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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma constitucional para combatir la extorsión, la cual empezará a analizarse la próxima semana en comisiones de la Cámara de Diputados.

La enmienda constitucional faculta a las cámaras de Diputados y de Senadores a expedir una ley general sobre extorsión que homologue el tipo penal y las penas que deben aplicarse cuando se comete este ilícito, dada la diversidad de sanciones que existen en los códigos penales locales.

También se busca clasificar a la extorsión como un delito de alto impacto que supere los 12 años de prisión y los 600 mil pesos de multa, es decir por arriba del promedio que establecen los códigos penales estatales.

«Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”, dice la iniciativa presidencial.

Modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para quedar de la manera siguiente:

“El Congreso tiene la facultad para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.

Apunta que la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en lo individual, sino también en forma colectiva.

A la vez, la extorsión se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas.

Agrega que la delincuencia organizada incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan.

De esta forma, añade, los grupos delictivos “emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”.

La iniciativa reconoce que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad, que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 amenazas, mientras que en enero de 2025 se tuvo un promedio de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.

Expone que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de este ilícito en 2024 y en enero de 2025, solo el primero acumuló el 33.1 por ciento.

En los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para emitir la ley secundaria en esta materia.