Sigue buscándose el adoctrinamiento en México y Chihuahua no está exento. Lo que sorprende es que en plena capital se reproduzca abiertamente la señal del izquierdismo a través de una frecuencia llamada Altavoz Chihuahua: la 96.1 FM. Una estación que solo aparece cuando hay noticieros afines, que sale del aire a conveniencia y que el resto del tiempo rellena con música que promueve la misma narrativa. Transmite con dudosa procedencia ya que no muestra o menciona la dirección donde se retransmite o bien donde están las oficinas.

Y ahí está lo grave. Mientras la Secretaría de Gobernación presume operativos para desmantelar radios ilegales, como lo hizo en Ciudad Juárez, esta señal y otras en Chihuahua capital sigue intacta. Nadie sabe quién la maneja, dónde están los transmisores, quiénes son los representantes legales, pero suena puntual para promover el discurso oficialista. Si la Federación no va a actuar contra sus propios promotores, le toca a la autoridad estatal alzar la voz y presentar las quejas formales. Porque no es un tema de libertad de expresión, es el uso ilegal del espectro radioeléctrico para hacer propaganda.

En Acción Nacional el mensaje comienza a tomar forma y deja entrever que la candidatura a la Presidencia Municipal difícilmente será entregada a un perfil externo. Desde la cúpula del partido se insiste en que la doctrina y la militancia siguen teniendo un peso específico al momento de definir a quien portará la bandera azul, aunque por ahora nadie quiere decirlo abiertamente. La dirigencia aún no tiene «el sartén por el mango» para fijar una postura definitiva, pero es evidente que existe resistencia a que personajes ajenos al PAN lleguen a disputar una candidatura que, consideran muchos militantes, debe recaer en alguien que tenga el logotipo del partido prácticamente tatuado en el corazón. Incluso se comenta que la presidenta estatal, Daniela Álvarez, no ve con buenos ojos la promoción anticipada de aspirantes externos, aunque ha preferido esperar a que se definan las reglas internas antes de pronunciarse y, llegado el momento, respaldar al perfil que resulte electo.

Mientras tanto, otro episodio llamó la atención al interior del panismo: la fotografía que recientemente reunió a los llamados Gaudinis dejó claro que ese grupo conserva estructura, operación y una capacidad de movilización que pocos pueden presumir dentro del partido. La imagen fue interpretada como una demostración de músculo político y de que siguen moviendo sus piezas con absoluta discreción. Los Gaudinis han demostrado durante años que saben operar con precisión quirúrgica, sin hacer demasiado ruido, entendiendo perfectamente dónde están los equilibrios de poder y, como dice el viejo dicho, conocen muy bien de qué lado masca la iguana. En una contienda donde todavía nadie quiere enseñar todas sus cartas, ese tipo de señales pesan más de lo que muchos imaginan.

En Chihuahua, el agua se convirtió de pronto en el nuevo campo de batalla político. No porque exista una evidencia de que Israel vaya a llevarse el recurso del estado o porque haya un proyecto de privatización, sino porque un convenio de cooperación tecnológica entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y una agencia israelí encontró el escenario perfecto para una disputa ideológica. El problema no es la manifestación ciudadana, sino la sospecha de que algunos actores políticos podrían estar aprovechando el tema para desviar la atención de asuntos mucho más delicados.

Porque mientras se prepara una movilización contra un acuerdo de intercambio de tecnología hídrica, Chihuahua y el país enfrentan tres temas que sí tienen consecuencias directas para la ciudadanía. El primero es la amenaza del gusano barrenador, que pone en riesgo al sector ganadero y exige acciones concretas para proteger uno de los pilares económicos del estado. El segundo son las versiones y cuestionamientos políticos relacionados con posibles investigaciones internacionales que alcanzarían a figuras importantes de Morena, como el senador Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán. Y el tercero es la polémica propuesta de la llamada Ley de Audiencia, una iniciativa que ha generado preocupación entre periodistas y medios de comunicación por el posible riesgo de limitar la libertad de expresión y abrir la puerta a mecanismos de presión contra la prensa.

Tres temas que deberían ocupar el debate público por su impacto real, pero que podrían quedar relegados frente a una batalla política mucho más emocional: Israel y Palestina.

Hasta ahora, lo que existe sobre la mesa es un convenio de cooperación con MASHAV, una agencia israelí especializada en tecnología del agua. Israel es un país que, al igual que Chihuahua, enfrenta condiciones áridas y ha desarrollado herramientas reconocidas para el aprovechamiento del recurso. Eso no significa que un acuerdo público deba quedar fuera del escrutinio; al contrario, debe existir transparencia. Pero una cosa es pedir explicaciones y otra muy distinta construir una narrativa donde pareciera que Chihuahua está a punto de perder el control de su agua.

La crítica de algunos sectores de oposición apunta a que Morena estaría utilizando una causa internacional para generar una cortina de humo ante temas incómodos. Una estrategia basada más en la emoción que en los resultados: llevar la discusión hacia un conflicto geopolítico lejano mientras los problemas locales siguen esperando respuestas. Porque hablar del agua desde la técnica requiere datos, estudios y argumentos; hablar de Israel genera inmediatamente una confrontación ideológica capaz de encender pasiones.

Y aquí aparece la parte política: 2027 está a la vuelta de la esquina y todos los partidos saben que la percepción ciudadana será clave. La pregunta es si Morena realmente cree que una marcha contra un convenio hídrico será suficiente para recuperar puntos de aprobación en Chihuahua. Tal vez la estrategia sea sencilla: si no suben las encuestas con resultados, habrá que intentar subirlas con pancartas.

Al final, la ciudadanía tendrá la última palabra. Porque una cosa es defender causas internacionales y otra utilizar cualquier tema disponible como distractor político. Chihuahua tiene problemas reales: seguridad, campo, agua, economía y servicios. Y mientras algunos políticos buscan una nueva bandera para levantar popularidad, los ciudadanos siguen esperando algo mucho menos complicado: soluciones y resultados.

Los documentos oficiales adquieren un valor especial cuando son elaborados por las propias instituciones, pues dejan constancia de hechos que difícilmente pueden ignorarse. En el caso del manejo del combustible del Gobierno Municipal de Delicias, un informe de la Sindicatura Municipal revela diversas observaciones relacionadas con los controles internos, entre ellas cargas de combustible en bidones sin respaldo documental, ausencia de bitácoras en algunas áreas, falta de firmas de recibido y otras inconsistencias administrativas que, según el propio documento, debían ser aclaradas por las dependencias correspondientes. El mismo informe refiere un consumo semanal observado de 19 mil 769 litros y una proyección anual superior a los 25 millones de pesos en combustible, además de un exceso estimado de más de 5.5 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado, cifras que inevitablemente despiertan el interés y la preocupación de la opinión pública.

Más allá de cualquier interpretación política, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió después de que estas observaciones fueron notificadas oficialmente. ¿Las inconsistencias fueron solventadas?, ¿se iniciaron procedimientos administrativos o investigaciones?, ¿se informaron los resultados a los delicienses? La transparencia no concluye con la elaboración de un informe, sino con la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas para corregir posibles irregularidades. Si todo fue debidamente aclarado, corresponde hacerlo del conocimiento público; y si existieron responsabilidades, serán las autoridades competentes quienes deban determinarlas conforme a la ley. En asuntos relacionados con recursos públicos, el silencio nunca puede ser la mejor respuesta.