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La decisión de trasladar las Salas Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Parral a la ciudad de Chihuahua comenzó a generar un frente común que difícilmente podrá ser ignorado. Empresarios, abogados y representantes de distintos sectores coinciden en un punto: una determinación de esa magnitud no puede tomarse desde un escritorio sin antes escuchar a quienes diariamente utilizan y sostienen el sistema de justicia en la región. La molestia no es únicamente por el cambio de sede, sino por la percepción de que la centralización vuelve a imponerse sobre las necesidades de las comunidades fuera de la capital. La petición de reunirse con la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval refleja que aún existe la intención de abrir el diálogo, aunque el descontento ya está sobre la mesa.
El reclamo cobra mayor fuerza porque, según los propios litigantes y el sector empresarial, la medida fue aprobada sin consulta y justo antes del periodo vacacional del Poder Judicial, dejando la impresión de que se buscó evitar el debate público. Desde Parral advierten que mantener a los magistrados en la región no es un simple asunto administrativo, sino una garantía de cercanía con los ciudadanos y de una justicia más accesible. Además, la preocupación va más allá de este caso, pues existe el temor de que la concentración de las Salas en Chihuahua se convierta en un precedente para absorber también las funciones de otras regiones, debilitando la presencia institucional del Poder Judicial en el resto del estado.
Hay una vieja regla no escrita en la política mexicana: cuando los de arriba se pelean, los de abajo aprovechan para levantar la mano. El problema es cuando la mano viene vacía.
Eso parece estar ocurriendo en Morena Chihuahua, donde ese grupo conocido como «Los de Abajo» decidió que ya estuvo bueno de contemplar la pelea entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. Dicen que ninguno les llena el ojo. A la senadora le reclaman el exceso de reflectores, la política de redes sociales, la falta de experiencia ejecutiva y un liderazgo que, aseguran, no termina por convencer a la militancia tradicional. Del alcalde juarense tampoco están enamorados.
Y como toda buena inconformidad necesita un plan alternativo, encontraron a su campeón: el profesor Martín Chaparro.
Sí, el mismo Martín Chaparro que durante años presidió Morena en Chihuahua. El mismo cuya gestión difícilmente será recordada por una cascada de triunfos electorales. Si acaso, el mayor trofeo que puede presumirse de aquella época fue Ciudad Juárez, mientras el resto del estado parecía una colección de derrotas con diferentes fechas.
Pero la lógica política suele tener un sentido del humor bastante peculiar. Para «Los de Abajo», Chaparro representa la esencia del movimiento, la militancia fundadora, el morenismo sin maquillaje, el que estuvo cuando todavía no había cargos para repartir ni selfies que presumir.
Hasta ahí, la historia suena romántica. Casi épica.
El inconveniente aparece cuando la realidad pasa lista.
Porque una candidatura no se construye únicamente con convicción. Tampoco con antigüedad partidista. Ni con el certificado de «yo sí fui fundador». Las campañas modernas cuestan. Y cuestan mucho. Se pagan con estructura, operadores, publicidad, giras, logística y un ejército de personas moviendo la maquinaria durante meses.
Traducido al español político: se necesita cash.
Y precisamente ahí es donde el proyecto comienza a parecer más una asamblea de buenas intenciones que una ruta hacia Palacio de Gobierno.
Porque podrán tener el discurso de la militancia pura, podrán presumir que nunca se vendieron, podrán decir que representan al verdadero Morena… pero las bardas no se pintan con principios, los espectaculares no aceptan ideales como forma de pago y las campañas no hacen descuentos por autenticidad.
Mientras Andrea mueve reflectores y Cruz estructura operadores, «Los de Abajo» parecen estar organizando una cooperacha para comprar el primer paquete de volantes.
No es una crítica a la honestidad del grupo. Es, simplemente, la cruel matemática electoral.
En política, el corazón inspira… pero la chequera respira.
Así que el profesor Chaparro podrá convertirse en el candidato de la conciencia, de los fundadores, de los puristas y de quienes todavía creen que la revolución empieza con una reunión en una cafetería.
El detalle es que las gubernaturas no suelen decidirse en las cafeterías.
Se deciden en campañas.
Y las campañas, les guste o no a los románticos de la política, no se ganan con intenciones.
Se ganan con votos… y para conseguirlos hace falta una cantidad nada despreciable de recursos.
Como diría el clásico de la sabiduría popular:
Lástima, Margarito.
Los rumores rumbo a 2027 ya comenzaron a recorrer los pasillos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Conforme se acerca el momento en que Gilberto Loya Chávez deba solicitar licencia para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura, también crecen las especulaciones sobre quién ocupará una de las dependencias más importantes del gabinete estatal.
