La edición 2026 de las Jornadas Villistas volvió a dejar más preguntas que respuestas. El nombre de Maleno Gutiérrez, titular de Acción Cívico Social del Municipio de Parral, reaparece envuelto en la polémica por la falta de claridad sobre los recursos obtenidos por la venta de las tradicionales «Aguas Locas», un señalamiento que no es nuevo, pues desde 2025 ya existían cuestionamientos por ingresos que presuntamente nunca fueron reportados al Ayuntamiento. A ello se suma la deuda que mantiene con el Gobierno Municipal, misma que, según la información conocida, continúa liquidando mediante pagos parciales, alimentando las dudas sobre el manejo de los recursos públicos.
Pero el problema ya no puede atribuirse únicamente a un funcionario. La verdadera responsabilidad recae en la administración de Chava Calderón, cuya falta de supervisión y de decisiones firmes ha permitido que las controversias se repitan sin consecuencias. Mientras el gobierno parece más ocupado en intereses personales y políticos que en garantizar la transparencia, los ciudadanos siguen esperando una explicación clara sobre el destino del dinero recaudado y las razones por las que Maleno Gutiérrez permanece en el cargo pese a los constantes señalamientos. En política, la omisión también es una forma de responsabilidad.
¿Promoción institucional o precampaña disfrazada? Esa es la pregunta que comienza a circular entre ciudadanos de Delicias luego de que Alma Limas, presidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde Jesús Valenciano, aparezca de manera constante como imagen principal en publicaciones oficiales y campañas difundidas en redes sociales. En esta ocasión, la entrega de boletos para la Expo Delicias 2026 vuelve a colocar su fotografía como protagonista, mientras la identidad institucional queda en segundo plano. Para muchos, la estrategia parece ir más allá de informar sobre un programa social y apunta a fortalecer el posicionamiento de un perfil político con miras al futuro.
La línea entre comunicar acciones de gobierno y construir una candidatura anticipada suele ser muy delgada. Aunque no existe un anuncio oficial sobre aspiraciones políticas, la frecuencia con la que Alma Limas encabeza la imagen de programas municipales alimenta la percepción de que ya comenzó una campaña de posicionamiento utilizando la estructura y el alcance de las redes institucionales. En política las coincidencias rara vez existen, y cuando la promoción personal supera a la institucional, inevitablemente surgen cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y la equidad frente a quienes no cuentan con la misma plataforma gubernamental.
En tiempos donde la política suele dividir más de lo que une, resulta refrescante escuchar un mensaje que pone por delante a las personas antes que a los partidos. El empresario Sahir Rentería decidió responder a las críticas no con descalificaciones, sino con una idea sencilla: si la invitación es para ayudar a quienes más lo necesitan, ahí estará, sin preguntar primero de qué color es la camiseta de quien convoca.
Esa postura debería ser una lección para quienes ya recorren el estado pensando en el 2027. La pobreza, las carencias y las necesidades de miles de familias no distinguen entre el azul, el guinda, el naranja o el verde. Quien de verdad busca transformar una comunidad entiende que las buenas acciones no pierden valor porque las impulse un determinado partido político.
Rentería incluso fue más allá al reconocer que ha colaborado con distintos actores, entre ellos Cruz Pérez Cuéllar, pero también al mencionar a otros perfiles como Manque Granados y César Jáuregui. El mensaje fue claro: no se trata de respaldar proyectos electorales, sino de sumar esfuerzos cuando el propósito es llevar un beneficio a la gente. Esa apertura rompe con la lógica de la confrontación permanente que tanto ha desgastado la vida pública.
Quizá el reto que lanzó sea lo más valioso de todo: invitó a cualquier aspirante, sin importar su filiación, a convocarlo si el objetivo es apoyar a las familias que menos tienen. Ojalá más empresarios, organizaciones civiles y liderazgos sociales adoptaran esa misma visión. Al final, los ciudadanos recuerdan más una vivienda mejorada, un juguete entregado a un niño o un apoyo que cambia una vida, que un discurso pronunciado desde una tribuna.
La política necesita menos fotografías para presumir cercanías y más manos dispuestas a trabajar juntas. Si los próximos aspirantes entendieran que la colaboración puede estar por encima de las diferencias ideológicas cuando se trata del bienestar de la población, quizá el debate público dejaría de centrarse en quién aparece con quién y comenzaría a enfocarse en quién está dispuesto a hacer más por Chihuahua. Porque las causas sociales no tienen partido, pero sí tienen rostro: el de las familias que esperan soluciones y no pleitos.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua presume constantemente ser una de las mejores corporaciones de Latinoamérica, respaldada por certificaciones internacionales como CALEA, capacitación y procesos de profesionalización. Sin embargo, una policía no se mide únicamente por sus reconocimientos, sino por la manera en que trata a los ciudadanos y por el criterio que aplican sus elementos en la calle.
El caso del periodista chihuahuense Osmar Isay Urias Flores abre una discusión incómoda sobre esa capacidad de criterio. De acuerdo con la información difundida, fue detenido en el Centro de la ciudad por una falta administrativa al realizar una necesidad fisiológica en la vía pública, pero durante una revisión los agentes localizaron bolsas con marihuana que, según el propio comunicador, eran para consumo personal.
El cuestionamiento no está en que la autoridad realice revisiones o cumpla con sus funciones, sino en la forma en que se manejó el caso. La propia Policía Municipal emitió un comunicado donde presentó el hecho como una detención por delitos contra la salud, colocando prácticamente en la misma narrativa a una persona que llevaba una sustancia para uso personal y a quienes realmente se dedican al narcomenudeo.
Ahí es donde entra la falta de criterio. Una corporación profesional debe saber distinguir entre un vendedor de droga que genera violencia en las calles y una persona que porta una cantidad destinada a consumo propio. La seguridad pública requiere firmeza, pero también proporcionalidad, análisis y respeto al debido proceso.
Resulta contradictorio que una policía que presume certificaciones internacionales tenga episodios donde parece faltar algo tan básico como la sensibilidad y la valoración adecuada de cada situación. Las certificaciones sirven para mejorar procedimientos, pero no sustituyen el juicio de los elementos ni la responsabilidad de comunicar los hechos sin generar señalamientos que pueden afectar la reputación de una persona.
La DSPM tiene elementos que diariamente enfrentan delitos graves y realizan un trabajo complicado, eso debe reconocerse. Pero precisamente por la expectativa que genera una corporación que se presenta como modelo, sus errores de criterio adquieren mayor relevancia. Una policía de primer nivel no es la que más detenciones presume, sino la que sabe actuar con firmeza cuando corresponde y con prudencia cuando la situación lo exige.
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