La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró indispensable proteger la dignidad de las personas hasta el final de la vida y avanzar en el reconocimiento del derecho a una muerte digna, al señalar que este debate involucra derechos como la salud, los cuidados, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la no discriminación. En su pronunciamiento DGDDH 019/2026, sostuvo que la discusión debe abordarse con apertura y sensibilidad, colocando en el centro la capacidad de las personas para participar en las decisiones médicas relacionadas con su bienestar y calidad de vida.
El organismo señaló que México ya reconoce derechos de las personas en situación terminal, entre ellos recibir un trato digno, cuidados paliativos y tratamiento para el dolor, así como otorgar o negar consentimiento respecto de tratamientos y medicamentos y expresar su voluntad de manera anticipada. La CNDH sostuvo que el debate sobre la muerte digna, la eutanasia o la asistencia médica para morir no debe reducirse a una confrontación entre la defensa de la vida y la libertad, sino considerar también el acceso a la salud, el consentimiento informado y las condiciones en las que las personas enfrentan el final de su vida.
La CNDH planteó que cualquier eventual regulación debe garantizar que las decisiones sean libres e informadas y que no estén condicionadas por pobreza, discriminación, dependencia o falta de atención médica. También consideró necesario mantener y ampliar el acceso a cuidados paliativos, tratamiento del dolor y atención médica, al advertir que la autonomía no debe convertirse en una forma de trasladar a las personas las deficiencias del sistema de salud. En este sentido, destacó la importancia de escuchar a quienes enfrentan enfermedades terminales, a sus familias y a las personas cuidadoras.
Como antecedente, la Comisión recordó la Recomendación 3/2026, relacionada con una persona privada de la libertad con cáncer terminal en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, “CPS Durango”, en la que acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la muerte digna. La CNDH señaló que este caso permite advertir cómo el abandono puede vulnerar la dignidad al final de la vida y reiteró que, cuando ya no es posible curar, permanece la obligación del Estado de atender, aliviar el sufrimiento, proporcionar información oportuna y brindar acompañamiento.
Finalmente, la CNDH consideró que las iniciativas relacionadas con la muerte digna, incluida la denominada Ley Trasciende, representan una oportunidad para ampliar la autonomía humana y avanzar hacia una política pública de salud centrada en las personas. Señaló que una eventual regulación debe establecer requisitos, salvaguardas y mecanismos para garantizar información completa, valoración médica, capacidad para comprender la decisión, ausencia de coerción y posibilidad de reconsiderarla, además de proteger a personas mayores, con discapacidad o que requieren apoyos intensos. El organismo llamó a continuar la discusión pública y legislativa para incorporar tanto el derecho a una vida digna hasta el final como el derecho a una muerte digna.