Según las versiones que circulan al interior de la corporación, la decisión no recaería en la estructura de la propia Secretaría, sino directamente en la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Incluso, se comenta que el relevo tendría un perfil eminentemente político, ya que promover a cualquiera de los subsecretarios podría provocar reacomodos y disputas internas en las áreas que actualmente encabezan.
Por ello, en los corrillos de la dependencia comienza a tomar fuerza la versión de que el nombramiento podría convertirse en un acuerdo para algún perfil cercano al grupo gobernante. Por ahora no existe ninguna definición oficial, pero conforme se acerca el calendario electoral, los rumores parecen avanzar más rápido que los propios tiempos legales para las candidaturas.
La Odisea de Homero narra el largo y tortuoso regreso de un héroe a su hogar, plagado de cíclopes, tormentas, tentaciones y pérdidas. Es la historia de la perseverancia humana frente a obstáculos casi insuperables. En Chihuahua, miles de jóvenes viven su propia versión moderna de esa epopeya: navegar la incertidumbre del empleo, la educación, la salud mental y un futuro que a menudo parece esquivo. Al frente del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), Fernanda Jazmín Martínez Quintero se posiciona como una figura clave, ofreciendo programas, espacios y eventos que pretenden servir de brújula y aliados en esa travesía.
Martínez, abogada con experiencia en consejos juveniles y designada en 2024, ha impulsado iniciativas visibles: apoyos a madres jóvenes, la Red de Jóvenes Creadores, la Casa Soy Joven, talleres de fortalecimiento y estrategias como “Legado Joven”. Su gestión busca extender programas a municipios y enfatiza el empoderamiento. Sin embargo, cuando se examina con lupa, surgen grietas entre la intención y la realidad territorial del estado.
Uno de los ejemplos más claros (y criticables) es el Festival Soy Joven 2026, programado para el 7 de agosto en el Parque Central de Ciudad Juárez. El evento promete ser un punto alto: conferencistas motivacionales (como Juan Pablo Escobar), influencers, música, cultura urbana y un encuentro masivo de juventudes. Para jóvenes de la capital (Chihuahua capital) ya representa una odisea logística: varias horas de carretera, costos de transporte, alojamiento y alimentación. Pero para quienes viven en municipios del interior la barrera se vuelve mucho más alta.
Aquí radica la crítica principal: organizar el traslado a Juárez no es una “aventura formativa” accesible para todos. Implica gastos significativos en un contexto donde muchos jóvenes enfrentan precariedad económica. El tiempo fuera de trabajo o estudios, la seguridad en viajes largos, y la falta de transporte público asequible o subsidiado convierten el festival en un privilegio más que en un derecho universal. Si el Ichijuv busca llegar a “casi un millón de jóvenes” en el estado, concentrar un evento estrella en la frontera norte limita el impacto real para el interior. Las “veraneadas” y actividades previas en otras zonas son un paso positivo, pero parecen insuficientes ante la magnitud geográfica de Chihuahua.
Esta dificultad no anula el valor del festival ni el esfuerzo de Martínez por visibilizar a la juventud. El Ichijuv ofrece herramientas valiosas en la capital y algunos municipios, y la directora ha mostrado disposición para colaboraciones interinstitucionales. No obstante, en una entidad tan extensa, la centralización de eventos de este tipo arriesga dejar atrás a quienes más necesitan oportunidades: jóvenes rurales o de zonas con menor conectividad. Una verdadera odisea inclusiva requeriría mayor descentralización, apoyos específicos de movilidad (transporte subsidiado, transmisiones en vivo de alto nivel, o réplicas regionales más robustas) y una evaluación honesta de quiénes logran “llegar a Ítaca”.
Fernanda Martínez representa una generación de líderes jóvenes en el servicio público, con energía y visión. Su gestión puede marcar diferencia si logra traducir los programas en accesibilidad real, no solo en buenas intenciones o eventos concentrados. Los jóvenes de Chihuahua no necesitan más sirenas lejanas; requieren aliados que acorten distancias y remen junto a ellos, sin importar de qué municipio zarpen.
La odisea juvenil en el estado es larga y compleja. Instituciones como el Ichijuv tienen el potencial de ser el barco más sólido, pero deben navegar con mayor conciencia de las corrientes desiguales del territorio. Ojalá el Festival Soy Joven 2026 inspire, pero sobre todo, que impulse una reflexión interna: ¿cómo hacemos que Ítaca esté más cerca para todos?
