Al a XXX Cumbre Iberoamericana de la semana pasada en Madrid asistieron únicamente diez de los 22 jefes de Estado convocados.
En contraste con tal desdén por los foros multilaterales, los rectores de las principales universidades públicas de la región se encontraron para impulsar una agenda común de desarrollo.
El hecho de que se haya tratado de una reunión de instituciones públicas es, en sí mismo, una primera definición política de cara al avance de la privatización de la educación superior y al castigo financiero que gobiernos de distinto signo imponen a las universidades públicas en la región.
El Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento conjuntó a 19 rectores de Argentina —Buenos Aires y Córdoba—, Bolivia, Brasil —Sao Paulo—, Chile —la nacional y la de Concepción—, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España —Barcelona y Complutense—, Honduras, Paraguay, Perú, Portugal —Lisboa y Oporto—, Uruguay y México —la UNAM y la de Guadalajara—, quienes consensuaron un documento de 25 puntos (consultable en https://espana.unam.mx/noticias/conclusiones-foro-universitario-iberoamericano-del-conocimiento), que pueden agruparse en cinco apartados.
Veamos.
Primero: la defensa de la universidad pública en Iberoamérica, su autonomía, la libertad de cátedra e investigación.
Las universidades públicas forman profesionistas, técnicos y científicos, pero también ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus sociedades.
Al brindar educación de calidad a quien no cuenta con los recursos económicos para costearla, la universidad pública es un vehículo indispensable para la movilidad y la cohesión sociales, lo que nutre sociedades democráticas.
Además, las universidades públicas de Iberoamérica producen buena parte de la investigación básica y aplicada, por lo que respetar la libertad de investigación es una condición indispensable para el desarrollo.
La educación con perspectiva universalista, libre, ajena a dogmas y prejuicios, donde el conocimiento es una construcción colectiva que debe someterse a crítica y revisión constante, pasa necesariamente por la libertad de cátedra.
Es necesario un compromiso explícito de los gobiernos con un financiamiento suficiente y sostenible de la educación superior pública.
Segundo: las políticas públicas deben apoyarse en evidencia científica.
En una época de negacionismo científico y de gobiernos que toman decisiones con base en prejuicios ideológicos, las decisiones de política pública, que tienen impacto en la vida de millones de seres humanos, deben adoptarse con el mayor grado de responsabilidad y soportarse en elementos objetivos que sólo aporta el conocimiento científico.
El cambio climático y el deterioro de los ecosistemas son fenómenos sobre los que existe abundante evidencia empírica.
Los gobiernos deben asumir la agenda medioambiental como una obligación para no comprometer la viabilidad del planeta ni la vida de las próximas generaciones.
Tercero: el español y el portugués son lenguas de ciencia. Si bien el grueso de las publicaciones científicas está en inglés, no debe renunciarse a producir y enseñar ciencia en las lenguas maternas de Iberoamérica.
El acceso a la ciencia debe iniciar desde las primeras etapas de la educación básica.
Las universidades defienden una ciencia abierta, accesible y compartida, que reduzca la dependencia de plataformas comerciales.
Cuarto: el avance tecnológico debe estar al servicio de la dignidad humana y la sostenibilidad del planeta.
El desarrollo de la IA debe poner en el centro de su misión contribuir a resolver problemas, no a crear nuevas formas de exclusión y subordinación.
Los centros de datos requieren el uso intensivo de agua y energía, pero el medioambiente no puede ser la variable a sacrificar en aras de un avance más veloz de la IA.
El progreso tecnológico ha de tener como propósito favorecer y proteger al medio ambiente.
Quinto: las universidades se comprometen con el desarrollo del espacio iberoamericano.
Los desafíos del presente requieren la colaboración y la cooperación internacional, también en materia educativa, científica y tecnológica.
Iberoamérica puede consolidar su proyección en el ámbito internacional si hace de la educación, la ciencia y la tecnología uno de los pilares de su integración.
Mientras los gobiernos de Iberoamérica se extravían en la polarización, las universidades públicas demuestran que recuperar la agenda del desarrollo no sólo es deseable, sino posible.