El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Samir Ousman Alsheikh, un exoficial sirio de 72 años, de torturar a disidentes políticos y otros presos mientras dirigía la Prisión Central de Damasco, conocida como Adra.
Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008, según documentos judiciales. Alsheikh emigró a Estados Unidos en 2020 y fue detenido en julio por delitos migratorios cuando intentaba abordar un vuelo internacional.
Alsheikh, quien ocupó altos cargos en la policía siria y en el aparato de seguridad estatal, presuntamente ordenó y participó en actos de tortura para suprimir la oposición al régimen de Bashar al Asad, quien gobernó Siria con mano de hierro durante más de 50 años.
Según el Departamento de Justicia, los prisioneros en Adra fueron sometidos a prácticas brutales, incluyendo golpizas mientras estaban suspendidos del techo y el uso de un dispositivo conocido como “Alfombra Voladora”, que doblaba sus cuerpos de forma dolorosa, provocando lesiones graves como fracturas en la columna vertebral.
Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que «las víctimas de estos tratos violentos siguen sufriendo mucho incluso después de que hayan cesado los actos físicos de tortura». Por su parte, Martin Estrada, fiscal general, calificó las acusaciones como «escalofriantes» y subrayó el compromiso de Estados Unidos de no permitir que los responsables de violaciones a los derechos humanos se escondan en su territorio.
Bashar al Asad fue depuesto el 8 de diciembre tras más de una década de guerra civil que dejó más de 500 mil muertos y desplazó a seis millones de personas. Durante su mandato, miles de opositores fueron encarcelados y torturados en prisiones como Adra, considerada uno de los símbolos de represión del régimen.
Tras la caída del gobierno, cientos de familias acudieron a las cárceles para buscar información sobre sus seres queridos, muchos de los cuales habían desaparecido o muerto bajo custodia. En 2022, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimó que decenas de miles de personas murieron en cárceles sirias desde el inicio del conflicto en 2011.
Alsheikh enfrenta un cargo de conspiración para torturar y tres cargos de tortura, cada uno con una pena potencial de hasta 20 años de prisión. Además, está acusado de fraude migratorio, lo que podría añadir una década más a su condena si es hallado culpable.
Este caso subraya el alcance internacional de la justicia para responsabilizar a los autores de crímenes de lesa humanidad, incluso años después de cometidos.