El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, mencionó que el cese, efectuado en medio de la «renovación integral» del sistema penitenciario, se determinó luego de observar deficiencias en la gestión de Harris Arrondo. Además, aseguró que, tanto él como el resto del funcionariado, se encuentran sujetos a investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos integrantes, en su debido caso, interpondrán las sanciones correspondientes.

Por otra parte, Campos Galván mencionó que, si bien aún no existe una lista de candidatos, no descarta la posibilidad de integrar una terna conformada por mujeres, pues –subrayó– existen muchas de ellas capaces de ejercer la titularidad. Sin embargo, también señaló que, por ahora, el aspirante ideal es quien ocupaba el puesto anterior a la dirección, a quien, por llegarse a desempeñar como mando operativo en un penal federal, nombró una persona con conocimiento técnicos en la materia.

Ante los sucesos del denominado «jueves negro», Francisco Javier Soto Delgado renunció el 21 de agosto a la titularidad del CERESO 3, tras lo cual fue designado Alejandro Alvarado Téllez, quien fue despedido la mañana de este martes 3 de enero con la finalidad de que la FGE investigue los posibles actos de corrupción cometidos por los administrativos, y ante el descubrimiento de 10 celdas «exclusivas», con televisiones, teléfonos, una caja fuerte, armas y drogas.

Mediante un comunicado, la FGE dio a conocer que se abrirán pesquisas tanto contra Alvarado Téllez como para personal operativo, administrativo y de otras áreas «con el objeto de esclarecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la Ley».

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