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Ahora sí que se ensañó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes. Ese semblante siempre calmado, casi científico, se desdibujó frente a las manifestaciones que han ocurrido en Palacio Municipal, muchas de ellas más políticas que ciudadanas. Curiosamente, el primer episodio coincidió con el anuncio de la cartelera del FICUU: un grupo bloquea la entrada del palacio, como si de un acto simbólico se tratara, y no faltó quien recordara las protestas antitaurinas, aunque el funcionario dejó claro que “protesta sin sentido, aquí ni se realizan corridas de toros”.
Pero la paciencia ya tuvo su límite. Fuentes anunció que ya demandaron a quienes rayaron las paredes del Palacio Municipal, esos mismos antitaurinos que se ensañaron con la fachada histórica. Según el secretario, la reparación del daño costará más de 200 mil pesos. A ver cómo le hacen para pagar… o quizá los pongan a resanar la cantera. A ver si así les queda el gusto de volver a hacer otra de esas.
Es evidente que la calma no puede mantenerse frente a ridiculeces que utilizan a manifestantes como herramienta de golpeteo político. Las declaraciones de Fuentes Rascón, firmes y directas, no solo dejan claro su punto, sino que recuerdan que en la administración municipal hay quienes sí saben poner orden frente a la teatralidad de algunos. Bien por él.

La senadora Andrea Chávez, conocida como la “senadora de la corrupción”, ha quedado nuevamente en el centro de la controversia tras afirmar que no hay obra pública en Chihuahua, una declaración que Daniela Álvarez, presidenta del Comité Estatal del PAN, desmiente categóricamente. Álvarez destaca los avances tangibles del gobierno estatal, como el nuevo hospital de Gineco Obstetricia en Parral, los corredores comerciales en Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes, la nueva fiscalía en esta última localidad, el próximo centro de convenciones en Ciudad Juárez y el sistema de transporte en la misma ciudad, además de la millonaria inversión en reparación de tramos carreteros. Estas obras, visibles y en marcha, contrastan con el silencio de Chávez sobre los baches en tramos federales, un tema que, según Álvarez, la senadora evade por conveniencia política, evidenciando su falta de compromiso con la verdad y los intereses de Chihuahua.

Más allá de las palabras, Álvarez señala la gravedad de los nexos de Andrea Chávez con grupos delictivos, particularmente a través de Hernán Bermúdez y su vínculo con Adán Augusto, padrino político de la senadora. La opacidad en el origen de los recursos de su campaña multimillonaria refuerza las sospechas de que Chávez representa los intereses de la “barredora”, un grupo que busca apoderarse del estado. Frente a esta amenaza, Álvarez reafirma la determinación del PAN para alzar la voz y proteger a Chihuahua con valentía, dejando claro que los narcogobiernos no tienen cabida en el estado. Este enfrentamiento pone en evidencia una lucha política donde la transparencia y la defensa del interés público chocan con las ambiciones de poder sustentadas en la opacidad y la corrupción.

La gestión de Luis Alfonso Rivera Campos como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua ha estado sumida en una crisis profunda, marcada por el desorden generado por las decisiones de Georgina Bujanda y agravada por problemas críticos como el intento de pagar a Pensiones Civiles del Estado con especies debido a la falta de liquidez financiera en la institución. A esto se suma el escaso apoyo a los investigadores universitarios, quienes enfrentan recursos limitados para sus proyectos, y la protesta de jóvenes que, en un acto de descontento, causaron destrozos frente a la rectoría. En este contexto, Rivera presentará su tercer informe de actividades el 7 de octubre a las 18:00 horas en la caverna de Aquiles Serdán, una elección que parece diseñada para desviar la atención de estos problemas hacia un escenario simbólico, utilizando la riqueza natural e histórica de Chihuahua para proyectar una imagen de innovación y apertura.

Sin duda serpa un espectáculo que busca vincular a la UACh con la identidad ecológica y cultural del estado. Sin embargo, esta estrategia no logra encubrir la gravedad de los problemas financieros, el abandono a la investigación y la inconformidad estudiantil, evidenciando que el cambio de escenario es un intento de maquillar una gestión cuestionada en lugar de enfrentar los retos de fondo que aquejan a la universidad.

En medio de un clima turbio y cargado de viejas rencillas, el próximo sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la asamblea para la elección del nuevo comité del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH), que encabezará el periodo 2025-2028. Lejos de ser una contienda democrática ejemplar, esta elección parece más bien una radiografía de los vicios que durante años han corroído a este gremio universitario.

La pugna sindical se libra entre cuatro planillas que, lejos de representar visiones distintas, evidencian una disputa por el control del aparato sindical, con actores conocidos y estrategias recicladas. Tres de estas planillas —la roja, la rosa y otra más— están directamente relacionadas con Ricardo Moncayo, una figura sindical veterana y polémica, quien ha sido centro de críticas por presuntos malos manejos, entre ellos la cuestionada venta de un terreno propiedad del sindicato.

Resulta llamativo —y preocupante— que estas planillas incluyan a familiares cercanos de Moncayo, como Olivia Chavira Moncayo y Elvira Aguirre Moncayo, lo cual ha despertado sospechas de un intento por instaurar una suerte de “dinastía sindical”. Una apuesta que más que renovación, sugiere continuidad de prácticas que muchos trabajadores consideran caducas y nocivas.

En contraste, aparece la planilla verde, que si bien representa una bocanada de entusiasmo joven, también enfrenta serias dudas sobre su capacidad real para encabezar procesos de negociación con la Rectoría. La inexperiencia sindical pesa, sobre todo en un contexto donde los retrocesos laborales han sido notables y la dirigencia actual ha mostrado escasa eficacia para defender derechos básicos.

Frente a este escenario, la planilla amarilla liderada por Conchita Rodríguez ofrece un perfil distinto. Con una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos laborales y un historial de denuncia contra la corrupción dentro del propio sindicato —como ocurrió en 2012—, Rodríguez ha optado por una campaña basada en propuestas, transparencia y comunicación directa con la base, sobre todo a través de redes sociales. Su proyecto plantea la recuperación de derechos laborales perdidos, una mayor democratización del sindicato y la fiscalización interna como eje de cambio.

Lo cierto es que esta elección ocurre en un momento decisivo. La base sindical está cansada de simulaciones, liderazgos reciclados y acuerdos en lo oscuro. Hoy más que nunca, exige representatividad real, rendición de cuentas y un compromiso genuino con la defensa de los intereses colectivos.

El futuro del STSUACH no puede seguir atado a los mismos nombres, a las mismas estrategias ni a las mismas omisiones. El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad: renovar no solo a los rostros, sino a la forma de hacer sindicalismo.