En Chihuahua se caen las bardas, se desploman los muros de contención, aparecen las grietas y los vecinos terminan haciendo colectas para reparar lo que las desarrolladoras entregaron, pero en Desarrollo Urbano parece que nada se mueve, salvo los expedientes. El caso de Adriana Díaz Negrete ya no puede despacharse con una explicación técnica ni con el clásico deslinde burocrático. La arquitecta lleva una década vinculada a las decisiones que han marcado el crecimiento de la ciudad: primero, de 2016 a 2021, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, y desde 2021 como directora de Desarrollo Urbano y Ecología. Es decir, ha estado de un lado y del otro del escritorio, en la etapa de los dictámenes y en la de las autorizaciones. Monte Xénit, Herradura La Salle, Valdivia II, Bosques Boreales II y Nueva Vizcaya II no son precisamente una colección de anécdotas aisladas. Son señales de alarma que obligan a preguntar quién revisó, quién autorizó, quién supervisó y, sobre todo, quién responde.
Lo verdaderamente preocupante es que el sistema parece diseñado para que nadie pague los platos rotos: la desarrolladora contrata a su propio Director Responsable de Obra, el Municipio recibe los cálculos, Cabildo aprueba los expedientes y después, cuando el muro termina en el suelo, todos descubren que la responsabilidad estaba en otra ventanilla. ¡Qué conveniente! Los vecinos ponen el dinero, las familias viven con el temor de que su patrimonio se venga abajo y los funcionarios conservan sus escritorios. Y aquí la pregunta es inevitable: ¿por qué Adriana Díaz sigue ahí? ¿Por capacidad, por resultados o porque tiene alguna protección política que la mantiene intocable? ¿Acaso su permanencia obedece a una orden de Palacio de Gobierno? No hay elementos para afirmar que exista tal instrucción, pero la sospecha política surge cuando una funcionaria acumula tantos años en puestos estratégicos y, pese a los antecedentes, no parece haber consecuencias ni una revisión pública de su desempeño.
Porque una cosa es que los desarrolladores quieran hacer negocio hasta en las faldas de los cerros y otra muy distinta que la autoridad municipal se convierta en una simple oficina de recepción de planos. La Dirección de Desarrollo Urbano no está para repartir permisos como si fueran boletos de estacionamiento, sino para garantizar que la expansión de Chihuahua no se construya sobre riesgos que después terminan pagando las familias. Si las normas eran insuficientes, había que corregirlas; si faltó supervisión, había que reforzarla; y si hubo autorizaciones deficientes, había que revisar quién las avaló. Pero mientras la respuesta sea que todo se hizo conforme al procedimiento, aunque los muros cuenten otra historia, la institución queda exhibida. Y tampoco se trata de sacrificar a un funcionario para salvar la imagen de los demás: hay que revisar toda la cadena de responsabilidades, incluidos quienes firman las licencias y quienes supervisan las obras.
Adriana Díaz puede tener explicaciones, argumentos técnicos y expedientes bajo el brazo, pero la ciudad merece algo más que justificaciones administrativas. Merece saber si hubo negligencia, si se ignoraron advertencias y por qué los mismos nombres siguen apareciendo en las decisiones que moldean el desarrollo urbano. Mantenerla en el cargo sin una evaluación pública y convincente podría convertirse en un costo político alto, particularmente para una administración que presume orden, planeación y buenos resultados. Porque los muros pueden reconstruirse, las bardas pueden levantarse otra vez y los desarrolladores pueden seguir vendiendo casas con atractivas imágenes publicitarias; lo que no se repara tan fácilmente es la confianza de quienes compraron un patrimonio y descubrieron que la seguridad quizá no estaba incluida. ¿Hasta cuándo seguirá Adriana Díaz? ¿Quién la sostiene y quién va a asumir el costo cuando el próximo muro vuelva a caer?
En el PAN de Chihuahua parece que algunos ya hicieron su propia selección de candidatos, pero con una curiosa condición: si no quieren a Santiago De la Peña, tampoco parecen muy interesados en voltear a ver a quienes llevan años haciendo panismo. Ahí está Manque Granados, con trayectoria, experiencia en la administración municipal como alcaldesa suplente y actualmente diputada federal, donde mantiene actividad legislativa. ¿Por qué no ella? También está Jorge Soto, militante de toda la vida, diputado, con trabajo en el Congreso y representante de ese panismo que algunos dicen querer defender a capa y espada. Y qué decir de Alan Falomir, el Cabrito, quien ha mantenido presencia mediática y está al frente de la JMAS, donde le ha tocado atender desperfectos y problemas de una infraestructura que tampoco nació ayer. Opciones hay, y no son precisamente desconocidas.
