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Este fin de semana, la senadora Andrea Chávez hizo acto de presencia en la región de Madera y sus alrededores, un evento que, aunque parecía cuidadosamente orquestado, dejó entrever ciertas fricciones políticas. Resulta que Marcelino Gómez Bremen, figura conocida en la zona, estaba comiendo en el restaurante Los Lobos, pero se retiró apenas cinco minutos antes de que llegara la senadora. ¿Coincidencia? Difícil creerlo, considerando que ambos equipos solían caminar de la mano en campañas pasadas. Este desencuentro, casi coreografiado, sugiere que las aguas entre estos dos actores políticos no están del todo calmadas, a pesar de las apariencias de unidad que alguna vez proyectaron. Lo que sí quedó claro es que la senadora no viaja sola: llegó acompañada de un séquito de siete personas —cinco señoras y dos guardaespaldas— en dos camionetas de lujo, de esas «trocas doble cabina» que no pasan desapercibidas en un pueblo donde la Nissan de cuatro cilindros es la reina. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿quién financia a este entourage que escolta a Chávez? Porque, en una región donde los recursos no sobran, esas camionetas y ese equipo de apoyo no se pagan con buenas intenciones.
Y mientras la senadora no duda en alzar la voz contra todo lo que encuentra en su camino, su silencio sobre el deterioro de las carreteras federales en la zona es ensordecedor. Los tramos bajo responsabilidad del gobierno federal están en condiciones deplorables, con más baches que un campo de golf —y de esos, parece que Chávez sí conoce unos cuantos—. Es una incongruencia que alguien tan vocal en sus críticas pase por alto un problema que afecta directamente a la gente del pueblo. Si tan combativa es, ¿por qué no le exige al gobierno federal que repare esas carreteras que son un peligro para quienes las transitan? La senadora no puede seguir seleccionando sus batallas según la conveniencia política; la región merece una voz que denuncie todas las fallas, no solo las que le convienen al discurso. Mientras tanto, las trocas de lujo y el séquito siguen rodando, pero las carreteras, esas sí, siguen en el olvido.
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Ah, la modernidad llegó a la aduana en Chihuahua. Porque, claro, ¿quién necesita revisiones exhaustivas cuando se puede implementar un “sistema exprés” de 15 a 20 dólares? ¡Toda una innovación! Según los funcionarios federales, la idea es “ahorrar tiempo”. Y vaya que lo logran: con un billete de veinte en la mano, hasta la maleta más sospechosa pasa más rápido que un VIP en la alfombra roja.
Lo curioso es que esta tarifa mágica aplica para todos: desde los paisanos que regresan en autobús con ropa para la familia, hasta los que cruzan en coche cargados de quién sabe qué. Porque sí, con esa “cooperación” uno ya no lleva equipaje, lleva carta blanca: armas, drogas o tráfico de lo que se le ocurra. ¡Un auténtico all-inclusive de la corrupción fronteriza!
Y no es chisme: varios vacacionistas que regresan a la capital lo han denunciado en redes sociales, exhibiendo estas atrocidades que parecen más un mal sketch que una política pública.
Pero no nos confundamos: esto no es mordida, no señor. Es un servicio premium, una especie de “aduana plus” donde el lema es claro: pague y no pregunte.
Mientras tanto, las autoridades federales guardan un silencio sepulcral. Como siempre, la indolencia es la mejor estrategia: mirar hacia otro lado, esperar a que pase la tormenta y seguir cobrando “derechos de aduana” al margen de la ley. ¿Será que este “modelo exprés” viene incluido en los acuerdos con Donald Trump? Porque honestamente, ya nada sorprende.
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