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El caso del niño Jasiel Giovany conmocionó a la sociedad chihuahuense. Su asesinato, con evidencias de violencia y abuso sexual, representa una de las expresiones más graves de descomposición social y exige una respuesta firme del sistema de justicia. Pero también, como lo señaló Alejandro Carrasco, encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, exige responsabilidad colectiva para evitar que el dolor legítimo se desvíe hacia discursos de odio, que solo sirva para vomitar los berrinches y felaciones mentales de algunos.
Tal pareciera un intento por asociar el crimen a la identidad de género de la persona detenida. Este enfoque es profundamente peligroso. La justicia no se construye sobre prejuicios. La tortura sexual que le desean no es condena en este país. No se puede aceptar que el dolor de una comunidad sirva como excusa para reforzar estigmas contra otra. La orientación sexual o identidad de género no define la capacidad de cometer un delito, y ningún grupo debe ser juzgado colectivamente por los actos de un individuo. Uno no representa a todos.
Retomo la frase de Carrasco: la exigencia de castigo debe centrarse en los hechos y en la persona responsable, no en su pertenencia a una comunidad. Buscar justicia no es compatible con fomentar una narrativa que refuerce el odio o que sugiera que las personas LGBTI+ son más proclives al crimen. La indignación social es comprensible, pero no debe transformarse en violencia simbólica o exclusión.
El derrumbe del muro de contención en el fraccionamiento Monte Xenit, hace más tiempo que la duración de un embarazo, no solo exhibió fallas técnicas, sino también estructurales… en el gobierno municipal. Con 32 familias evacuadas, millones de pesos públicos aprobados para atender la emergencia, y una opinión vecinal encendida, alguien tenía que pagar los platos rotos. ¿Y a quién están apuntando ahora? Pues al director responsable de obra. Pareciese que el pobre nadaqueveriento le tocará tabla por ser el eslabón más débil y más fácil de sacrificar.
Pero mientras buscan acomodarlo en la cuerda al centro de la plaza, en el gabinete sigue firme Adriana Díaz, actual directora de Desarrollo Urbano y Ecología, quien, pasado que salpica, era regidora cuando se aprobó el fraccionamiento. Es decir, participó en la validación del proyecto que hoy tiene muros colapsados, bardas tambaleantes y familias casi desplazadas. Porque, aunque el verdadero cartel inmobiliario es azul pero en la Ciudad de México: 1 con lo que evidenció la lluvia atípica y confirmó el IMPLAN; 2 el muro de Monte Xenit; 3 que desde hace 10 años -al menos en mi memoria- se aprueba un fraccionamiento por mes en Cabildo. Le dan la razón a la diputada Ríos y a los ambientalistas.
Here Comes a New Challenger! La CANADEVI aparece en escena con pliego petitorio y toda la cosa, quiere mesas técnicas, acceso a los dictámenes y menos declaraciones mediáticas que estigmaticen al sector, la nieve Dairy Queen, cese al fuego seguramente en Ucrania. Esperemos que sea cierto y que sean firmes, porque también son salpicados de culpa. En un cartel hay autoridades coludidas, sí, pero tiene que haber capital.
De los 20 regidores, solo Miguel Riggs y María Elena Rojo votaron en contra, mientras el resto respaldó la asignación, que incluye 4 millones 263 mil pesos para un programa emergente de apoyo habitacional temporal, cubriendo rentas, alojamiento provisional y apoyos logísticos para 32 familias. Sin embargo, un análisis revela que el costo de rentar casas similares en la zona sería de aproximadamente 960 mil pesos por tres meses, dejando un excedente de millones cuya gestión queda en entredicho, a cargo, presuntamente, de Díaz Negrete. La ciudadanía se pregunta por qué se prioriza a un sector acomodado mientras las colonias del sur, con mayores necesidades, son ignoradas, reforzando la idea de que las autoridades temen confrontar a quienes tienen mayor influencia económica, perpetuando la desigualdad y la impunidad en la distribución de recursos.
En Chihuahua, el corazón de la comunidad late con indignación y luto tras el brutal asesinato del pequeño Jasiel Giovanny, un niño de 8 años cuya vida fue segada en un acto de violencia que ha sacudido al estado. La ciudadanía, encabezada por una familia destrozada, alza la voz exigiendo justicia frente a un sistema judicial que, en años recientes, ha mostrado fisuras al favorecer a delincuentes y asesinos. Casos como el de Mya, donde el agresor recibió resoluciones cuestionables, evidencian una preocupante tendencia de impunidad que alimenta la desconfianza hacia las instituciones. La detención del presunto culpable, identificado como la pareja de la madre, no calma el clamor popular, que demanda una condena ejemplar para evitar que este tipo de tragedias se repitan.
Las calles de Chihuahua se han convertido en un eco de protestas, con pancartas y marchas que exigen no solo el castigo del responsable, sino una reforma profunda en el sistema de seguridad pública y justicia. La memoria de Jasiel, junto a casos como el de Mya, pone bajo la lupa a las autoridades, quienes en el pasado han fallado al permitir que criminales eludan la justicia, ya sea por vacíos legales o decisiones polémicas. La sociedad chihuahuense, unida en su dolor, no solo pide castigo para el culpable, sino un compromiso real para proteger a los más vulnerables y erradicar la percepción de que la ley ampara a quienes cometen atrocidades.
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