Ciudad de México, 22 de septiembre de 2024.- Dicen nuestros mayores: “el respeto y la confianza se ganan y pueden perderse en un momento” y, ese instante ha llegado para el padre de Morena. La militarización de México avanza. Dos años después de que la Suprema Corte invalidó un decreto que buscaba la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, y 14 años después de advertir López Obrador lo adverso de la militarizar la seguridad al potenciarse la violencia y la multiplicación de cadáveres en todo el territorio nacional, además de abusos y violaciones de derechos humanos, y luego sencillamente, en septiembre de 2022, cambiara de opinión, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados (Morena-PVEM-PT) aprobó el viernes con 362 votos a favor y 133 en contra, el dictamen que reforma 12 artículos de la Constitución para adscribir la Guardia Nacional quede a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y los militares (no los marinos) sean responsables de la seguridad pública.
De nada sirvió el largo debate durante la tarde del jueves y la madrugada del viernes pasados, donde la oposición reclamó que la propuesta de cambio a la Carta Magna, presentada por el presidente en febrero pasado, militariza la seguridad pública y no será la solución a la inseguridad y violencia en el país; tampoco sirvieron de nada las advertencias de organismos civiles nacionales defensores de derechos humanos, como el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), quienes argumentaron se comprometen la democracia y la protección ciudadana; e internacionales como Amnistía Internacional (AI), sobre los riesgos que estos cambios constitucionales implican para los derechos humanos de la ciudadanía; o centros religiosos como el Sistema Universitario Jesuita, quienes instaron a los legisladores a rechazar la minuta, por inconstitucional y contraria de derechos humanos ratificados por México.
Entre los diferentes hechos negativos por los que pasará a la historia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es por haberle entregado facultades constitucionales a las Fuerzas Armadas sin haber probado resultados de eficacia alguna, en el escenario de entidades sumidas en la violencia, con las autoridades federales y estatales lavándose las manos y con un poder judicial independiente en franca destrucción. Incluso, mandos militares de primer nivel, como el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª. Región Militar de Sinaloa, aseguró: alcanzar la paz “no depende de nosotros, sino de los grupos antagonistas”, con lo que se deja en total indefensión a la población de la entidad. También destaca el enorme presupuesto destinado por el gobierno a lo largo de este sexenio: ha ejercido más de un billón 309 mil millones de pesos en labores de seguridad a través de la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Marina.
La seguridad pública no debe depender de las Fuerzas Armadas, lo han advertido durante todo este siglo las más diversa instituciones de derechos humanos, especialistas en materia de seguridad, magistrados destacados del Poder Judicial y hasta militantes del partido mayoritario (Morena), como su dirigente nacional, Mario Delgado, su secretaria general Citlalii Hernández, o el actual presidente del Senado, Gerardo Fernánde Noroño, incluyendo el propio Andrés Manuel López Obrador, quien en su segunda campaña presidencial, durante la presidencia de Felipe Calderón, sostenía “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”.
La evidencia de que la estrategia de seguridad militarizada está rebasada la tenemos todos los días, no sólo con el caso de Sinaloa, en donde se confrontan las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y arresto del capo histórico Ismael “Mayo” Zambada, y la traición del hijo del “Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán, sino también los enfrentamientos en Chiapas, donde poblaciones enteras han sido desplazadas por la violencia; en Michoacán, por el combate entre la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o Guanajuato, entre las mafias locales y el propio CJNG.
El diputado panista Miguel Ángel Monraz, subió a la tribuna y expuso:“Este gobierno de la “cuarta deformación” se ha convertido en el gobierno de los muertos, en el gobierno de los desaparecidos, cómplices de la delincuencia. Es el gobierno más violento de la era moderna. Su estrategia de seguridad es un fracaso. Presagia un futuro más sangriento y más violento. Más de 190 mil ejecuciones, un baño de sangre, violencia y extorsiones en todo nuestro país. Miles de desplazados desde su lugar de origen. Este es el resultado de los caprichos y complicidades del presidente”. Muchos puntos del dictamen aprobado en el Poder Legislativo son de especial atención: la modificación propuesta al artículo 13 es que el fuero militar se extiende también a los elementos de la Guardia Nacional. Tragedias y casos en los cuales están implicados integrantes de la GN serán juzgados por la jurisdicción militar y no por un juez del fuero civil como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.
Otro gran dislate es convertir la Guardia Nacional en Policía Investigadora, es decir, los militares investiguen los delitos y no una policía ministerial. De esta forma, se consolida el monopolio de la estrategia de seguridad establecido en la Constitución. La modificación al artículo 21 constitucional además pone en manos de la Guardia Nacional (o sea del Ejército) cumplir los fines de la seguridad pública. La modificación al artículo 73 respecto de las facultades del Congreso es otra gran temeridad: en la fracción XXXI se señala: “Para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”. constitucional en este mes: “Yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida, sino nos va a salir otro García Luna”. En tanto, decenas, cientos de familias lloran a diario a sus muertos. Por algo los marinos dijeron “safo”.
DE LOS PASILLOS
¿A quién va a cubrir de impunidad, vía indulto o amnistía, el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de su mandato?, luego de que sus hordas de legisladores federales el otorgaron “poder exclusivo” para conmutar y olvidar penas y procesos penales en casos “relevantes para el Estado mexicano”. Además de los 422 mexicanos y 34 extranjeros que informó al Senado ¿serán beneficiados los militares involucrados en el caso Ayotzinapa?¿Los mandos que le obedecieron y obedecen en el “culiacanazo” y la guerra entre “chapitos” y “mayos”? ¿Al gobernador Rubén Rocha Moya? ¿A los responsables de la tragedia de la línea 12 del metro? ¿Al “doctor muerte”, Hugo López-Gatell? ¿Al secuestrador Israel Vallarta? ¿Al asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto? ¿A defraudadores fiscales, factureros a los nuevos líderes sindicales del charrismo guinda? ¿A los responsables de los multimillonarios desvíos de Segalmex, los proveedores del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas o los desfalcos en la CFE, con Manuel Bartlett a la cabeza? ¿A sus nuevos aliados del corrupto clan de los Yunes?