En el mundo de la política, a veces las estrategias pueden tomar rutas inusuales. Tal es el caso del recaudador de Rentas, Rogelio Loya, quien ha adoptado una táctica poco convencional en busca de la candidatura del PAN a la alcaldía de Juárez.
En un intento por ganarse el favor divino, Loya recurrió a una reunión con una docena de sacerdotes de la Diócesis, a quienes agasajó con una taquiza. A pesar de este peculiar enfoque, Loya aspira a manejar un presupuesto municipal de más de 8 mil millones de pesos, una cantidad comparable al de algunos estados pequeños, lo que le brindaría un margen de maniobra financiera considerable.
Aunque su imagen aún no despega en las encuestas y está un paso atrás de Oscar Ibañez, representante de la gobernadora, queda por verse si su estrategia singular logrará darle el impulso necesario en su carrera política.
En Parral, la política sigue generando sorpresas y movimientos inesperados. Después de la reciente afiliación de Miguel Jurado al PRI, ahora uno de sus operadores políticos, el regidor José Ángel Rivera, ha roto filas y anunciado su adhesión a Movimiento Ciudadano. Resulta llamativo que Rivera, a quien se le conoce popularmente como el «Pinocho Rivera», haya tomado esta decisión tras haber sido ubicado en una posición relevante por Jurado Prieto en las elecciones pasadas. Junto con Cristina Molina, ambos ediles ahora independientes, este cambio político sugiere un realineamiento en el escenario local, aunque el regidor no especificó si su movimiento hacia el partido naranja incluye alguna posible candidatura en el horizonte político.
En medio de un ambiente político siempre activo, el secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, Mario Vázquez, está preparando un festejo de cumpleaños que no solo celebrará un año más de vida, sino que también servirá como una demostración de su influencia política en su búsqueda por la candidatura del Frente Amplio por México a la senaduría. La invitación para esta celebración, que ya está circulando desde ayer, marca el próximo viernes 18 de agosto como la fecha de este evento en un lugar situado en la vialidad Sacramento. Es evidente que Vázquez no solo busca una pachanga en su honor, sino también consolidar su apoyo dentro del panismo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro a sus adversarios políticos sobre su posición en el tablero electoral.
En los próximos días, se espera el lanzamiento de la convocatoria para la licitación del estudio del «Programa Sectorial de Accesibilidad y Movilidad Metropolitana Sostenible», que constituye la actualización del primer plan de movilidad sectorial en el país. Este plan, que había sido promovido por la anterior administración estatal y municipal en 2017, buscaba la creación de las rutas troncales del conocido sistema de transporte «Bowí». A pesar de la asignación de una inversión de 2 mil 212 millones de pesos destinada a las rutas II y III de la troncal, hasta ahora el programa sigue sin ejecutarse, generando frustración entre los ciudadanos.
Este anuncio revive la expectativa en torno a la mejora del servicio de transporte público en la ciudad, una necesidad largamente demandada por la ciudadanía. Aunque el proyecto original incluía ambiciosos planes para el rediseño y expansión de rutas, la falta de ejecución y los retrasos han dejado a la población esperando resultados concretos. Es imperativo cuestionar si esta vez las palabras se traducirán en acciones palpables o si, una vez más, las promesas de movilidad urbana eficiente quedarán en el olvido, como ha ocurrido con anteriores iniciativas.
La reciente partida de Luis Serrato Castel del gobierno estatal ha desenterrado una serie de situaciones incómodas que están causando malestar en la población y, especialmente. Se ha denunciado que las obras realizadas bajo el mando gubernamental de Serrato habrían sido previamente seleccionadas por él mismo, lo cual habría coartado la capacidad de los municipios para llevar a cabo procesos de licitación y ejercer control sobre los proyectos. En esta narrativa, se alega que las compañías designadas para ejecutar las obras ya habrían sido decididas de antemano, dejando a los alcaldes, especialmente a aquellos de municipios pequeños, en una posición donde no podían cuestionar estas elecciones y, en muchos casos, estaban obligados a aceptar las decisiones respaldadas por el trabajador estatal.
Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre la transparencia y la equidad en los procedimientos de asignación de obras en el ámbito estatal, lo que está generando descontento entre los ciudadanos que esperan una administración imparcial y eficiente de los recursos públicos. La percepción de favoritismo y de una toma de decisiones centralizada en torno a proyectos de infraestructura podría minar la confianza de la ciudadanía en los líderes gubernamentales foraneos y en las instituciones en las que confían. La administración de proyectos y recursos a nivel local y estatal deberá ser rigurosamente revisada para asegurar la justicia y el verdadero beneficio de la comunidad en su conjunto, sin el beneficio directo de empresas sonorenses.