En el ámbito político y empresarial de Chihuahua, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) liderada por Armando Gutiérrez Cuevas está preparando un evento open house que promete fortalecer los lazos con la comunidad empresarial de la región. Este acontecimiento, programado para los días 27 y 28 de septiembre en el hotel Sheraton, representa una oportunidad inigualable para la CANACINTRA de reforzar su apoyo a sus miembros. Durante estos días, se ofrecerán conferencias relevantes sobre certificaciones ISO, Norma Oficial Mexicana, financiamiento y gestión de proyectos, así como pláticas sectorizadas y la posibilidad de establecer vínculos con entidades gubernamentales. Este evento se vislumbra como un paso clave para el crecimiento y la colaboración en la comunidad empresarial de Chihuahua.
Ayer por la tarde, la noticia de la detención de Antonio Pinedo, quien ocupó el cargo de excoordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado durante el turbulento periodo de 2018, marcó un irónico giro en la trama política de Chihuahua. Las acusaciones en su contra se centran en el uso ilegal de atribuciones mientras estuvo al frente de dicho cargo, con un supuesto ejercicio irregular de adquisiciones que asciende a la no despreciable cifra de 9 millones de pesos. Este arresto, llevado a cabo en Ciudad Juárez, marca el inicio de un proceso judicial que promete revelar nombres y conexiones en un entorno donde la «Operación Justicia Para Chihuahua» liderada por Javier Corral sigue acumulando figuras requeridas por la justicia, incluyendo a Arturo Fuentes Vélez y Eduardo Fernández, quienes ocuparon altos cargos en la administración de Corral. Es importante mencionar que Pinedo había estado bajo la sombra de una denuncia desde 2020 y desde principios de este año tenía una orden de aprehensión pendiente, lo que demuestra que esta persecución no es reciente, sino que se ha gestado durante varias administraciones.
Las fuentes cercanas al tema de la impresión de los folletos educativos han encendido las alarmas, sugiriendo que la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez, difícilmente podría estar ajena a la empresa específica contratada para imprimir los «cuadernillos». En este asunto, se ha destacado que no estamos hablando de una suma trivial, ya que se han destinado más de 40 millones de pesos sin un proceso de licitación adecuado, supuestamente debido a una urgencia, sin una base legal sólida.
Sin embargo, las preocupaciones aumentan, ya que dentro del propio Gobierno se rumorea que el contrato con la empresa vinculada a Edibray Gómez, el secretario de Turismo, para la producción de otros materiales pendientes, podría ascender a la asombrosa cifra de 75 millones de pesos. Este asunto se ha convertido en un punto de controversia política, eclipsando incluso disputas anteriores entre el gobierno de la 4T y el de Maru Campos. Las voces en la Secretaría de Educación también señalan problemas legales potenciales, destacando que las irregularidades en las dependencias a menudo recaen en funcionarios de segundo nivel en lugar de en los titulares. Además, se informa que los «cuadernillos» entregados por el Estado, con un costo millonario para el Gobierno estatal, no están siendo utilizados en las escuelas, lo que plantea interrogantes sobre la utilidad de este gasto y la calidad del contenido impreso.