Jorge Fernández Menéndez
Donald Trump pidió a sus asesores planes para “atacar” México en caso de ser elegido presidente, mientras que el senador Lindsey Graham presentó formalmente su iniciativa para declarar terroristas a nueve organizaciones criminales mexicanas. Las dos cosas son inviables, pero siguen aumentando el clima antimexicano en sectores sociales conservadores en Estados Unidos.
En la Unión Americana ha quedado muy en claro que, de la misma forma que en la campaña de Trump el tema fue el muro con México, ahora serán la seguridad y sobre todo el tráfico de fentanilo (altamente sensible en una sociedad que sufre 120 mil muertos al año por sobredosis, una epidemia socialmente más costosa que las de crack o el sida en los años 80 y 90), los capítulos centrales de campaña de la derecha republicana, acompañada en ocasiones por algunos personajes del partido demócrata, que no quieren quedar fuera de esa carrera.
Más allá de la base auténtica de esas denuncias (sería absurdo negar, como a veces se intenta hacer, la magnitud del tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos), en Estados Unidos tampoco se termina de establecer una verdadera estrategia de combate al narcotráfico local.
Año con año la DEA publica un informe con la influencia de los cárteles dentro de los Estados Unidos. Casi siempre son mexicanos, en casi todo el país se muestran células de distintas organizaciones, incluso de algunas ya debilitadas en México, como los Zetas o los Beltrán Leyva.
Hay cientos de miles de detenidos en Estados Unidos relacionados con temas de drogas, incluso esa es una de las mayores críticas al sistema judicial y penal de la Unión Americana: la ley es dispareja, entre lo federal y lo local, hay detenidos que trafican y otros que simplemente consumen, simultáneamente se penaliza en forma extrema y se liberaliza en un juego de administración del tráfico y el consumo que parte de la base de que hay unos 30 millones de consumidores habituales de alguna droga, que tampoco se pueden quedar sin suministro. En estos días se liberalizó la venta de un poderoso opiode, la marca comercial es Narcan, con la idea, que no es mala, de hacer accesible el consumo del mismo en forma regulada y controlada para que no haya tantos consumidores que ante las restricciones han recurrido al fentanilo ilegal, mucho más letal, aumentando así el número de muerte por sobredosis.
Pero regresemos al informe y mapa de la DEA. Si están localizadas las células y la operación, ¿por qué no existe una estrategia para desarticularlas?. La DEA cuando informó la semana pasada que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son la mayor amenaza para la sociedad estadounidense, también anunció que desde septiembre pasado se han formado fuerzas especiales para combatir a estas organizaciones criminales. Y me parece muy bien. Pero resulta que según su informe esos grupos de origen mexicano operan, en 45 de los 50 estado de la Unión Americana. Sin duda hay que atacarlos en el ámbito de la producción y el tráfico que proviene de México, pero ¿por qué no atacarlos en su territorio, en el de la oferta directa, dentro de los propios Estados Unidos? ¿por qué casi nunca sabemos de grandes redes destruidas?.
Hace muchos años, en el gobierno de Clinton, el entonces zar antidrogas de los Estados Unidos, el general Barry Mac Caffrey, cuando le preguntaba eso mismo, me decía que en cuanto la droga entraba a su país se “pulverizaba” en numerosas células de vendedores. El efecto final puede ser ese, pero ninguna lógica de distribución para un mercado de millones de consumidores se puede asentar en ese razonamiento. Hoy siguen diciendo lo mismo. Quizás porque, como dicen algunos funcionarios de la cancillería mexicana, eso significaría que tampoco tienen pleno control de su territorio.
No hay respuestas unilaterales si se buscan soluciones reales a un problema global, y el tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado lo son. El problema es que en muy pocas ocasiones hemos podido alinear intereses y estrategias con Estados Unidos y que, en muchas otras, a ambos lados de la frontera, el discurso ideológico de corto plazo y los intereses políticos de coyuntura se imponen a las exigencias de la realidad.
Cocaína
De acuerdo con el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción y el tráfico de cocaína se disparó drásticamente en los dos últimos años.
La hoja de coca se genera exclusivamente en los países andinos de América del Sur: en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Allí se transforma en cocaína y se envía a todo el mundo. Venezuela ha asumido un rol central en ese proceso de tráfico y distribución. Los cinco países viven una situación de inestabilidad política y en casi todos ellos se da, oficial o tácitamente, una suerte de situación de acuerdo o parálisis en la lucha contra los productores de coca. En Colombia, el gobierno de Petro incluso está negociando un acuerdo de paz con grupos armados y criminales, pero, como consecuencia del mismo, durante todo el último año se han detenido las tareas de erradicación. En Colombia, Ecuador y Perú, la presencia del CJNG y del CDS ha crecido significativamente, y han pasado de ser receptores y distribuidores de cocaína a asociarse con organizaciones nacionales para controlar también partes de la producción.
Con un punto adicional, cada vez más los traficantes están utilizando más la mezcla, altamente adictiva y letal, de cocaína con fentanilo. Saque usted sus propias conclusiones.
PD: nos tomaremos unos días de descanso, estas razones estará con ustedes nuevamente l lunes 10 de abril.
Jorge Fernández Menéndez
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