La investigación relacionada con el polémico operativo contra narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara continúa generando repercusiones políticas y de seguridad en Chihuahua durante este 4 de junio. El caso sigue siendo uno de los temas más relevantes de la agenda estatal debido a las implicaciones legales, diplomáticas y políticas que ha provocado.
La controversia comenzó tras un operativo realizado en abril para desmantelar instalaciones utilizadas para la producción de metanfetaminas en el municipio de Morelos. Durante la operación fueron aseguradas enormes cantidades de precursores químicos, droga procesada y equipo especializado utilizado por organizaciones criminales.
El caso adquirió dimensión internacional después de que se confirmara la participación de agentes estadounidenses en las acciones de inteligencia relacionadas con la localización de los laboratorios clandestinos. Posteriormente, un accidente ocurrido durante el regreso del operativo provocó la muerte de dos agentes extranjeros y dos elementos de seguridad de Chihuahua.
A raíz de estos acontecimientos, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones para determinar si existieron irregularidades en la participación de personal extranjero dentro del territorio nacional. Cerca de medio centenar de personas han sido llamadas a declarar para esclarecer los hechos.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván y diversos funcionarios estatales han sido objeto de cuestionamientos políticos derivados de la operación y de los mecanismos de cooperación utilizados con agencias estadounidenses.
En semanas recientes, exfuncionarios de seguridad y autoridades estatales comparecieron ante instancias federales para aportar información relacionada con el caso. Las diligencias continúan desarrollándose mientras avanzan las investigaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que es necesario aclarar completamente las circunstancias de la participación extranjera y determinar si se respetaron los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.
Mientras tanto, distintos sectores políticos mantienen posiciones encontradas. Algunos consideran que la cooperación internacional es indispensable para combatir a las organizaciones criminales, mientras otros sostienen que deben fortalecerse los mecanismos de control y supervisión para proteger la soberanía nacional.
El caso también ha puesto bajo los reflectores los sistemas de inteligencia y vigilancia utilizados por Chihuahua en su estrategia contra el narcotráfico, particularmente aquellos relacionados con la detección de laboratorios clandestinos en zonas serranas.
A más de un mes de los hechos, la investigación continúa abierta y sus conclusiones podrían tener efectos importantes tanto en la política estatal como en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos durante el resto de 2026.
