Se entiende que estén hartos de auditorías, hostigamiento, chantajes, maltrato público del Presidente y de que sus empresas estén al capricho de los contratos directos que el gobierno les dispense.

Con ese hartazgo sobre los hombros, los grandes empresarios, en su mayoría, han optado por alinearse con la candidata oficial pues tienen la esperanza de que así comprarán paz personal y tranquilidad para sus empresas.

Están equivocados. Totalmente equivocados.

Y no porque Claudia Sheinbaum sea mala persona (no tengo la menor idea), sino porque el proyecto que encabeza es contrario a la libre empresa.

Sheinbaum no viene de la izquierda democrática ni ha militado en ella.

Son estatistas, y lo dicen.

Están contra la vigencia del Estado de derecho, y lo dicen.

También lo practican: por encima de la ley, sus caprichos y sus fobias.

El empresario Ricardo Salinas Pliego está litigando un tema de impuestos con el gobierno, y en lugar de esperar a que se agoten las instancias legales donde un poder autónomo –el Judicial– diga en definitiva quién tiene la razón, le propusieron una rebaja sacada de la manga.

¿No le gusta la oferta al dueño de Azteca?

Ahí va la Guardia Nacional a tomar por la fuerza y cerrar un campo de golf de su propiedad en Huatulco.

Eso es propio de un gobierno gánster: “plata o plomo” es lo que le están diciendo.

A otro empresario le quitaron sus vías de ferrocarril con fusiles en la mano.

La ley, el Estado de derecho y las garantías individuales importan un bledo cuando el intérprete de “la voluntad del pueblo” decide otra cosa.

No es un asunto de la personalidad del Presidente actual. Es la esencia de una corriente política que creció y llegó al poder con la idea de que la pobreza es culpa de la riqueza.

La ley, piensan, tiene por función defender a la mafia del poder económico. No debe cumplirse, por injusta.

¿Esa filosofía respaldan los empresarios a cambio de contratos discrecionales?

Pues eso tendrán.

Tanto el Presidente como su candidata presidencial respaldan un proyecto de reformas constitucionales, que ya está en el Congreso, que significa el fin del Estado de derecho.

Que decida la voluntad de la mayoría, que llevó al puesto de juzgador a un candidato popular.

Tribunales populares.

A los jueces los pone y los quita “el pueblo”.

Y el intérprete último de la voluntad del pueblo es el Presidente.

En eso creen López Obrador y Sheinbaum.

No es que sean buenas o malas personas el Presidente y su candidata: creen y luchan por esa idea de impartición de justicia.

¿Y los empresarios, también creen en eso?

Ahí está la nuez de lo que se define en junio.

Sobre eso vamos a votar.

Tuvo razón Xóchitl Gálvez al decir el martes ante integrantes de la Coparmex: “Pierdan el miedo o nos lleva el carajo”.

Empresarios que han mantenido distancia de las ocurrencias y crímenes del gobierno se esfuerzan en recomponer la relación con la cuatroté.

Están cansados de sufrir las consecuencias económicas del estigma que les pone el Presidente en las conferencias mañaneras y no quieren vivir otros seis años de pesadilla.

Piensan que doblándose en asuntos sustanciales van a tener una buena relación con la presidenta Sheinbaum. Están en lo cierto, pero tendrán que vivir doblados.

Con la presidenta Gálvez no habrá problema, al cabo que es una demócrata y no perseguirá a los críticos.

Por eso ven como una buena apuesta, “pragmática”, doblarse ante la candidata que no cree en la convivencia armónica con quienes tienen una visión del país diferente a la suya.

O te sometes o te someto.

Ese es el dilema, entre otros, para los empresarios de la comunicación.

Clarísimo lo dijo el presidente López Obrador –y lo respaldó horas después Claudia Sheinbaum– cuando sometió a Cuauhtémoc Cárdenas: “No hay justo medio. O se está con el pueblo o se está con la oligarquía”.

Es cuestión de optar, ahora que aún se puede.

¿Quieren contratos sacados de la voluntad de su dedito?

Entonces hagan valla para echarle porras al Presidente en la plancha del Zócalo, luego de 800 mil muertos por covid.

Cállense y asistan sonrientes a Palacio a la rifa del avión presidencial, que con lo que se recaude “el gobierno va a comprar medicinas”, según les dijeron.

Acaben de entregar México a un grupo de intolerantes, autoritarios e incompetentes.

Casi nadie se da cuenta de su miedo para defender la preeminencia de un país de leyes.

Sólo los están viendo sus hijos y las siguientes generaciones.