En Chihuahua, la llamada Universidad Chihuahua del Béisbol parece haber terminado convertida en uno de esos proyectos que sirven más para la fotografía política que para formar a los jóvenes. El proyecto fue presentado en 2022 con el respaldo estatal y del ICHD, utilizando el nombre y la experiencia de Guillermo “Memo” Armenta como principal referente técnico; sin embargo, posteriormente habría quedado sin el respaldo presupuestal necesario. Aun así, la narrativa continuó y diversas actividades deportivas terminaron presentándose bajo el membrete de la supuesta universidad. El punto más delicado está en el papel de Teporaca Romero, entonces directora del ICHD, cuya administración quedó vinculada a la promoción y respaldo institucional de un proyecto que, según los hechos expuestos, nunca llegó a consolidarse como la academia de alto rendimiento que se anunció. La pregunta política es inevitable: ¿se inauguró una verdadera universidad o simplemente se inauguró una promesa?
El episodio de Karim García terminó por exhibir las grietas del proyecto: después de ser anunciado para encabezar esta iniciativa, él y su equipo enfrentaron problemas relacionados con pagos, salarios y viáticos, hasta que las actividades llegaron a su fin. Hoy, mientras Daniel Cereceres y la estructura deportiva continúan hablando de la Universidad del Béisbol como un proyecto que marcará un antes y un después, las condiciones de los espacios que supuestamente deberían formar parte de ella contrastan con el discurso. Detrás de la barda del Estadio Héctor Espino, se señala la existencia de salones abandonados y en condiciones insalubres, muy lejos de la infraestructura que requiere una institución dedicada a formar peloteros de alto rendimiento. Por eso, más que discursos, lo que corresponde es transparencia: presupuesto, contratos, nóminas, documentos constitutivos y resultados. Porque si la Universidad del Béisbol realmente existe, debe poder demostrarse con instalaciones, recursos y jóvenes formándose; de lo contrario, el legado que quedará será el de una simulación política encabezada y promocionada bajo la administración de Teporaca Romero.
Resulta que después de casi tres años de pleito, estudios, amparos, peritajes y toneladas de expedientes, Mápula finalmente recibió buenas noticias para el Municipio. El Juzgado Primero de Distrito negó el amparo respecto de la mayoría de los actos reclamados y mantuvo firmes aspectos como la selección del terreno, su adquisición y el proceso de licitación. Eso sí, todavía existen pasos jurídicos pendientes antes de cantar victoria definitiva.
Pero aquí viene la parte divertida —si es que a estas alturas algo relacionado con la basura puede resultar divertido—: ganar el juicio no significa tener la cartera llena. Porque mientras los abogados pueden celebrar la resolución, en la Tesorería la calculadora seguramente anda haciendo horas extras. El crédito de 132 millones de pesos que originalmente estaba destinado al nuevo relleno ya fue utilizado parcialmente para resolver la emergencia del actual sitio. Las cifras oficiales y declaraciones recientes hablan de alrededor de 72 o 73 millones de pesos ejercidos y entre 60 y 65 millones todavía disponibles, dependiendo del corte y la fuente.
Y es que la basura no esperó a que terminara el juicio. El Municipio tuvo que ampliar la capacidad del actual relleno, construir infraestructura complementaria, atender lixiviados, trabajar en la extracción de biogás y remediar áreas aledañas. Incluso la ampliación de la Celda 2 ya aparece documentada como una obra concluida y en funcionamiento desde 2024. En otras palabras: el dinero que originalmente iba para el futuro terminó ayudando a financiar el presente. Una especie de “préstamo para mañana, pero gastado en el incendio de hoy”.
Y ahora viene la pregunta incómoda: ¿con qué dinero se construirá realmente Mápula o la alternativa de tratamiento y disposición final? Porque desde 2023 el Municipio hablaba también de un Centro Municipal de Economía Circular, una planta capaz de reducir de manera importante el volumen de residuos que llega al relleno. Después, en julio de este año, se informó que los recursos restantes del crédito serían destinados a una planta de separación de residuos, con la expectativa de recuperar alrededor del 80 por ciento de la basura. Es decir, entre el relleno, la planta, las celdas, los estudios y las emergencias, el dinero tiene más destinos que una piñata en fiesta infantil.
Y mientras tanto, la fecha que comienza a sonar en los pasillos es febrero de 2027 para arrancar con la planeación o construcción, según se acomoden los tiempos jurídicos, técnicos y presupuestales. El propio director de Servicios Públicos, José Luis de Lamadrid, ha reconocido que los tiempos presupuestales son complicados porque ya estamos en agosto, aunque también ha dicho que existe recurso que fue destinado originalmente al proyecto y posteriormente reacomodado. Lo curioso es que en 2025 se advertía que la ampliación del relleno tendría vida útil únicamente hasta finales de 2027. Así que el calendario empieza a parecerse peligrosamente a una carrera contra el tiempo.