Pero resulta que, mientras se cuestiona la posibilidad de que De la Peña llegue a la candidatura sin tener una larga militancia panista, comienza a tomar fuerza el nombre de Álvaro Madero. Y aquí aparece lo verdaderamente curioso: los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz, identificados como defensores políticos de César Jáuregui, son precisamente quienes han mostrado interés en impulsar esa alternativa. Madero ya fue alcalde suplente, tiene apellido y trayectoria dentro del panismo, pero ¿eso basta para convertirlo en la opción que todos deben aceptar? ¿Por qué tanta insistencia en encontrar otro nombre cuando hay perfiles que llevan tiempo levantando la mano? ¿O será que el problema no es De la Peña, sino quién termina quedándose con la candidatura y con el control político del Ayuntamiento?
Si de defender la pureza panista se trata, habría que empezar por ser congruentes. Manque tiene trayectoria partidista y experiencia de gobierno; Jorge Soto representa la militancia tradicional y ha sostenido públicamente que la selección debe pasar por la militancia o por una elección abierta; y Falomir también se ha mantenido en el escaparate público con su trabajo en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. No se trata de asegurar que alguno tenga que ser el elegido, sino de preguntar por qué sus nombres parecen quedar en segundo plano cuando se habla de construir una alternativa. Porque si el argumento es que De la Peña no pertenece a las filas históricas del PAN, entonces tampoco se vale utilizar la bandera del panismo puro como pretexto para acomodar una candidatura a conveniencia de determinados grupos.
La pregunta es sencilla: ¿quieren elegir al mejor perfil o solamente el dedazo? Porque si la intención es abrir una competencia, que compitan todos; que se midan trayectorias, resultados, reconocimiento y respaldo de la militancia. Lo demás huele a negociación de cúpulas, a repartir cartas antes de que comience el juego y a pretender que los panistas solamente aplaudan. Álvaro Madero puede estar en la lista, por supuesto, pero no tendría por qué convertirse en la única alternativa. En Acción Nacional hay mujeres y hombres con trayectoria suficiente para disputar esa candidatura.
Una entrevista que sacó chispas y que dejó ver hacia dónde apuntan los respaldos dentro de Morena. Brighite Granados, dirigente estatal del partido, aprovechó los micrófonos para dedicar buena parte de su intervención a las porras, elogios y muestras de apoyo hacia Andrea Chávez, la senadora juarense que aparece en el escenario político rumbo a la alcaldía de Ciudad Juárez por la 4T. El detalle fue que la conversación se transmitía desde Chihuahua capital, pero el tema parecía tener una sola protagonista.
La situación llamó la atención cuando Joaquín Herrera, también militante de Morena, le pidió a la dirigente que fuera más incluyente y abordara otros perfiles del partido, particularmente el del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, según lo ocurrido durante la entrevista, las referencias a Andrea Chávez continuaron ocupando el espacio, mientras que el nombre de Cruz no apareció pese a las preguntas directas. La escena dejó comentarios entre quienes escuchaban, pues más de uno consideró que la dirigente estaba hablando como si fuera parte del equipo de promoción de la senadora.
Y como si hiciera falta ponerle más sal a la conversación, también surgió la sugerencia de que Granados dejara la dirigencia estatal para dedicarse de lleno a recorrer Juárez y ondear las banderas de Andrea. Más allá de las simpatías personales, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda dentro de Morena: ¿la dirigencia estatal debe representar a todas las corrientes y aspirantes del partido o puede concentrar sus reflectores en un solo proyecto político?
En Parral crece el cuestionamiento hacia el alcalde Chava Calderón, pues parece que mientras los proyectos relacionados con su entorno reciben recursos millonarios, las solicitudes de los ciudadanos pueden quedarse esperando. El ejemplo es la Ciudad del Niño, a la que su administración destinó una importante cantidad de dinero, incluyendo la adquisición de un avión cuyo costo ha generado polémica y cuya iniciativa ha sido vinculada con su esposa. En contraste, una obra solicitada por los propios parralenses parece no tener la misma suerte.
Se trata del crematorio municipal, un proyecto que no surgió de un capricho de la administración, sino que fue elegido por los ciudadanos mediante el Presupuesto Participativo. Sin embargo, ahora el propio alcalde reconoce que podría no realizarse debido a problemas de planeación, permisos sanitarios y capacidad operativa. Lo que causa mayor molestia es que, aun después de que los parralenses participaron, votaron y eligieron esta obra, Calderón no tiene garantizada su ejecución y prácticamente ha puesto en duda que vaya a cumplir con la decisión ciudadana.
La contradicción es la que enciende los ánimos: para la Ciudad del Niño hubo millones, pero para una obra que obtuvo el respaldo directo de los habitantes de Parral ahora aparecen obstáculos que debieron resolverse antes de someterla a votación. ¿De qué sirve el Presupuesto Participativo si la gente vota, gana un proyecto y después el Ayuntamiento simplemente no quiere o no puede realizarlo? Al final, los ciudadanos hicieron su parte; ahora le toca al alcalde explicar por qué no piensa cumplir con una decisión que salió de las urnas.