Miles de personas salieron este miércoles a las calles de Buenos Aires para sumarse a la tradicional marcha semanal de los jubilados frente al Congreso, en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La protesta, que reunió a diversos sectores como profesionales de la salud, científicos, colectivos feministas y personas con discapacidad, fue un nuevo capítulo del creciente descontento social.
Las pancartas con consignas como “El ajuste y la crueldad no se enfrentan en soledad” y “Saquen la motosierra de nuestros derechos” reflejaron el malestar generalizado frente a los recortes presupuestarios. El Congreso Nacional amaneció vallado y fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad ante la convocatoria.
Cada miércoles, agrupaciones de jubilados acompañadas por movimientos sociales y partidos de izquierda se concentran para exigir una recomposición de sus pensiones, fuertemente golpeadas por la política de recorte del gasto público. Aunque el presidente Milei ha logrado una baja significativa en la inflación y avances fiscales, los costos sociales del plan económico son el centro de las críticas.
Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno de Milei aplicó un programa de reducción del gasto público de 4.7 por ciento del Producto Bruto Interno, según datos de febrero del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
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Con estas medidas, consiguió reducir a la mitad el índice de inflación que pasó del 211 por ciento en 2023 (cuando Milei devaluó el peso un 50 por ciento) al 118 por ciento en 2024, mientras marcó un 47 por ciento interanual en abril pasado.
«Son los jubilados y las jubiladas los que están sufriendo un tercio del ajuste de la motosierra que se hizo conocida mundialmente, pero que está afectando mucho las condiciones de vida de la población», dijo durante la marcha Luci Cavallero, militante feminista.
Las manifestaciones, cuya represión ha ido en aumento, ya han recibido el respaldo de hinchas de fútbol y de la Iglesia.
«Lo más terrible de todo es cómo somos reprimidos sin ningún pudor. Es muy triste a mi edad. Yo me manifiesto desde los 17 años y nunca pensé tener que llegar a esto nuevamente», dijo Cristina Rivada, una jubilada de 74 años que acude todos los miércoles.
Al mismo tiempo que se desarrolla la protesta, los diputados debaten iniciativas de la oposición, como un aumento de 7.2 por ciento a las jubilaciones y una declaración de emergencia en discapacidad, proyectos que el gobierno rechaza debido a su costo fiscal.
Fuera del recinto, Evangelina Caro, de 49 años, lleva en la mano un cartel que dice «soy una persona (no un gasto), con derechos (no privilegios)» y en la otra a su hijo Benicio, de 14 años, con autismo.
«Pasito a pasito están cada vez más vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. No nos queda otra que salir a la calle, no es algo que a nosotros nos guste pero no hay otra opción», dice.
Médicos residentes del hospital infantil Garrahan, de referencia nacional e internacional, también se sumaron a la protesta en reclamo de mejores ingresos.
Actualmente ganan lo equivalente a 660 dólares mensuales. Pese a que el gobierno anunció el domingo un aumento con el que esperaba poner fin a días de huelgas, los profesionales sostienen que se trata sólo de un bono y mantuvieron el llamado a manifestarse.
«Exigimos que cesen con las amenazas de despidos a los trabajadores y aumenten los salarios», expresó este miércoles en X Rodolfo Aguiar, titular del gremio de empleados estatales, tras una audiencia de negociación fallida con el gobierno.
«Vamos a llevar el conflicto a todos los hospitales del país», advirtió.
El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, dijo la semana pasada que «los médicos deben ganar más pero detrás de esto siempre algún vivo quiere mantener un privilegio», al acusar al hospital de tener más empleados administrativos que médicos.
En la protesta también participaron científicos e investigadores en rechazo a los recortes en el sector y la fuga de cerebros.
También se unieron universitarios, familiares de personas con discapacidad y colectivos feministas, que conmemoran 10 años del movimiento «Ni una menos».
«Como feministas no tenemos que hacer otra cosa más que abrazar esa lucha y llamar a todos los sectores que están siendo afectados a que se sumen», sostuvo Cavallero.
Las protestas semanales de jubilados se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.
Los jubilados con el ingreso mínimo reciben el equivalente a 300 dólares mensuales, justo en el límite de la pobreza.
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