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Por cerca de cuatro años, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso ante la justicia por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos. Por los ‘ires y venires’ de este caso, es considerado ya en Colombia por muchos como el expediente judicial más controversial y llamativo de la década. En las últimas horas el exmandatario se pronunció sobre la más reciente decisión de una jueza que determinó no archivar el expediente y mantenerlo vivo. Uribe insistió en negar los señalamientos en su contra y dijo que se le ha “expropiado su reputación”.
El caso de Uribe Vélez se originó en la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia que él mismo interpuso contra el senador Iván Cepeda por, supuestamente, manipular testimonios de paramilitares que vinculaban a Uribe con la creación de grupos de autodefensas, específicamente del denominado Bloque Metro que operaba en Medellín y Antioquia.
En febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había lugar para investigar al congresista Cepeda pero, en cambio, empezó a investigar a Uribe por esa misma conducta. Con base en múltiples interceptaciones de llamadas telefónicas y declaraciones de testigos que denunciaron presiones del abogado Diego Cadena, defensor en ese momento de Uribe, el alto tribunal le abrió investigación formal al expresidente.
En otro sonado episodio de este caso, en agosto del 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe y tras esta decisión, el expresidente renunció a su silla en el Senado y a su fuero de congresista, con el argumento de que no tenía garantías para ser juzgado por la alta Corte.
Su caso pasó entonces a manos de la Fiscalía General de la Nación y en noviembre del mismo año, una jueza ordenó la libertad de Uribe.
Entre los meses de julio y agosto del año pasado, ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, el fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes, presentó formalmente la sustentación y argumentos según los cuales consideró que el exmandatario no habría incurrido en ningún delito y que no había pruebas suficientes para juzgarlo y en consecuencia, solicitó la preclusión o archivo del expediente.
La semana pasada la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, en una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas, decidió no avalar dicha petición de la Fiscalía de archivar el caso, y por el contrario mantenerlo vivo. Durante la audiencia, la jueza Ortiz, criticó el trabajo del ente acusador al que consideró insuficiente para demostrar su hipótesis, y por consiguiente Uribe Vélez continúa imputado y ad portas de enfrentar un juicio.
