Ahora resulta que la culpa de que una estructura del Día de Muertos cayera sobre cinco personas, entre ellas dos niñas y tres mujeres, fue de la empresa que contrató el Municipio. ¡Qué conveniente! Ya apareció el villano perfecto para que la administración municipal se sacuda el polvo y se quite de encima la responsabilidad. Pero hay un pequeño detalle: ¿dónde estaban los inspectores de Protección Civil mientras instalaban el adorno frente a la Presidencia Municipal?
Iván Rivera Macías, coordinador de Protección Civil, tendrá que explicar qué revisó su personal y cómo permitió que una estructura estuviera sujeta a una carpa, cuando esa instalación no debía hacerse así. ¿Para eso están los inspectores, para pasearse, mirar de lejos y confiar en que todo está bien? Porque si la supervisión hubiera sido tan minuciosa como ahora quieren hacer parecer, quizá no estaríamos hablando de cinco personas lesionadas.
La empresa debe responder por una instalación deficiente, nadie lo discute. Pero el Municipio también tiene la obligación de vigilar lo que coloca en espacios públicos, especialmente cuando por ahí transitan familias y niños. No se trata de contratar a un proveedor, ponerle un moño al expediente y lavarse las manos. Protección Civil no está para llegar después del accidente, tomar fotografías y descubrir lo que debió detectar antes. ¡Eso no es prevención, es servicio de investigación de daños!
Así que menos explicaciones para aventarle toda la responsabilidad al contratista y más respuestas de Iván Rivera. ¿Qué revisaron sus inspectores?, ¿qué condiciones autorizaron?, ¿quién supervisó la instalación? Porque si la empresa hizo mal su trabajo, habrá que sancionarla; pero si los inspectores municipales hicieron una revisión a medias, también alguien debe hacerse responsable. De lo contrario, la dependencia terminará siendo muy buena para revisar los escombros, pero bastante mala para evitar que caigan sobre la gente.
Por lo visto, cuando no alcanza la silla, aparece la lupa; y cuando no llega el nombramiento, cualquier movimiento ajeno parece sospechoso.
A Juan Carlos Loera le salió el modo fiscalizador justo cuando Morena empezó a repartir las cartas rumbo al 2027. El senador, que ahora advierte posibles irregularidades dentro de su propio movimiento y hasta le pide a Cruz Pérez Cuéllar vigilar la participación de trabajadores de Bienestar en actos partidistas, parece haber descubierto de pronto que en política también hay reglas. Qué oportuno.
Loera habla de escrupulosidad, de convicciones y hasta de posibles delitos electorales. Todo muy solemne, muy institucional, muy de quien se pone la toga para revisar la conducta de los demás. Pero la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿le preocupa realmente la legalidad del proceso o le pesa que esta vez no le tocara una rebanada del pastel?
Porque el espectáculo tiene algo de tragicomedia. El hombre que durante años se movió en las entrañas del poder morenista ahora parece mirar desde la banqueta cómo otros avanzan. Y desde ahí, cualquier decisión de la dirigencia se convierte en motivo para levantar la voz. No hay cargo que consuele, no hay espacio que alcance y, al parecer, tampoco hay silencio que dure.
La política tiene esas ironías: quienes antes defendían el proyecto con entusiasmo pueden convertirse en sus críticos más estridentes cuando el reparto no les favorece. De pronto, el movimiento ya no es tan perfecto; los procedimientos ya no son tan transparentes y los compañeros de ayer deben pasar por el detector de sospechas. Todo porque el hueso, ese objeto tan codiciado en la fauna partidista, se fue a otra mesa.
Eso sí, si Loera tiene pruebas concretas de irregularidades, que las presente ante las instancias correspondientes. Las acusaciones no se vuelven ciertas por repetirlas en redes, ni la legalidad se defiende con puro berrinche. Pero si lo suyo es solamente el pataleo de quien se quedó fuera de la foto, entonces el mensaje termina siendo otro: más que una denuncia, parece una rabieta con membrete.
Y así, mientras Morena se prepara para el 2027, Loera corre el riesgo de quedarse atrapado en el papel más triste de la política: el del que no consiguió silla, pero todavía quiere dirigir la mesa. Mucho ruido, mucha advertencia y una pregunta que no se quita de encima: ¿es por la democracia o porque esta vez no le tocó hueso?
La situación en las comunidades de Los Otates de Abajo y Huerta de los Carrillos, en Guadalupe y Calvo, comienza a reflejar el drama que enfrentan familias que hoy viven entre el miedo y la incertidumbre. Habitantes denunciaron presuntas amenazas de grupos del crimen organizado y hechos violentos que, aseguran, han vuelto insostenible su permanencia en sus hogares.
Lo preocupante es que entre los afectados hay niños y adultos mayores, quienes también padecen las consecuencias de la violencia. Los pobladores reportan viviendas afectadas y reconocen que están considerando abandonar sus comunidades para ponerse a salvo; sin embargo, no pueden hacerlo sin acompañamiento, protección y garantías de seguridad durante el traslado.
Aquí la pregunta es dónde están las autoridades de los tres niveles de gobierno y cuánto tiempo más tendrán que esperar estas familias para recibir ayuda. Los habitantes no quieren abandonar sus casas ni sus tierras, pero ante el temor de que la situación empeore, están pidiendo una intervención urgente. Porque cuando una familia tiene que pensar en dejarlo todo para salvar su vida, el problema ya rebasó cualquier discurso de seguridad.