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Mientras las autoridades educativas del Estado de Chihuahua intentan mantener una imagen de estabilidad institucional, en las aulas de la Secundaria Estatal 3101 se vive una realidad completamente distinta. Lo que empezó como una serie de inconformidades, hoy se perfila como una verdadera crisis escolar que podría estallar en cualquier momento.
Padres, madres, docentes y estudiantes están al límite. La situación con los directivos del plantel ha rebasado todos los márgenes del diálogo y la paciencia. La comunidad educativa está considerando tomar la escuela como medida de presión, un acto extremo pero que revela el nivel de desesperación que se vive día con día dentro del plantel.
No se trata de un capricho ni de una protesta sin fundamentos. Las denuncias contra la dirección incluyen presuntos actos de mala gestión, falta de sensibilidad hacia las necesidades del alumnado, y decisiones arbitrarias que han afectado tanto el clima laboral como el ambiente escolar. Lo más preocupante: la Secretaría de Educación y Deporte del Estado está al tanto… y ha hecho poco o nada al respecto.
¿Cuánto más tiene que deteriorarse el tejido escolar para que las autoridades actúen con firmeza? ¿Cuántas voces deben alzarse para que el sistema escuche? En lugar de dar respuestas, parecen estar apostando al desgaste, a que el enojo se apague solo, a que el ciclo escolar avance como si nada pasara.
Pero lo que ocurre en la Secundaria Estatal 3101 es un síntoma de algo más profundo: la desconexión entre las autoridades educativas y las realidades que se viven en las escuelas públicas. No se puede gobernar la educación desde escritorios con aire acondicionado mientras la comunidad lucha por ser escuchada.
Si no se atienden las demandas legítimas de la comunidad escolar, lo que hoy es una advertencia, mañana puede ser una noticia de portada. Y si eso ocurre, será responsabilidad directa de quienes, pudiendo actuar a tiempo, decidieron mirar hacia otro lado.
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En el Senado de la República, los reflectores se han posado sobre la creciente cercanía entre el senador morenista por Juárez, Juan Carlos Loera, y Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano. Esta relación ha generado murmullos, especialmente porque las encuestas internas de Morena para las candidaturas de 2027 han relegado a Loera al tercer puesto, superado por Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez. En este contexto, ha trascendido que Colosio Riojas habría extendido una oferta tentadora a Loera: si Morena no lo postula como candidato a la gubernatura, las puertas de Movimiento Ciudadano estarían abiertas para él. Lejos de rechazarla, Loera parece haber recibido la propuesta con interés, lo que ha avivado las especulaciones sobre su futuro político.
Mientras tanto, en Morena, la carrera por las candidaturas ya está en ebullición. Figuras como Cruz Pérez Cuéllar, Adriana Montiel junto a Mayra Chávez, y Andrea Chávez se posicionan con fuerza. Sin embargo, el panorama se complica para Loera y Chávez debido a tensiones internas, como el reciente revés de Claudia Sheinbaum contra Chávez y la incertidumbre que rodea a Adán Augusto López, mentor político de ambos, tras la detención de su exjefe de policía. Además, un supuesto pacto entre Loera y Chávez —donde ella iría por la gubernatura y él por la alcaldía de Juárez— parece tambalearse. ¿Será que Loera, ante un posible naufragio en Morena, opte por el camino naranja de MC? El tiempo dirá cómo se reconfiguran estas alianzas en el tablero político.
La situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha llegado a un punto crítico que deja a los derechohabientes sumidos en la frustración. Usuarios reportan que incluso los procedimientos más básicos, como una simple consulta dental, se han vuelto imposibles de realizar. Una ciudadana de la capital, asidua a la Clínica 44, compartió su indignación tras varias visitas infructuosas al dentista, donde no pudieron siquiera tratarle caries o realizar empastes por la falta de materiales esenciales. Esta precariedad pone en entredicho la función del IMSS: ¿es su propósito atender a la población o dejarla en un limbo de promesas vacías? La calidad del servicio, comparada con estándares médicos de países como Dinamarca, evidencia un abismo que genera más dudas que respuestas.
El descontento no termina ahí. Mientras el IMSS parece incapaz de cumplir con su mandato de brindar atención digna, su eficiencia para exigir el pago de cuotas a los empresarios es incuestionable. Este contraste pone en evidencia un sistema descompuesto, donde la prioridad parece estar en la recaudación y no en el bienestar de los ciudadanos. La crisis en el IMSS refleja un caos más amplio en la gestión del gobierno federal, incapaz de garantizar servicios básicos a quienes dependen de esta institución. La pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirán los derechohabientes enfrentando un sistema que les falla en lo más elemental?
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