Y aquí aparece el ingrediente político que nadie quiere poner sobre la mesa, pero que todos conocen: 2027 es año electoral. Qué conveniente sería inaugurar, arrancar o por lo menos colocar la primera piedra de una obra largamente esperada justo cuando los discursos comienzan a ponerse más intensos y las fotografías con casco y chaleco reflectante se vuelven temporada alta. Claro, seguramente será pura coincidencia. Porque en política las coincidencias son como la basura: todos saben que están ahí, pero nadie quiere hacerse responsable de dónde vienen. Lo cierto es que Chihuahua necesita una solución para sus residuos por razones ambientales y de servicio público, no porque el calendario electoral diga que ya llegó la hora. Y si para febrero de 2027 finalmente aparece el proyecto, ojalá también aparezca algo que hoy parece escaso: el cash.
Mientras Morena parece tener puesta toda su atención en la carrera por la Gubernatura, la disputa por la Alcaldía de Chihuahua, esa que para muchos representa la verdadera joya de la corona, ha quedado en segundo plano. El problema es que, cuando voltean a ver quién puede competir, aparecen los mismos nombres de siempre: personajes reciclados, candidatos que ya perdieron y figuras que difícilmente despiertan entusiasmo entre la militancia. Y como si fuera poco, una campaña competitiva por la capital no se gana solamente con buenos deseos; en los círculos políticos se habla de inversiones cercanas a los 50 millones de pesos para entrar de lleno a la pelea.
Ahí es donde comienza a sonar un nombre diferente. Sahir Rentería, empresario y hasta ahora ajeno a la militancia formal de cualquier partido, ha manifestado que le gustaría competir e incluso llegar a la Alcaldía. No ha cerrado la puerta a ninguna fuerza política que lo invite, aunque por sus cercanías y relaciones políticas, Morena parece ser la posibilidad que más ruido genera. Sobre todo porque ha mantenido proximidad con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, uno de los personajes que claramente juega a lo grande rumbo a 2027 y que seguramente buscará colocar sus cartas donde haya mayores posibilidades de triunfo.
El empresario tendría, al menos en el papel, una ventaja que otros aspirantes no poseen: ser un rostro nuevo en una contienda donde Morena corre el riesgo de volver a presentar una colección de nombres conocidos. Incluso Marco Quezada, exalcalde y excandidato que ahora milita en Morena, ha tenido buenos comentarios sobre Rentería y lo ha considerado como una opción conveniente. Cuando hasta los reciclados empiezan a pedir caras nuevas, quizá es porque alguien en el partido ya entendió que el catálogo necesita renovarse.
¿Podría ganar Sahir Rentería? Esa es otra historia. Tener dinero, relaciones o ganas de competir no garantiza una victoria, especialmente en una ciudad donde el PAN ha mantenido una importante fuerza electoral. Pero sí podría resultar más competitivo que varios de los nombres que actualmente circulan en Morena. Porque insistir en candidatos que ya fueron rechazados por las urnas es una estrategia curiosa: esperar un resultado diferente haciendo prácticamente lo mismo.
Tal vez Morena debería comenzar a mirar con mayor seriedad la Alcaldía de Chihuahua antes de descubrir, demasiado tarde, que la joya de la corona también se les escapó de las manos. Si quieren competir, necesitarán estructura, recursos y, sobre todo, alguien capaz de conectar con un electorado más amplio que el de su propia militancia. Sahir Rentería podría ser esa apuesta o simplemente otro nombre que se quede en los pasillos de la política. Pero una cosa parece clara: si Morena vuelve a jugar con los mismos de siempre, no debería sorprenderse si vuelve a obtener los mismos resultados.
Lo ocurrido la noche del sábado 22 de agosto en San Juanito, Bocoyna, debería analizarse con seriedad y sin medias tintas. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación sostuvieron un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada que terminó con la muerte de Roy Iván Manjarrez Daniel, “El Roy” o “El 19”, señalado como jefe de plaza de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. De acuerdo con la información proporcionada, se trataba de un objetivo de alta peligrosidad, relacionado con una estructura que operaba extorsiones, control territorial, robo de vehículos, agresiones contra transportistas y otras actividades ilícitas en la región.
Lo verdaderamente preocupante es que, mientras las corporaciones estatales se enfrentaban a un grupo armado de esa magnitud, comenzaron a aparecer voces que pretenden presentar el operativo como un supuesto abuso de autoridad. Hay que decirlo con claridad: cuestionar a las autoridades es legítimo, pero resulta cuando menos contradictorio que algunos supuestos influencers de la región de San Juanito parezcan más preocupados por señalar la actuación policial que por condenar la presencia de quienes durante años han impuesto miedo y reglas propias en la sierra. Cuando la delincuencia se convierte en parte de la vida cotidiana, existe el riesgo de que algunos terminen normalizando su presencia y hasta conviviendo con ella como si fuera algo inevitable.
Y ahí está el verdadero problema de fondo: la normalización de la delincuencia organizada. Una cosa es exigir que cualquier operativo se realice dentro de la ley y otra muy distinta es convertir a los delincuentes en víctimas discursivas mientras se minimiza su historial y el daño provocado a la población. Si las corporaciones estatales fueron quienes enfrentaron directamente a un grupo armado de esta naturaleza, también debería preguntarse dónde estuvo la coordinación federal en el momento crítico. San Juanito no necesita influencers que maquillen la realidad ni voces que confundan la crítica legítima con la defensa indirecta de quienes mantienen sometida a una región; necesita que el Estado, en todos sus niveles, recupere plenamente el territorio y que la violencia deje de ser vista como parte normal del paisaje.
