Padres y madres de niñas y niños con cáncer anunciaron que presentarán este miércoles 7 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, por presuntas irregularidades relacionadas con el desabasto de medicamentos oncológicos. El Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, junto con Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., acudirá a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México a las 11:00 horas.
De acuerdo con las organizaciones, la querella planteará posibles delitos como genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de otros que pudieran determinarse durante la investigación. Los denunciantes sostienen que el desabasto afectó tratamientos de quimioterapia y aseguran que más de 5 mil niñas y niños habrían perdido la vida por la falta oportuna de medicamentos; esta cifra y la relación entre el desabasto y los fallecimientos forman parte de sus señalamientos y deberán ser acreditadas ante las autoridades.
Los padres también pedirán investigar presuntos contratos irregulares, posibles esquemas de contratación opacos y el supuesto uso de empresas “fantasma” para adquirir medicamentos e insumos hospitalarios. La denuncia contempla además a quienes resulten responsables, por lo que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar una investigación y establecer posibles responsabilidades penales.
La presentación de la querella está prevista para las 11:00 horas del 7 de octubre, en las instalaciones de la FGR ubicadas en la zona de la Glorieta de Insurgentes, en Ciudad de México. Después de entregar el documento, los representantes de las organizaciones tienen programada una conferencia de prensa para explicar sus argumentos y las demandas relacionadas con el abasto de medicamentos para menores con cáncer.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio el problema del abasto de medicamentos oncológicos y las posibles irregularidades en los procesos de adquisición. Por ahora, se trata de una denuncia anunciada por organizaciones de padres y no de responsabilidades penales acreditadas contra las personas señaladas; será la autoridad ministerial la encargada de investigar y determinar lo que corresponda.
