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La diputada por Parral, Alma Portillo, parece estar atrapada en un bache al intentar capitalizar la crisis hídrica de la ciudad con supuestos «amparos colectivos» que, lejos de resolver el problema, parecen más una maniobra para ganar reflectores y seguidores. Mientras la legisladora de Movimiento Ciudadano se jacta de estos recursos legales, la realidad es que su estrategia se queda en mera papelería, sin abordar de fondo la grave escasez de agua que afecta a colonias como San Uriel o Gómez Morín, donde familias pasan hasta 15 días sin suministro. En lugar de gestionar soluciones concretas con la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Portillo opta por el espectáculo, olvidando o ignorando que el agua es un derecho humano reconocido por la ONU desde 2010 mediante la Resolución 64/292, un hecho tan básico que hasta un niño de primaria lo sabe.
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La sombra de Francisco Sánchez, su compañero de bancada, parece guiar esta escuela de posturas mediáticas que terminan en denuncias sin resultados tangibles. Mientras Portillo insiste en promover amparos, la JCAS ha respondido que ya está tomando medidas, como el uso de pipas para abastecer a las zonas afectadas. La legisladora debería dejar de agitar las aguas y acercarse a la autoridad para actualizarse sobre la situación real y las soluciones en marcha, como la reparación de fugas que desperdician hasta el 40% del agua en Parral. Su estrategia de hacerse la heroína con amparos no solo es insuficiente, sino que genera desconfianza entre los parralenses, quienes ven llegar puntualmente los recibos de agua, bueno algunos. Si Portillo quiere realmente servir a su comunidad, debe pasar de la retórica a la acción efectiva, o seguirá heredando críticas por su falta de gestión.
La presión por la acumulación de basura en Chihuahua se siente con fuerza, y el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid Téllez, ha lanzado un grito desesperado al juzgado para que emita una resolución definitiva sobre el conflicto legal del relleno sanitario de Mápula. El Municipio ha cumplido rigurosamente con la entrega de pruebas, dictámenes y peritajes solicitados por la autoridad judicial, pero la indefinición persiste. De Lamadrid, con un tono de urgencia, subraya que el actual relleno, pese a su reciente ampliación, no tiene una vida útil de 10 años, lo que pone en riesgo la gestión de residuos. “Necesitamos una definición ya”, insistió, exigiendo al Poder Judicial que actúe con base en las pruebas y deje de postergar un asunto que afecta a toda la ciudad.
El funcionario también dejó claro que solo dos predios en el municipio cumplen con los requisitos técnicos y legales para operar como relleno sanitario: el actual y el de Mápula. Este último, inviable desde hace más de dos años inahabilitado por Lord Salchicha. La demora en la resolución judicial no solo agrava la crisis de la basura, sino que pone en jaque la planificación de la ciudad. Mientras tanto Lla pelota está en la cancha del Poder Judicial.
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