Hay una frase que se repite en cada reforma tributaria: tratar igual a los iguales. Es un principio sensato. El problema es decidir quiénes son iguales. Esa es la discusión que hoy abren las empresas de gas LP tras la reciente reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y vale la pena detenerse en ella porque toca un asunto que suele pasar desapercibido: las excepciones fiscales.
Los datos son claros. La reforma pone un tope de 96.67 por ciento a las deducciones de las empresas que facturan más de 50 millones de pesos y reduce de 30 a 20 por ciento las deducciones por intereses. Son ajustes que buscan ampliar la base gravable y acotar la planeación fiscal agresiva. Hasta aquí, nada extraño: un Estado que necesita recursos tiene derecho a revisar los beneficios que concede.
Sin embargo, en el mismo paquete los legisladores incluyeron una excepción para quienes cuentan con permisos para expender, distribuir o comercializar gasolinas y diésel. El gas LP quedó fuera. La industria, por medio de Amexgas, ha pedido revisar esa exclusión, y su argumento no es menor. Según el gremio, el gas LP opera con condiciones regulatorias parecidas a las de los combustibles líquidos, incluidos precios máximos y márgenes operativos topados por el Estado. Si la rentabilidad está acotada por decreto, la idea de que sus deducciones deberían tratarse igual no carece de lógica. Además, las empresas aclaran que pedir la excepción no equivale a dejar de pagar impuestos, y conviene tomarles la palabra mientras se discute el caso.
Ahora bien, también hay que mirar el otro lado. Una excepción, por definición, rompe la regla general. Cuando el legislador decide que un grupo de contribuyentes queda fuera de un límite, debe explicar por qué con criterios objetivos y públicos. Si el criterio es contar con un permiso de la autoridad energética, existe el riesgo de que la ley premie la pertenencia a un régimen más que la naturaleza económica de la actividad. Eso abre la puerta a que el siguiente sector que se sienta perjudicado pida lo mismo. El problema de fondo no es solo si el gas LP merece la excepción, sino que el sistema tributario se va llenando de tratos particulares negociados caso por caso.
Hay además una lectura de política pública. Los distribuidores de gas LP abastecen a millones de hogares, sobre todo en zonas rurales y de bajos ingresos, donde el gas es, en muchos casos, la principal fuente para cocinar. Cualquier costo adicional que no pueda trasladarse al consumidor termina, tarde o temprano, afectando la oferta en esas regiones. Ahí el tema deja de ser un asunto de gremio y se convierte en uno de acceso a un bien básico.
Mi conclusión es que la equidad fiscal exige dos cosas a la vez. Primero, que el régimen no conceda privilegios a actividades similares solo porque tienen un permiso distinto. Segundo, que el Estado no castigue a un sector regulado con reglas de deducción pensadas para otros giros. La revisión que pide el gas LP es legítima, y el Congreso debería atenderla con datos: cuántas empresas están en cada situación, cuánto recauda realmente el fisco con cada medida y cuál sería el costo de corregir la asimetría.
En política pública, la pregunta relevante no es quién consiguió la excepción, sino si la regla que queda en pie tiene sentido para todos los que caen bajo ella. Ahí está la verdadera prueba de equidad.