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En el trasfondo turbio de la justicia local, el nombre del recién jubilado juez Aram Delgado emerge con pesarosa resonancia. Enfrentando acusaciones por delitos contra la impartición de justicia, se especula sobre una próxima audiencia que podría sacudir los cimientos del Poder Judicial estatal. Mientras la magistrada presidenta Myriam Hernández y las altas esferas del estado manejan el caso con discreción, no tanto por proteger al implicado como por evitar el peligroso reconocimiento de la corrupción judicial. Este escenario intensifica el debate sobre la propuesta de López Obrador y Sheinbaum de reformar los procesos de selección judicial, proponiendo una mayor transparencia y escrutinio público.
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Este episodio deja al descubierto la fragilidad de nuestra justicia y la urgente necesidad de reformas estructurales que no solo castiguen a los infractores, sino que también reparen la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En un movimiento que resuena con el tradicionalismo de los sindicatos, la Sección 8 del SNTE ha mostrado una vez más su «habilidad» para tejer alianzas estratégicas que, aunque presentadas como beneficiosas para la educación y sus afiliados, parecen seguir el patrón clásico de extracción de recursos y favores. La reciente reunión entre el recién designado Encargado de despacho, Lic. Roberto Fierro, y el líder sindical Prof. Eduardo Zendejas, en la «Sala de Juntas 1943», subraya esta dinámica, donde se discuten temas como la Declaración Patrimonial y de Intereses bajo el velo de la transparencia, mientras se consolidan vínculos que podrían perpetuar prácticas cuestionables.
Los objetivos proclamados de estas reuniones parecen loables, centrados en la asesoría y jornadas informativas para los trabajadores de la educación, pero no se puede ignorar la constante búsqueda de influencia y recursos por parte de los sindicatos en cualquier administración gubernamental. La colaboración entre el sindicato y las autoridades gubernamentales, encabezadas por el Secretario de Educación Francisco Gutiérrez, podría representar un avance en las relaciones institucionales, pero también plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estas alianzas y sus implicaciones para la gestión pública y la rendición de cuentas en el sector educativo.
Ya salieron los peines en cuanto a la alza en homicidios en la capital, donde los que ya voltearon a otro lado ha sido la Guardia Nacional, autoridades susténtese en más de dos mesas regionales de seguridad, en que supuestamente, andaban ocupados en patrullaje.
Es así que traen muy enojados al fiscal Jáuregui, a Gil Loya de la SSPE y al mismo comisario Salas, que les urge tener estrategia, pero para nada va a servir que apoyen más elementos de la GN, si harán oídos sordos y pecarán de ceguera.
Muchos de los allegados a los altos mandos de las corporaciones, están más que hartos de que mientras parece que todo se compone y se agrupan, los federales hacen lo que quieren y nomas se pasean.
Según se ha dicho, están a la espera que en unos meses, tome protesta la doctora Sheinbaum en la silla presidencial de México, para que ponga orden y los de la Guardia hagan la chamba, porque tal parece que la consigna desde el centro del país, es no actuar contra nadie de las bandas y que se hagan garras los estados no alineados con el morenismo.
Cuando parecía que todo se había calmado en la UACH con la situación de los estudiantes que se ampararon para no pagar inscripción, ahora llega un nuevo reto para Luis Rivera Campos, pero un poco más complicado.
Resulta que parte del Colectivo LGBT que tuvo su marcha el fin de semana, entre uno de los temas que trataron es la discriminación en la universidad, donde algunos pidieron que se haga algo porque aparentemente no fueron aceptados en algunas de las carreras por su orientación sexual.
Bien emporedados, parece que se viene otra manifestación en las puertas de Rectoría, pero será poco antes de iniciar clases pero aunque estamos de vacaciones, ya se están preparando y no parece que vaya a ser algo pacifico como dicen.
Esto, si ha pasado a oídos tanto del Consejo como del rector, pero vaya respuesta simple y aberrantemente políticamente correcto: “Tienen derecho a expresarse” y ya.
Tal parece que no aprende, porque si algún aliado tienen estos grupos, son los de MORENA y aprovecharán para volver a crear disturbios que no serán parados por una banderita que pongan en la puerta del edificio.
Según se ha rumorado, las quejas presentadas al movimiento de la diversidad es hacia la Facultad de Derecho, donde igual que todos los demás, hicieron examen y aunque seguirán que todo lo hicieron bien, quedaron fuera y al parecer, todo fue porque alguien dijo a los directivos que son parte del colectivo, razón por la que pedirán justicia por este supuesto acto discriminatorio.
Pues ahí le va otro problemita al rector, que ojalá tome las cosas en serio y no se convierta en un desastre que termine como resultado que el histórico inmueble sea dañado…otra vez.
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