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Después de meses de silencio, el alcalde Marco Bonilla parece haber terminado por darle la razón a la diputada Brenda Ríos, quien desde el año pasado advertía irregularidades en la construcción del fraccionamiento Monte Xenit, una zona residencial de lujo que hoy enfrenta hundimientos y daños estructurales, por decirlo bonito. Todo apunta a una falla en los estudios de suelo y una supervisión deficiente por parte de la administración municipal. Aunque oficialmente no lo dicen, la aceptación de responsabilidades por parte del gobierno local valida las advertencias de la legisladora. Las miradas apuntan directamente a Adriana Díaz Negrete, funcionaria de vieja data en este tipo de autorizaciones, quien permanece en su cargo a pesar de las múltiples señales que la señalan como pieza clave en este problema, lo que ha generado tensiones incluso dentro del mismo Ayuntamiento.
La situación recuerda a otros eventos trágicos de administraciones pasadas, como el caso del Aeroshow, y aunque se intenta desviar la atención hacia gobiernos anteriores, esta vez los errores parecen tener nombre y apellido dentro del equipo actual. La diputada Ríos suma puntos, pues hasta ahora nadie ha podido refutar sus señalamientos. Mientras tanto, el sur de la ciudad observa con preocupación, preguntándose cuántos desarrollos más fueron autorizados con la misma ligereza. Hay quien teme que el apoyo para los afectados no pase de una licuadora simbólica. Ahora solo queda esperar si desde el municipio reactivan a la vocera como Mariana La Chica para dar respuestas oficiales, porque el silencio ya no es una opción, y por otro lado debe desquitar el sueldo y no ha dado declaración.
En silencio, sin tanto reflector, la Fiscalía General del Estado ha comenzado a implementar un proyecto que bien podría marcar un antes y un después en la manera de presentar denuncias. Bajo la batuta del fiscal César Jáuregui, se están instalando modernas cabinas individuales –muy al estilo de teléfonos públicos, pero de alta tecnología– que permiten a las personas denunciar delitos de manera directa, segura y privada. Estas cabinas cuentan con aislamiento acústico, cámara, micrófono y una plataforma digital que facilita el trámite sin intermediarios. Una iniciativa digna de aplaudirse, sobre todo en un sistema donde muchas veces las denuncias se entorpecen por intereses internos o la repetición innecesaria de versiones frente a diferentes elementos.
La idea resuelve varios problemas: evita filtraciones, reduce tiempos y elimina pasos burocráticos innecesarios, ya que antes había que peregrinar de oficina en oficina repitiendo la historia como disco rayado. Ahora, desde un espacio controlado y confidencial, el ciudadano puede exponer su caso de manera clara y eficiente. No deja de ser paradójico que una herramienta para reportar delitos sea tan poco publicitada, pero lo cierto es que este tipo de innovación podría cambiar por completo la dinámica de acceso a la justicia. Una movida inteligente del fiscal Jáuregui que merece más reflectores de los que ha tenido.
El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua tomó decisiones de peso este jueves 10 de julio al resolver 34 juicios de inconformidad vinculados al proceso electoral extraordinario para seleccionar a jueces del Poder Judicial. En sesión pública, el magistrado presidente Hugo Molina Martínez informó que se anuló la votación en tres casillas del distrito judicial Abraham González, correspondiente a Delicias, debido a irregularidades detectadas. Como consecuencia, el Instituto Estatal Electoral deberá realizar un nuevo ajuste en los resultados de esa elección.
Destaca que esta es la primera ocasión en que se declara la nulidad de casillas dentro de este proceso, lo que cambia por completo el panorama para la elección de jueces penales en el distrito mencionado. Las impugnaciones presentadas por dos candidatas, bajo las claves 237 y 244, resultaron en una resolución que favorece a una de ellas, obligando al IEE a retirar y reasignar constancias de mayoría. Este episodio evidencia no solo la relevancia del voto, sino también el papel fundamental del Tribunal Electoral como contrapeso legal en procesos judiciales que también pasan por las urnas.
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