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En las redes sociales del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se publicó esta mañana un comunicado que pretende aclarar un incidente ocurrido durante un evento oficial, pero omite un detalle clave: el tuit no lo redacta ni lo publica directamente el titular del cargo, sino que es gestionado por la misma Coordinación de Comunicación Social de la institución. El texto describe un accidente cotidiano —el derrame accidental de café y nata sobre el zapato del ministro— y la reacción inmediata de la directora de Comunicación Social, Amanda Pérez, quien intentó limpiar la mancha por iniciativa propia, momento que fue captado y difundido con interpretaciones distorsionadas que sugieren actitudes de subordinación o soberbia.
El comunicado agradece el gesto de la funcionaria, ofrece disculpas por la situación imprevista y enfatiza que el ministro le pidió detenerse en cuanto se percató, reiterando su respeto hacia ella y negando cualquier sentimiento de superioridad. Sin embargo, al presentarse como voz personal del ministro presidente mientras es elaborado y difundido por el mismo equipo de comunicación institucional, el mensaje termina reforzando la percepción de una narrativa controlada que busca minimizar el revuelo, en lugar de dejar que los hechos hablen por sí solos en un contexto donde la imagen pública del Poder Judicial ya enfrenta escrutinio constante.
En enero de 2026, Chihuahua capital cerró con una cifra que debería encender todas las alarmas: seis suicidios reportados por el IMPAS en apenas 31 días. Seis vidas perdidas —en su mayoría hombres jóvenes y adultos en edad productiva, dispersos por distintas colonias— que no son estadística aislada, sino la prueba contundente de que las estrategias actuales de prevención no están funcionando. La línea 24/7, las campañas esporádicas y los talleres puntuales se quedan cortos frente a una realidad que ya se consolida como tendencia mensual, sin que las autoridades municipales hayan logrado revertir el patrón.
Seis suicidios en un mes no son un dato más: son seis fracasos colectivos que desnudan la falta de inversión real en salud mental, la ausencia de programas preventivos efectivos y la normalización de un sufrimiento que las instituciones siguen tratando como “casos aislados”. Mientras se presume que una línea telefónica y discursos institucionales bastan, la cifra habla sola: la atención especializada es limitada, el apoyo psicológico sigue siendo un lujo para muchos y el modelo actual es ineficaz. En Chihuahua, donde el suicidio se ha convertido en una epidemia contenida pero no controlada, seis vidas en enero son seis señales claras de que urge un cambio radical, profundo y urgente antes de que febrero escriba otro capítulo trágico.
Lo ocurrido tras la molestia de Rocío González, diputada federal del PAN, por la solicitud hecha en Cabildo para que el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial investigara ciertos hechos, terminó desviando la atención hacia donde menos importa: el regidor que promovió la iniciativa, Issac Díaz, también emanado de Acción Nacional. El debate, más que centrarse en el fondo, se convirtió en una disputa interna que huele más a ajuste partidista que a genuina preocupación institucional.
A primera vista, el episodio podría parecer una simple bronca entre correligionarios. Sin embargo, reducirlo a eso sería minimizar un contexto que no admite distracciones: el arranque de año ha sido preocupante en materia de inseguridad. Los homicidios siguen marcando una tendencia alarmante y, aún más grave, los suicidios continúan creciendo en silencio, sin que se observe una respuesta contundente desde quienes tienen responsabilidades directas en la materia.
En ese sentido, llama la atención que el regidor Díaz, tan activo para promover investigaciones hacia otros poderes, parezca haber olvidado una tarea básica de su propio encargo: exigir resultados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La crítica y la “carrilla” institucional no solo deben dirigirse hacia afuera; también deben ejercerse con firmeza hacia dentro, especialmente cuando se preside la Comisión de Seguridad.
Porque si no se utiliza esa posición para señalar fallas, exigir estrategias y presionar por resultados, entonces la pregunta es inevitable: ¿para qué presidir dicha comisión? La seguridad no puede seguir siendo rehén de pleitos políticos ni de egos partidistas. Hay prioridades claras y urgentes, y trabajar en ellas ya no es opcional, es una obligación.
