Enrique Quintana
Si no se toman las decisiones adecuadas, México podría enfrentar una crisis fiscal que implicaría una degradación de la calificación de la deuda soberana en 2025, en el primer año de la nueva administración.
Las tres grandes calificadoras, Moody’s, Fitch y S&P, casi seguramente no cambiarán la nota de la deuda soberana en esta administración, salvo que algo muy grave ocurriera.
Consideran que el gobierno de López Obrador va a hacer todo cuanto sea necesario para mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
Pero no va a ser lo mismo con un nuevo gobierno.
No se necesita ser un experto para saber que una nueva administración, del signo que sea, va a afrontar presiones sobre el gasto público.
Por una parte, estarán las inercias derivadas de los gastos sociales que ya han quedado plasmados en ley, como la pensión para adultos mayores. Las estimaciones oficiales indican que para este programa se necesitarán 439 mil millones de pesos el próximo año, 100 mil millones más que en 2023 y para 2025 seguramente estaremos arriba de 500 mil millones de pesos de gasto anual.
Otra presión sobre el gasto derivará de la necesidad de concluir algunas obras de infraestructura que no van a quedar listas en este gobierno, como el Tren Maya o el Transístmico, a pesar de que vayan a inaugurarse.
Una muy importante presión sobre el gasto derivará de la necesidad de financiar las promesas de campañas que van a hacerse.
Por ejemplo, Claudia Sheinbaum ya prometió 300 mil millones de pesos más de gasto para la infancia. En una elección competida, habrá la tentación de hacer ofertas que implican desembolsos del gasto público.
No le extrañe que las presiones fiscales adicionales superen el billón de pesos.
El crecimiento de los ingresos tributarios sin una reforma no tiene manera de financiar este gasto creciente.
Las optimistas estimaciones oficiales para 2024 indican que los ingresos tributarios alcanzarían el 15.3 por ciento del PIB, solo medio punto por arriba del estimado para 2023, lo que implica un crecimiento real del 5.5 por ciento.
Si la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros para 2025 fuera semejante, no habría manera de completar los recursos requeridos.
A mi parecer, se necesitarían tres acciones desde el año 2025 para evitar una crisis fiscal.
1-Una reforma fiscal que incremente los ingresos tributarios como proporción del PIB.
Ya le hemos comentado que, por ejemplo, la visión de Claudia Sheinbaum, que señala que no ve necesaria una reforma fiscal, no se sostiene. Sería necesario revisar tasas fiscales en el ISR y la base en el caso del IVA. Pero, además, un nuevo pacto fiscal federal para hacer que estados y municipios realmente recauden y no solo estiren la mano para recoger sus participaciones y aportaciones.
2-Una nueva política de deuda pública.
México tiene un margen razonable de endeudamiento adicional, que, en el contexto esperado de menores tasas de interés, debiera aprovechar para apalancar un mayor gasto público en rubros esenciales, como salud, educación o seguridad. No es imposible que al término de la siguiente administración tengamos una deuda del 60 por ciento del PIB, que, si se acompaña de medidas fiscales inteligentes, no implique una degradación de nuestra calificación.
3-Una reestructura del gasto público sobre la base de darle más entrada al sector privado.
Si se mantiene la estructura de gasto que tenemos hoy no va a haber impuestos o deuda que alcancen. Se requiere cambiar la lógica del gasto para que los fondos alcancen. Por ejemplo, la CFE debiera dejar de invertir ya en generación, y por lo mismo, tendría que ser el sector privado quien lo hiciera para que la empresa estatal invirtiera en transmisión, que ya es un cuello de botella. O bien, debieran reanudarse las subastas de campos de hidrocarburos para que Pemex ya no invirtiera en producción, sino que lo hiciera el sector privado.
La aportación inútil de más de 700 mil millones de pesos a Pemex en esta administración podría haberse ahorrado.
En suma, hay manera de mantener las finanzas públicas a flote en los siguientes años, pero se requieren decisiones que implican costos políticos y transparencia para poder justificar los mayores impuestos que será necesario aplicar.