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En el estado de Chihuahua, tiene miles de personas desaparecidas —muchas de ellas en municipios como Madera, particularmente azotados por el crimen organizado—, la senadora Andrea Chávez Treviño ha encontrado tiempo y pasión para condenar con firmeza un nuevo caso de maltrato animal extremo. Un perrito callejero víctima de crueldad le mereció un mensaje emotivo en redes, un punto de acuerdo en el Senado, exhortos para endurecer penas y hasta un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio. Mencionó, de paso, un caso similar ocurrido hace un año precisamente en Madera, ese mismo territorio serrano donde ella pasa buena parte de su tiempo en giras de campaña.

Lo curioso —y lo que genera incomodidad— es el contraste. Mientras las madres buscadoras siguen removiendo tierra en busca de sus hijos, mientras las ejecuciones y los desplazamientos no cesan, la urgencia legislativa y mediática de la senadora parece reservarse para los seres sintientes de cuatro patas. Defender a los animales es justo y necesario, pero en un estado fracturado por la violencia humana uno esperaría la misma vehemencia para exigir justicia a las miles de familias que viven la agonía de la desaparición. Al final, como ella misma dice, todo forma parte del mismo entramado de violencia. Lástima que, por ahora, solo una parte de ese entramado parezca merecer su atención prioritaria.

Enero parece su cerrará con una cifra que, más allá de los números fríos, deja al descubierto una realidad incómoda: la estrategia de seguridad en Chihuahua no dio el ancho. Con más de 28 homicidios registrados, la meta oficial de mantenerlos por debajo de los 25 quedó no solo rebasada, sino exhibida como un objetivo más de discurso que de resultados.

Durante semanas se nos quiso vender la idea de que las acciones implementadas estaban funcionando. Ruedas de prensa, declaraciones optimistas y promesas de control parecían anticipar un cambio de rumbo. Sin embargo, la realidad —siempre implacable— terminó imponiéndose. La violencia no se contuvo, el crimen no retrocedió y las calles siguieron cobrando vidas.

El problema no es solo la cifra, sino lo que simboliza. Cada homicidio extra es una señal de alerta que apunta directamente a quienes están al frente de la seguridad pública. El comisario Julio Salas y su equipo parecen hoy rebasados por una dinámica criminal que no respeta estrategias a medias ni planes mal ejecutados. La percepción es clara: el crimen va un paso adelante, mientras la autoridad reacciona tarde y mal.

No se trata de exigir milagros ni soluciones instantáneas, pero sí de resultados. La seguridad no se mide en intenciones ni en conferencias, se mide en vidas salvadas. Y en enero, esa medición fue negativa. Reprobatoria.

Si las estrategias “funcionaban”, ¿por qué no alcanzaron la meta mínima? Si había control, ¿por qué se perdió? La narrativa oficial empieza a desgastarse cuando los números contradicen el discurso, y la ciudadanía —cansada y temerosa— ya no se conforma con explicaciones.

Chihuahua no necesita más excusas ni más diagnósticos reciclados. Necesita mando, capacidad y decisiones firmes. Porque cuando la violencia supera las metas, lo que queda claro es que alguien está fallando. Y ese alguien tiene nombre y cargo.

Enero ya pasó. La pregunta es si febrero traerá correcciones… o más funerales.