El martes 4 de agosto, en Parral, la gobernadora Maru Campos entregó uniformes, patrullas y cuatrimotos a las policías municipales de varios municipios del sur, entre ellos Guadalupe y Calvo. Para sorpresa de nadie, la alcaldesa Ana Laura González no estuvo.
Según el video que publicó en las redes del Ayuntamiento, la edil justificó su ausencia con argumentos de agenda. Pero en el contexto de su gestión, esa falta pesa más que cualquier explicación.
Guadalupe y Calvo arrastra una larga lista de señalamientos bajo su administración: videos de funcionarias que disparan armas de uso exclusivo del Ejército en Año Nuevo; acusaciones de que la propia alcaldesa no reside de manera permanente en el municipio; denuncias por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos admitidas por el Instituto Estatal Electoral; y, sobre todo, la reiterada crítica de que no ha facilitado la instalación del Subcentro Centinela ni ha colaborado de forma efectiva con el gobierno estatal en materia de seguridad.
Mientras el municipio sigue siendo escenario de enfrentamientos, desplazamientos forzados y terror comunitario, la imagen de una alcaldesa ausente de los actos de coordinación y entrega de equipo refuerza la percepción de lejanía.
La administración municipal de Salvador «Chava» Calderón en Parral sigue enviando señales de desgaste interno. La salida del responsable de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores no es un movimiento cualquiera, sino el funcionario número 31 que abandona el Ayuntamiento en menos de dos años. El relevo de Víctor Espinoza Alanís por Jaquelin Sánchez Herrera llega, además, después de que la oficina permaneciera cerrada cerca de un mes, provocando inconformidad entre los ciudadanos y alimentando versiones sobre una posible pérdida o reubicación de la ventanilla de pasaportes. Aunque las autoridades no han explicado las razones del cambio, el silencio solo incrementa las dudas.
Cuando una administración registra más de treinta movimientos en puestos clave, el problema deja de ser un asunto de ajustes normales y comienza a reflejar una falta de estabilidad en la conducción del gobierno. La continuidad de los proyectos se rompe, la atención al ciudadano se resiente y la percepción pública apunta a que algo no está funcionando puertas adentro. En Parral, la pregunta ya no es quién será el siguiente en salir, sino qué está ocurriendo al interior del Gobierno Municipal para que la rotación de funcionarios se haya convertido en una constante que amenaza con desgastar la credibilidad de la administración de Chava Calderón.
Pareciera que Parral se ha convertido en un escenario permanente de la política estatal. En la reciente visita de funcionarios del Gobierno del Estado, más de uno observó a Salvador «Chava» Calderón relajado, apapachado y cobijado por la presencia de los altos mandos, como si ese respaldo bastara para disipar cualquier cuestionamiento. Sin embargo, la imagen política no cambia la realidad. Vale la pena recordar las declaraciones del fiscal Anticorrupción, Abelardo «el juaritos Valénzuela», quien reconoció que existen alcaldes bajo análisis e investigación por presuntas irregularidades. Y como reza el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Entre esos presidentes municipales, aseguran diversas versiones, figura el nombre del alcalde parralense.
La presencia de funcionarios estatales en Parral no representa un certificado de inocencia ni cancela las investigaciones que pudieran estar en curso. Los señalamientos sobre el manejo del Ayuntamiento siguen presentes: constantes cambios de funcionarios cuando dejan de ser convenientes, la entrega pública de motocicletas en actos que generaron polémica y las versiones de que el propio alcalde concentra las decisiones sobre compras y la designación de proveedores. Al final, los gestos políticos pueden servir para la fotografía, pero serán las investigaciones y los resultados de las autoridades los que determinen si existe o no responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del municipio.
A veces es mejor quedarse callado; es ahí cuando la defensa de Hugo González, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Morena, terminó consiguiendo exactamente lo contrario de lo que buscaba: lejos de disipar las dudas sobre la llamada «Ley Censura», las hizo todavía más grandes. Cuando un funcionario necesita explicar una y otra vez que una reforma «no censura», que «no sanciona» y que «no busca controlar contenidos», el problema ya no es la crítica de la oposición; el problema es la enorme desconfianza que provoca el propio texto. Las leyes bien hechas se entienden solas. Las ambiguas necesitan voceros.
La coincidencia política tampoco ayuda. La iniciativa aparece justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un desgaste en su popularidad y la confrontación con los medios de comunicación escala prácticamente semana tras semana. Es imposible pedirle a la sociedad que ignore el contexto. Cuando un gobierno mantiene una narrativa constante contra periodistas y medios críticos, y después impulsa una regulación sobre la actividad informativa, la sospecha deja de ser paranoia para convertirse en una consecuencia natural.
Pero quizá el mayor tropiezo de Hugo González fue intentar convertir la libertad de prensa en un asunto ideológico. Decir que «la derecha se acostumbró a los privilegios» equivale a reducir un derecho constitucional a una etiqueta partidista. La prensa libre no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a la democracia. Hay medios conservadores, progresistas, liberales e independientes. Lo que protege la Constitución no son las simpatías editoriales, sino el derecho de todos a informar y a ser informados sin que el poder, del color que sea, decida hasta dónde llega esa libertad.
Nadie discute que las audiencias tengan derechos. Lo inquietante es que el Gobierno parezca presentar esos derechos como si estuvieran por encima de otro igualmente fundamental: la libertad de expresión. Ambos pueden convivir perfectamente. Lo que no puede convivir con una democracia sana son conceptos jurídicos tan amplios que mañana permitan a cualquier administración interpretar la ley a conveniencia. Hoy aseguran que no habrá censura; el problema es que una buena ley no debería obligar a creer en la buena voluntad del gobernante en turno.
Al final, la defensa de Hugo González no fortaleció la iniciativa; la exhibió. Intentó vender certidumbre y terminó confirmando que la reforma depende más de interpretaciones políticas que de certezas jurídicas. Y eso, a las puertas del proceso electoral de 2027, resulta demasiado conveniente para el poder como para no despertar suspicacias. Porque la historia enseña una lección simple: los gobiernos nunca admiten que quieren controlar la narrativa; siempre dicen que únicamente buscan «proteger derechos». Ahí es donde las democracias deberían empezar a preocuparse, no a tranquilizarse.
