Después de una maratónica sesión de 15 horas y con el voto en contra de la oposición, los legisladores de Morena y sus aliados lograron aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para 2024 por un monto de 9 billones 66 mil millones de pesos. La aprobación se llevó a cabo a pesar de la presentación de 678 reservas, de las cuales solo se aceptaron tres promovidas por el bloque oficialista en una sesión que comenzó el jueves y concluyó a altas horas de la madrugada del viernes.
Uno de los puntos más controversiales fue el aumento en el impuesto al ahorro, que pasó de 0.15 a 0.50, en lugar de la propuesta original de 1.48 presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta reserva fue presentada por un legislador de Morena, Carol Antonio Altamirano, con el argumento de que beneficiaría a los ahorradores al reducir el impuesto sobre los rendimientos. Sin embargo, la oposición calificó esta medida como un aumento significativo y acusó a los morenistas de ser cínicos. La discusión de la Ley de Ingresos estuvo marcada por un debate ríspido y descalificaciones entre los legisladores, con la oposición criticando la alta deuda propuesta y el déficit fiscal, mientras que Morena y sus aliados defendieron el presupuesto argumentando que fortalecerá los programas sociales y las obras prioritarias.
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Los diputados federales de la 4T parecen estar dispuestos a mantener su rumbo con el presupuesto, ignorando las preocupaciones legítimas y las críticas sobre su enfoque aparentemente electoral. A pesar de las quejas y denuncias sobre la orientación de los fondos, es evidente que las áreas clave como la salud, el campo y el mantenimiento de carreteras federales, especialmente en estados del norte como Chihuahua, enfrentarán recortes significativos. Mientras se reducen recursos esenciales, el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, conocida por su generosidad a través de programas asistencialistas, verá un aumento del 25.2 por ciento, lo que refuerza la percepción de que los intereses electorales siguen prevaleciendo por encima de las necesidades reales de la población.
A pesar de las advertencias, los legisladores parecen estar comprometidos a seguir esta tendencia, lo que podría tener graves repercusiones para sectores críticos, como la agricultura, el sistema de salud y la infraestructura de transporte. Parece que el proceso presupuestario continúa orientándose más hacia ganar votos que hacia el bienestar real de la sociedad.
La controversia entre las diputadas María Antonieta Pérez de Morena y Marisela Terrazas del PAN sigue escalando, y ahora se sabe que la diputada Pérez está revisando con sus asesores y abogados la posibilidad de presentar una denuncia por violencia política. Esto se produce después del acalorado debate en el Congreso donde ambas intercambiaron adjetivos y acusaciones. La denuncia de María Antonieta Pérez podría estar dirigida principalmente contra el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, aunque no se descarta que también incluya a Georgina Bujanda o a la misma Marisela Terrazas. La diputada de Morena alega que tiene pruebas que respaldan su posición y argumenta que los panistas hicieron uso indebido de sus argumentos, lo que generó violencia política en su contra.
La situación se complica aún más, ya que ambas diputadas alegan que el otro lado hizo personal el debate y las descalificó durante la discusión sobre el tema migratorio en el Congreso. Esta confrontación entre legisladores refleja una creciente tensión política y personal en la arena legislativa, lo que podría tener implicaciones significativas en el panorama político local.
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