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Ante un mal manejo comunicativo, aplicaron Ley Mordaza al alcalde
Lo que parecía haber iniciado como pirotecnia política disfrazada de denuncia, logró desestabilizar a todo un aparato gubernamental al utilizar las políticas de género a su favor mezclado con pésimo manejo de comunicación hasta convertirse en una crisis que pudo haber sido evitada.
El caso de la diputada local de Morena, Brenda Ríos contra el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, es de cuestionar la decisiones en cómo reaccionan cuando lo que se busca es de manera desesperada mantener una imagen intachable del funcionario.
Fue a principios de la Legislatura, cuando la congresista recién salida del Partido Verde, donde militó durante casi toda su vida, ahora entraba en las filas del partido gobernante de México, quien aprovechó su postura para declarar en contra del presidente municipal y su relación con un supuesto cártel inmobiliario en la ciudad, que pretende arrasar con la tierra y despojar a la gente.
Aunque pareciera una broma porque ella misma declaraba que el edil era el líder de estas acciones para enriquecerse con contratos con desarrolladoras inmobiliarias, la acción del Ayuntamiento no se hizo esperar y hubo respuestas inmediatas.
Primero, sin insultar o difamar, el alcalde aminoró y negó las acusaciones y se refirió a la diputada con términos como “persona” o “personaje político”, además de pedirle que se pusiera a trabajar en lo que le correspondía como legisladora; nada raro en cuestiones de la política que existan este tipo de declaraciones entre opositores.
Sin embargo, debido a la sensibilidad actual y la victimización, la diputada optó por salir en redes a publicar que era calumniada y hasta su familia era vigilada, además de poner denuncia por una presienta violencia política por razón de género.
Para no manchar la imagen de Bonilla, los asesores decidieron inventar un puesto municipal y pusieron a la entonces desaparecida Mariana de Lachica como vocera del Municipio, quien se encargaría de responder ante los medios de comunicación con palabras más agresivas. La táctica era poner a una mujer contra una mujer, porque actualmente, en estos casos, la ley y sociedad en general, percibe siempre culpable al hombre hasta que se demuestre lo contrario.
En el pasado, los funcionarios solían ignorar este tipo de acciones y minimizar a los opositores; ni siquiera les contestaba públicamente, era una táctica muy acertada porque dejaban que sus adversarios se desgastaran, algo que no ocurrió aquí.
La guerra de dimes y diretes, victimizarse en ambos frentes continuó. Incluso, el mismo secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, salió a declarar varios puntos legales con términos jurídicos para el entendimiento común.
También, las regidoras de Acción Nacional hicieron lo propio, solo que la diputada ignoró por completo a estas. En este caso, si aplicó la estrategia al enfocar la superioridad jerárquica de funcionarios, no sólo porque ganan mucho más los diputados frente a regidores, sino porque son estatales y los otros meramente municipales.
Total, que durante varias semanas que se extendieron a meses, fue la comidilla de casi cada día, hasta el punto que la denuncia ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía Anticorrupción, permitió que todo se hiciera más grande y hasta llegar a analizar minuciosamente en el Tribunal Estatal Electoral (TEE); este último, había declarado no válidas varias acusaciones, pero debían continuar las investigaciones, razón por la que para que todos estuvieran contentos o no verse políticamente incorrectos, le ordenaron al IEE que notificara al alcalde, que debía abstenerse de hacer declaraciones negativas hacia la diputada, así como otros actores políticos.
Si bien, no es un castigo, sentencia, ni le da la razón a Brenda Ríos, es un duro golpe hacia la administración municipal, porque debe literalmente callarse, algo que debieron hacer desde el principio para no caer en este juego, donde la ventaja de género fue aplicada.
Marco Bonilla siempre se caracterizó por tener apertura y si era necesario, disculparse en caso de que alguien se lo pidiera, pero la estrategia en comunicación de sus asesores lo sobrepasó y lejos de haber terminado con esto rápidamente, todo se extendió desde octubre del año pasado a la fecha.
A pesar de que la diputada no es la favorita en el partido Morena, logró lo que ni los senadores, Juan Carlos Loera, la aparente favorita, Andrea Chávez, ni el ex gobernador panista ahora morenista, Javier Corral, ni los legisladores federales, desestabilizar a toda una administración municipal.
Esto, fue sin duda un mal manejo de una situación habitual en la política que se salió de las manos hasta convertirse en una crisis. Todo por aquella insistencia perenne de querer controlar toda la imagen, en lugar de permitir que las cosas fluyeran. Los resultados, están a la vista.
Lo lamentable, es que que estas sean las noticias actuales, que las leyes se enfoquen en declaraciones y sensibilidades, cuando hay asuntos de vida o muerte que deben ser atendidos, como la inseguridad, la puerta giratoria para los criminales, la mermada economía por el alza de productos y servicios, desorden social, abuso de corporaciones, corrupción en todos los niveles, entre mucho más.