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En el marco de la XIII Marcha de la dignidad nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, que se conmemoró este sábado 10 de mayo, Amnistía Internacional exhorta al Estado mexicano a construir políticas que atiendan el problema estructural de la desaparición forzada de personas que tantas vidas ha costado en el país. Este proceso se puede lograr a partir del diálogo que mantiene con las colectivas de personas buscadoras quienes, por su experiencia, nivel de conocimiento y especialización adquiridos, pueden hacer aportes fundamentales.
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Amnistía Internacional se suma a las exigencias de verdad y justicia planteadas por las diversas colectivas de personas buscadoras y con ese motivo participa en la marcha para honrar la memoria de las miles de personas desaparecidas.
Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que atienda la petición de información que le hará el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, encaminada a documentar y analizar si existe una práctica de desaparición forzada de forma generalizada y sistemática en el país, anunciada por éste luego de clausurar su 28º período de sesiones, el 4 de abril de 2025.
La desaparición forzada es un fenómeno constante y es uno de los problemas que forman parte de la crisis de derechos humanos que afecta a México. En el informe La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional reporta que en el año 2024 se registró en México la desaparición de 13 mil 588 personas. En el periodo 1952 al 10 de mayo de 2025 la cifra ascendía a 128 mil 332. En México desaparecen a diario 30 personas ante la incapacidad del Estado de cumplir con su obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos.
“Estamos ante un fenómeno de grandes dimensiones. Primero, por lo que implica la pérdida de una vida en sí misma y por el impacto que este hecho genera en la familia afectada, en madres, padres, esposas, hijas, hijos, hermanas, abuelas, abuelos, quienes sufren las consecuencias psicológicas y físicas de esa desaparición. El daño causado en las diferentes esferas de su vida es inmensurable”, declaró Edith Olivares Ferreto.
“Desde Amnistía Internacional saludamos el diálogo entre las autoridades del Estado mexicano y las colectivas de búsqueda. Es un proceso que por fin ocurre y que fue propuesto durante años por las colectivas de buscadoras. En ese sentido hacemos votos porque esos encuentros sean un espacio de escucha permanente y de diálogo efectivo en el que autoridades y colectivas estructuren medidas concretas, con los ajustes que ameriten a lo largo del tiempo, para prevenir y atender el fenómeno de la desaparición forzada”, agregó Edith Olivares Ferreto.
“La petición de información al gobierno mexicano, anunciada por el CED, no debe ser vista como un ataque, sino como una muestra del interés y voluntad de organizaciones como la ONU de trabajar para atender el tema. Esta colaboración es fundamental pues con el apoyo de sus expertos pueden surgir medidas fundamentales que permitan atender debidamente el problema de la desaparición forzada en el país”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
El trabajo conjunto entre el CED y el Estado mexicano se viene dando desde hace más una década. A manera de antecedente, el Estado mexicano ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2008, la misma entró en vigor en diciembre de 2010. La primera revisión que hizo el CED a México data de 2015 y la primera visita in situ a México se concretó en noviembre de 2021. En ella, sus expertos independientes sostuvieron reuniones con autoridades, personas víctimas de desaparición forzada y diversas organizaciones de la sociedad civil. El informe de esa visita fue dado a conocer el 12 de abril de 2022.
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