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El contrato ICM-JUR-18/2022 celebrado por el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua fue por 34,800,000 pesos, pero la documentación completa sobre los pagos, facturas y gastos adicionales quedó bajo reserva oficial. El Comité de Transparencia del Municipio determinó el 17 de noviembre de 2022 clasificar “la totalidad de los documentos relativos al contrato ICM-JUR-18/2022, sus anexos y demás constancias” por tres años, por lo que la reserva vencerá el 17 de noviembre de 2025 y esos expedientes deberán hacerse públicos.
Las irregularidades técnicas del contrato son explícitas: la cláusula cuarta obliga al municipio a cubrir el 100% del monto cuando solo se han prestado la mitad de las funciones; además, el municipio entregó anticipos por 7,000,000 pesos el 10 de junio de 2022 y 20,400,000 pesos el 30 de junio de 2022, dejando un saldo programado de 17,400,000 pesos para el 23 de noviembre de 2022. En paralelo se realizaron obras “llave en mano” permanentes en el El Palomar para la puesta en escena, acciones que podrían contravenir la Ley de Obras Públicas al contratar obra dentro de un contrato que nominalmente era por servicios.
La opacidad fue avalada por autoridades municipales claves: el Acuerdo No. ICM-CIR-01/2022 (y la reserva CT-ACR-013/2022) fue firmado por Gabriela Guadalupe Andrade Raigoza (presidenta del Comité de Transparencia) y Lidia Cristina Aguirre Hernández (vocal), quienes formalizaron la clasificación como justificada por una “investigación en curso”. Al mismo tiempo, el alcalde Marco Bonilla se negó a entregar copias de facturas y comprobantes, y el Órgano Interno de Control abrió el expediente 2022/OIC/DE635, con solicitudes de información enviadas por su área investigadora, encabezada por Alonso López Castillo. Esas firmas y oficios son, hoy, los responsables directos de mantener en sombras datos que deberían ser públicos.
Con la fecha de vencimiento de la reserva ya en el calendario —17 de noviembre de 2025— queda poco tiempo para que se levante el velo. Cuando los documentos sean desclasificados deberán aclarar quién cobró, cuánto se pagó exactamente desde el municipio, por qué se autorizó el esquema de anticipos y por qué se permitió obra permanente vinculada a un contrato de servicios; además, pondrán en el foco a los funcionarios que avalaron la reserva y a la propia administración municipal para exigir responsabilidades y transparencia real. Mientras tanto, la decisión de clasificar esta información seguirá siendo vista por ciudadanos y fiscalizadores como un mecanismo que protegió el secretismo en lugar del interés público.
