El caso de Jorge Raúl, exagente de la Policía Municipal de Chihuahua apodado “El Rata”, desnuda una vez más las fisuras del Poder Judicial y la peligrosidad de ciertas decisiones en materia de medidas cautelares. No hablamos de un imputado cualquiera: se trata de un presunto pistolero con al menos tres carpetas de investigación por homicidio, un perfil de alta peligrosidad que, sin embargo, fue considerado apto para enfrentar su proceso en libertad. La ley permite la prisión preventiva como excepción y exige una evaluación estricta de riesgo de fuga y peligro para la sociedad, pero en este expediente esa valoración parece haber sido superficial o ingenua, permitiendo que un elemento con historial violento saliera sin brazalete ni vigilancia efectiva.
El desenlace era previsible y llegó rápido: Jorge Raúl simplemente dejó de presentarse ante el juez de control, convirtiéndose en prófugo y dejando en ridículo a la jueza que le concedió el beneficio. Ahora el Estado debe montar un nuevo operativo de búsqueda y captura, gastando recursos que nunca debió haber desperdiciado. La fuga de un ex policía municipal acusado de multihomicidio no solo erosiona la credibilidad del sistema de justicia, sino que refuerza la percepción ciudadana de impunidad selectiva y garantismo mal aplicado, donde la protección de la sociedad queda subordinada a tecnicismos que, en la práctica, terminan beneficiando a quienes representan el mayor riesgo.
