El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su próxima visita a los límites de Chihuahua y Sinaloa, donde tiene previsto inaugurar la carretera Guadalupe y Calvo-Badiraguato. Esta obra pública ha sido objeto de atención especial por parte del presidente, y su visita se espera para octubre. Durante su anuncio, López Obrador recordó con humor que en ese camino fue abordado por la madre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien le entregó una carta. Sin embargo, a nivel local, no se tiene información precisa sobre la fecha de entrega de este tramo.
Por otro lado, la última visita presidencial a la región de Urique, en Chihuahua, fue pospuesta en varias ocasiones, y finalmente se canceló debido al asesinato de sacerdotes jesuitas en Cerocahui. Aunque se implementaron operativos de la Guardia Nacional y la Marina para detener a líderes criminales en la región, como «El Chueco,» la visita presidencial nunca tuvo lugar en Urique. López Obrador parece centrar su atención en Badiraguato, enclavado en el «triángulo dorado» de las drogas, mientras evita otros puntos de la sierra que podrían ser hostiles o incómodos para su visita.
Los diputados de Morena en Chihuahua han desatado una serie de acciones llamativas en su búsqueda de poner al gobierno estatal en una posición comprometedora. Encabezados por el coordinador Cuauhtémoc Estrada, llevaron 100 mil firmas a la puerta de Palacio de Gobierno, exigiendo la entrega de libros de texto a los estudiantes. Sin embargo, estas acciones parecen más un espectáculo de relumbrón que una estrategia efectiva, ya que la distribución de los libros de texto está detenida debido a una suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar, un proceso iniciado por el Estado. Las firmas, aunque puedan no ser reales, no pueden cambiar esta situación, y los diputados parecen estar aprovechando la falta de conocimiento de algunos ciudadanos sobre cuestiones legales para poner al gobierno en una posición negativa.
Es importante señalar que las acciones de los legisladores parecen más destinadas a desacreditar a la administración estatal que a abordar el problema de la distribución de libros de texto. La falta de transparencia en el proceso de recolección de firmas y la súbita aparición de 100 mil de ellas plantean dudas sobre la legitimidad de esta campaña.
La detención de Javier Arturo R. B., un abogado acusado de haber torturado a su pareja durante siete días en Chihuahua, ha generado conmoción, ya que se ha revelado que es empleado del Congreso del Estado y ejerce como asesor técnico para el diputado Óscar Daniel Avitia de la bancada de Morena. La Unidad de Transparencia del Poder Legislativo confirmó que Javier Arturo R. B. ostenta el cargo de «Asesor Técnico 3» y que sus responsabilidades incluyen proporcionar información al mencionado congresista. Estos detalles se encuentran registrados en la página oficial del Congreso, y se ha señalado que ingresó a la nómina legislativa en septiembre de 2021.
La noticia de la detención de un empleado del Congreso en relación con tales acusaciones ha levantado interrogantes sobre los procedimientos de selección de personal y la supervisión en la institución legislativa. Además, subraya la importancia de garantizar que los servidores públicos cumplan con altos estándares éticos y legales en su conducta personal y profesional.