La coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto Amelia Martínez, informó que, en el marco de la reciente Ley General de Transparencia publicada el pasado 20 de marzo, los municipios del estado no desaparecerían como sujetos obligados, sino que continuarían cumpliendo con sus obligaciones en materia de acceso a la información.
Señaló que los cambios estructurales contemplados por la ley afectarían principalmente a los organismos garantes, que en su modelo federal pasarían a integrarse como autoridades garantes dentro de nuevas dependencias. En el caso de Chihuahua, explicó que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) no desaparecería como tal, aunque quedaría pendiente definir si se integraría como organismo desconcentrado en la Secretaría de la Función Pública estatal, equivalente a la Secretaría de Anticorrupción y Gobierno Abierto.
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Martínez indicó que los municipios continuarían con sus obligaciones trimestrales en la Plataforma Nacional de Transparencia, y con la implementación de esquemas como la transparencia con sentido social, anteriormente conocida como transparencia proactiva.
Respecto a los plazos para atender solicitudes de información, recordó que mientras la Ley General contempla 20 días para responder, la legislación local vigente establece un plazo de 10 días naturales. En este sentido, se encontraban a la espera de que el Congreso del Estado realizara la reforma correspondiente para armonizar ambas leyes. Señaló que sería necesario esperar a la publicación de la ley estatal para conocer si se mantendría el plazo reducido o se ajustaría al nuevo marco federal.
Finalmente, explicó que aunque la fecha límite para homologar las legislaciones vencía en junio, la reforma podría presentarse hasta el siguiente período ordinario del Congreso local, de acuerdo con los tiempos legislativos de la entidad.
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