POR CARLOS JARAMILLO VELA
La ideologización de la política económica del país.
El conflicto suscitado en torno al TMEC (Tratado de Comercio México-Estados
Unidos –Canadá) y que ha despertado las acciones legales de Canadá y Estados
Unidos contra México, debido al incumplimiento de dicho tratado por parte de este
último, era realmente innecesario. México se encuentra desde hace varios años,
en virtud de la reforma energética aprobada en el año 2013, en un régimen de
apertura a la inversión y la competencia privadas (nacional y extranjera) en la
generación de energía eléctrica. Por tal razón, las empresas mexicanas y
extranjeras que tengan interés en invertir en proyectos de infraestructura
destinados a la producción de electricidad por medios naturales como fotoceldas
solares o hélices eólicas, pueden hacerlo.
De hecho, a raíz de tal apertura varios consorcios privados comenzaron a realizar
en nuestro país cuantiosas inversiones para la generación de energías
renovables, mismas que se han visto truncadas y amenazadas debido a una
errónea e ilegal decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
al dar prioridad monopólica a la Comisión Federal de Electricidad y ordenar la
cancelación de los proyectos respectivos. Es preciso observar que el TMEC
firmado entre los tres países y ratificado por el senado de México es de carácter
obligatorio y tiene el mismo rango jurídico que las normas de la Constitución
Mexicana, por el hecho de haber sido aprobado por nuestra nación, ya que así lo
estatuye el texto constitucional en su artículo 133, cuyo texto reza “Artículo 133.
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.
Bajo tal tesitura, es evidente que el presidente López Obrador comete una seria
transgresión jurídica al violar lo que la Constitución lo obliga a respetar, y a la vez
incurre en incumplimiento de su deber ético-político. Asimismo resulta obvio que
México será el perdedor ante la protesta desplegada por Estados Unidos y
Canadá, así como frente al correspondiente trámite administrativo-legal que ya
han comenzado a gestionar estos países para someter a un arbitraje el
mencionado diferendo. Evidentemente México será derrotado y por lo tanto
perdedor en esta inútil y absurda contienda basada en consideraciones
ideológicas pero carente de argumentos económicos, lógicos, racionales o
jurídicos.
Entre los resultados adversos del revés que se aproxima para México se pueden
mencionar al menos tres, de graves consecuencias económicas y políticas para
nuestra nación en el corto y el mediano plazos; a) La imposición de sanciones
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consistentes en la aplicación de aranceles a los productos exportados por México
hacia Estados Unidos y Canadá; b) La disminución de la calificación crediticia
internacional de México, al incrementarse el índice riesgo –país; y c) el descrédito
de México en el escenario internacional, así como la desconfianza de los
gobiernos y empresas de otros países para establecer acuerdos y negociaciones
con el nuestro. México se halla en un complicado escenario de incertidumbre
jurídico-política a raíz de la violación caprichosa de las reglas originada
simplemente por motivos ideológicos. Resulta innegable el amenazante panorama
que México empieza a enfrentar como consecuencia de la ideologización de la
política económica, que el presidente López Obrador se ha propuesto realizar a
ultranza.
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