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La contienda electoral de 2027 apenas asoma y ya deja ver el verdadero rostro de muchos “suspirantes” que, en tiempos de discurso fácil, juraban entrega total al cargo. Hoy, con el calendario encima y las ambiciones aflorando, comienzan a barajar licencias, renuncias y salidas estratégicas. Lo que antes era compromiso, ahora parece convertirse en cálculo político. La responsabilidad pública queda en segundo plano frente a la oportunidad electoral, y el ciudadano, una vez más, observa cómo los cargos se utilizan como trampolines y no como espacios de servicio.
En ese contexto, Gilberto Loya no dudó en abrir la puerta a una posible separación de su puesto, dejando claro que su permanencia dependerá de lo que dicte la convocatoria rumbo a la gubernatura. “Será en función de lo que establezca”, dijo, en una declaración que más que certeza, refleja conveniencia. Así, el juego político comienza a tomar forma: primero el discurso de entrega, luego la pausa “necesaria” y finalmente la carrera por el siguiente puesto.
Mientras la Dirección de Seguridad Pública Municipal saca pecho —con gráficas, conferencias y discursos bien ensayados— presumiendo la baja en homicidios y los “exitosos” operativos en bares, motocicletas y hasta centros de rehabilitación, hay un pequeño detalle que, al parecer, se les fue… o decidieron no ver: los moteles.
Sí, esos discretos establecimientos que no salen en los boletines ni en los recorridos con cámaras, pero que en un solo día acumularon tres personas sin vida. Tres. En habitaciones cerradas, lejos del radar oficial, donde no hubo ni operativo preventivo, ni revisión sorpresa, ni mucho menos una estrategia que presumir en redes sociales.
Porque claro, es más vistoso decomisar motos o clausurar bares que entrarle a lo incómodo: espacios donde confluyen consumo de sustancias, crisis personales y, en estos casos, finales trágicos. Dos de los tres hechos, además, apuntan a suicidio. Y ahí es donde la cosa deja de ser solo un tema policial para convertirse en algo más profundo… y más incómodo.
Entonces, ¿qué pasó con las campañas del IMPAS? Esas que hablan de salud mental, de prevención, de atención oportuna. Esas que, en el papel, prometen acompañamiento y detección temprana. Porque si en un solo día dos personas terminan quitándose la vida en cuartos de motel, algo no está funcionando. O peor: nadie está llegando a tiempo.
La narrativa oficial dirá que no todo es responsabilidad de la policía, y tendrán razón… a medias. Pero cuando se presume control, estrategia y resultados, también hay que hacerse cargo de los huecos. Y este, el de los moteles, ya no es un hueco: es un boquete.
Quizá en el próximo informe incluyan una nueva categoría: “incidentes fuera de radar”. O tal vez encuentren la manera de maquillar las cifras para que estos casos no “rompan la tendencia positiva”. Total, mientras no pase en la calle ni frente a una patrulla, parece que no cuenta.
Pero la realidad, esa que no cabe en los boletines, ya les tocó la puerta. Y fue en habitación de motel.
