A la Bukele no; El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, respondió a los cuestionamientos, sobre la política de mano dura impuesta por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y si esta era replicable para pacificar la entidad, al respecto el titular de la FGE en la región, afirmó que la realidad del país y de la entidad no puede ser comparada con el país centroamericano, debido a que si bien México presenta altos índices de violencia, estos responden a grupos limitados del crimen organizado y no a una problemática de pandillaje endémico del centro del continente.
Al respecto, Araiza Reyes, afirmó que la política del presidente Bukele, se basa en la que la disminución de la impunidad, crea una rentabilidad electoral del liderazgo que la encabeza, ya que la postura criminológica de «cero impunidad» -o mano dura-, responde solo a una coyuntura social; el funcionario explicó que en los años 80´s, esta política fue implementada en la ciudad de Nueva York, para enfrentar la oleada de violencia que enfrentaba la gran manzana, sin embargo, fue tan desmedida -como la aplicada por el presidente centroamericano- que en cuanto se pasó la emergencia de seguridad, aparecieron los excesos en que se cayeron, sobre todo los raciales y de clases, en que minorías fueron objeto de detenciones arbitrarias sin que se acreditarán faltas.
Lo anterior llevó a los grupos afectados a protestar y oponerse a la política de «mano dura», Araiza Reyes, explicó que obligo a las autoridades a matizar, ya que la política del «derecho penal de enemigo» – la cual se basa en tener dos sistemas de derecho pena paralelos; uno para la ciudadanía normalizada, o estandarizada, y un segundo destinado para la población identificada «por estereotipos» identificada como «el enemigo»- cae en excesos ya que en un intento de regresar a un estado de derecho restringe derechos y aumenta las penas indiscriminadamente, por lo que el fiscal aboga por mejorar la identificación de problemáticas para generar soluciones diferenciadas, antes que reducción de garantías individuales para reducción de la inmunidad.
En Ciudad Juárez, las acusaciones de conspiración y manipulación han puesto en entredicho la integridad del representante de la mandataria estatal, Óscar Ibáñez, quien ha sido señalado por algunos panistas como el cerebro detrás de embates dirigidos contra Rogelio Loya, aspirante del PAN, PRI y PRD para la alcaldía. Según rumores, Ibáñez Hernández esperaba que el candidato surgiera de su círculo, y la elección de Loya como recaudador no solo le desagradó, sino que lo llevó a planear estrategias para minar su campaña, la cual ya enfrenta un panorama poco alentador.
Por otro lado, el involucramiento de la diputada local Marisela Terrazas en este asunto añade más leña al fuego. Ibáñez, quien es su principal impulsor, ha asegurado la suplencia de su hija para competir por el IV Distrito Federal, tras la partida de Daniela Álvarez hacia el Senado. Sin embargo, las tensiones no se limitan al ámbito político, ya que la comunidad religiosa de la frontera también ha alzado su voz, acusando a Ibáñez y Terrazas de intentar manipularlos y presentarse como líderes de la comunidad cristiana en Ciudad Juárez. Estas tácticas podrían resultar contraproducentes para el Frente Amplio por México en la contienda fronteriza, sembrando dudas sobre su verdadero compromiso con la comunidad y socavando su apoyo popular.
A medida que febrero avanza, la alarmante escalada de la violencia en el país ha llevado a cifras preocupantes, con 34 homicidios dolosos registrados hasta el cierre de esta edición. Esta cifra supera los recuentos anteriores hasta agosto de 2023, situando al mes en el centro de la atención durante las revisiones semanales de seguridad a nivel estatal y municipal. La capital no escapa a esta ola de violencia, con un promedio de una ejecución por día, pero la situación se intensifica en la zona rural al norte de la ciudad y en colonias urbanas hacia ese sector. Analistas del ramo señalan la preocupante persistencia de un grupo empoderado que evade eficazmente las acciones de las fuerzas de seguridad, desde la policía municipal hasta el Ejército, mientras parecen estar más interesados en rivalidades internas que en enfrentar a las autoridades.
A pesar de un despliegue castrense extraordinario en la ciudad, con cerca de 200 elementos adicionales, según reportes del jefe de la V Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, la estrategia de contención preventiva no ha logrado frenar la espiral de violencia. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las operaciones actuales y destaca la necesidad urgente de replantear las estrategias de seguridad para abordar de manera más eficiente las raíces de esta creciente crisis.
El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza, aseguró que la capacidad penal del sistema penitenciario en la entidad esta rebasada, ya que esta solo puede mantener entre 6 mil y 8 mil reos simultáneamente, sin embargo, la Fiscalía General del Estado, cuenta actualmente con más de 11 mil ordenes de aprehensión; por lo que si se cumplimenta toda la carga jurídica llevaría a un severo problema de hacinamiento del mismo.
Por lo que el fiscal, aboga por modernizar el sistema de procuración de justicia; el cual implica un incremento de los presupuestos y eficientizar el uso de recursos, mediante la optimización del uso de tecnología, como el uso de vídeo grabaciones -plataforma centinela- que permitan vincular -o no- fehacientemente la acreditación que las imágenes mostradas corresponden al imputado frente al poder judicial, para sí no sobresaturar las prisiones de la entidad con procesados a los cuales no se les puede acreditar delitos.
Además, aseguró que la procuración de justicia no encuentra en una situación óptima para manejar más 11 mil carpetas de investigación de forma simultánea, no se cuenta con la disponibilidad de recurso humano para realizarlo, ni con Ministerios Públicos -representaciones sociales-, salas de audiencia y sobre todo capacidad de ejecutar tantas posibles medidas cautelares de prisión preventiva.