En una visita reciente a la colonia La Galera, afectada por una inundación, el presidente municipal recorrió las calles y grabó un video promocional caminando por los charcos, aprovechando el escenario de una tragedia para por supuesto promocionarse al estilo de un ex alcalde. Aunque algunos vecinos compararon su visita con la de Marco Quezada en Punta Oriente, quien se metió al agua para ayudar, el presidente municipal actual se llevó un perrito llamado Copito, que pertenecía a una familia de la colonia.
La familia está extrañando a Copito y espera que se le esté dando un buen trato, ya que el perrito tenía algunos padecimientos y estaba bajo tratamiento. La situación ha generado expectativa sobre si el presidente municipal seguirá el ejemplo de Andrea Chávez, quien también se llevó un perro en Ciudad Juárez, y si aplicará la misma atención y cuidado a Copito.
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En la sesión más reciente, la palabra pesó más que la mayoría. Jorge Soto, con el temple de tribuno y el colmillo de operador, aprovechó el debate sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell para dar una clase de contraste político. Su intervención —directa, crítica y con apuntes personales— provocó un silencio incómodo en la bancada de Morena, particularmente entre diputadas que, ante las alusiones, prefirieron el mutismo estratégico antes que responder y agrandar el golpe.
La escena retrató bien lo que falta en el Congreso: argumentos, no consignas; debate, no aplausos. Soto no solo cuestionó la idoneidad del nombramiento internacional, también desnudó la incongruencia de quienes antes criticaban a Calderón y ahora celebran a sus exfuncionarios. El episodio dejó en claro que, aún en receso legislativo, hay voces que incomodan más que todo un bloque en mayoría. Y eso, para muchos, empieza a sonar a perfil de futuro.
El juez Apolinar Juárez Castro resolvió que existen elementos suficientes para vincular a proceso a José Luis A. C. y Facundo M. R., por su presunta responsabilidad en los delitos relacionados con la manipulación indebida de restos humanos. Se les señala específicamente por ocultar y conservar ilegalmente cadáveres, acciones que, según el marco legal, podrían acarrear consecuencias severas. Uno de estos delitos está tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, mientras que el otro se encuentra en la Ley General de Salud, la cual contempla castigos que pueden alcanzar hasta los 17 años tras las rejas.
El escándalo ha provocado una fuerte reacción entre la ciudadanía, generando exigencias de justicia y transparencia. En este contexto, el juez también dio luz verde a la petición del Ministerio Público para extender por seis meses más la etapa de investigación, con el objetivo de fortalecer el caso con nuevos elementos probatorios. Las autoridades insisten en que no cesarán hasta esclarecer los hechos y brindar una respuesta firme a las familias que hoy claman por verdad y justicia.
La reciente detención de Abraham Alejandro F., principal sospechoso del asesinato del pequeño Jasiel Giovanni, ha encendido las alarmas sobre una falla grave en los filtros de ingreso a las corporación de la policía municipal. Aunque la Dirección de Seguridad Pública Municipal aclaró que el detenido no formaba parte ni de la academia ni del cuerpo policial activo, el hecho de que intentara incorporarse justo mientras era buscado por su presunta implicación en un crimen atroz deja al descubierto la fragilidad del proceso de reclutamiento. ¿Cómo es posible que un individuo bajo sospecha de homicidio infantil se acercara a las puertas de la policía sin que los mecanismos de control interno lo detectaran antes? Esta omisión debe encender focos rojos sobre los exámenes psicométricos y de evaluación de perfiles, que hoy más que nunca, demuestran no ser los adecuados para frenar el ingreso de potenciales agresores a las filas policiales.
Es urgente revisar a fondo los protocolos de selección dentro de las fuerzas municipales, no sólo por seguridad institucional, sino por el deber moral que tiene el Estado de evitar que personajes con posibles antecedentes violentos accedan a posiciones de poder o autoridad. La tragedia de Jasiel Giovanni, que según la Fiscalía nunca estuvo realmente desaparecido, sino retenido por quien debía protegerlo, pone de frente la necesidad de cuestionar con rigor los mecanismos de prevención del delito desde el origen. No basta con que el sospechoso no fuera policía aún; el hecho de que pudiera haberse convertido en uno sin que el sistema lo identificara como un riesgo es, en sí mismo, una falla institucional que no puede repetirse.
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