La orden, firmada por el mandatario republicano en enero, insta al Departamento de Justicia a investigar a los proveedores que ofrecen ese tratamiento, incluso en los estados donde es legal.

«Los incesantes ataques del presidente y su administración a la atención de afirmación de género ponen en peligro la salud y el bienestar de adolescentes ya vulnerables», declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.

«Sus exigencias de que nuestros proveedores de atención médica discriminen a las personas transgénero y les nieguen el acceso a la atención necesaria son crueles e irresponsables».

El Departamento de Justicia señaló el mes pasado que había emitido más de 20 citaciones a médicos y clínicas que brindan tratamiento a adolescentes.

La Fiscal General, Pam Bondi, declaró entonces que «los profesionales médicos y las organizaciones que mutilaron a niños al servicio de una ideología distorsionada rendirán cuentas».

La demanda, presentada ante un Tribunal de Distrito en Massachusetts, argumenta que las acciones del gobierno federal carecen de fundamento legal y deberían ser declaradas ilegales.

«Estas acciones han creado un efecto disuasorio, ya que los proveedores se ven presionados a reducir su atención por temor a ser procesados, dejando a innumerables personas sin la atención crítica que necesitan y a la que tienen derecho por ley», declaró Bonta.

Los derechos LGBTQ+ se han convertido en un tema de debate en Estados Unidos, donde Trump se benefició de un gran apoyo público a su cruzada contra la llamada «ideología woke».

En sus primeros días en el cargo, el presidente declaró que el gobierno federal solo reconocería dos géneros, hombres y mujeres, y ha atacado a las personas transgénero a través de una serie de decisiones.