Felices andaban Félix Martínez e Isaac Díaz, regidores del PAN, cuando se trataba de respaldar a César Jáuregui en sus aspiraciones políticas. Muy entrados, muy puestos y con la camiseta bien ajustada, porque cuando hay proyecto y posibilidad de acomodarse en la lista de las diputaciones locales, hasta las porras salen solitas. Pero ahora que el escenario exige algo más que entusiasmo, los dos parecen haberle bajado al volumen. ¿Pues no que muy convencidos?

Y es que una cosa es arrimarse al proyecto cuando parece que la corriente va a favor y otra muy distinta es ponerse a chambear para demostrar que merecen una candidatura. Si de verdad aspiran a una diputación local, ya va siendo hora de que salgan del modo silencioso, se deslinden de la grilla personal y comiencen a construir lo suyo. Porque las plurinominales no se ganan únicamente con sonrisas, palmadas y buenas relaciones; y las de mayoría, menos, porque ahí sí hay que sudar la camiseta.

Ahora toca demostrar qué tanto PAN traen en las venas y cuánto trabajo político pueden presumir sin tener que colgarse del nombre de Jáuregui. La unidad del partido también se demuestra cuando las cosas se ponen incómodas, no solamente cuando hay un gallo al que apoyar y una posible recompensa en el horizonte. De lo contrario, podrían descubrir que en la repartición de candidaturas hay muchos invitados, pero pocos lugares en la mesa.

Así que, Félix e Isaac, a guardar las porras y sacar las herramientas. Si quieren ser diputados, a chambear, a construir estructura y a convencer a la militancia. Porque en política, el que se queda callado no siempre otorga, pero tampoco suma. Y si siguen esperando a que alguien les acomode la silla, no vaya a ser que cuando volteen ya se la hayan llevado… junto con sus aspiraciones.

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Pobre Ciudad Juárez, tan lejos de las decisiones y tan cerca de pagar las consecuencias. Entre las ambiciones de los partidos, las guerras internas y ahora los criterios del Instituto Estatal Electoral (IEE), los grandes perdedores podrían ser los juarenses, esos ciudadanos que tendrán que acudir a las urnas a elegir entre candidatas que, hasta hace poco, ni siquiera tenían como prioridad gobernar la frontera. ¡Vaya manera de fortalecer la democracia! En lugar de que los partidos definan libremente sus perfiles y los ciudadanos evalúen quién tiene las mejores propuestas, la discusión terminó en una imposición de reglas que amenaza con convertir la elección en una competencia condicionada desde antes de arrancar.

Primero apareció Andrea Chávez, a quien Morena comenzó a colocar en la conversación por la Alcaldía después de que sus aspiraciones a la gubernatura tomaran otro rumbo. La senadora había construido su proyecto político mirando hacia el Gobierno del Estado, no precisamente hacia el despacho de la Presidencia Municipal de Juárez. Luego, en el PAN, Daniela Álvarez levantó la mano para buscar la candidatura, mientras Xóchitl Contreras también figuraba en el panorama. Pero el asunto de fondo no es quién se apunta primero ni quién termina obteniendo la nominación. La pregunta es por qué los ciudadanos de la frontera tienen que cargar con una contienda cuyo margen de decisión se reduce por disposiciones electorales que los partidos consideran arbitrarias y que ya anunciaron que impugnarán.

Y aquí es donde el IEE merece una buena sacudida crítica. La paridad de género es un principio constitucional que busca corregir desigualdades históricas, no una licencia para que la autoridad electoral termine diseñando, desde sus criterios, el menú político que los ciudadanos tendrán enfrente. Si la medida obliga a los partidos a postular mujeres en determinados municipios, el instituto debe justificar jurídicamente sus decisiones y explicar por qué ese mecanismo es necesario y proporcional. Porque una cosa es garantizar la participación política de las mujeres y otra muy distinta es reducir la autonomía partidista hasta el punto de que la discusión pública se concentre en cumplir una cuota, en lugar de comparar perfiles, trayectorias y proyectos de gobierno. ¿Desde cuándo una regla administrativa puede sustituir el debate que debería ocurrir entre los partidos y la ciudadanía?

Lo peor es que el costo de esta disputa no lo pagarán los consejeros electorales ni las dirigencias que negocian candidaturas en sus oficinas. Lo pagarán los juarenses, que viven entre problemas de seguridad, transporte, infraestructura, servicios públicos y crecimiento urbano, y que necesitan una administración capaz de responder a esa realidad. No basta con tener una candidatura disponible porque así lo determina una regla; se necesita una persona que quiera asumir la responsabilidad, que conozca la ciudad y que presente un proyecto serio. Andrea Chávez tiene trayectoria legislativa, pero eso no equivale automáticamente a experiencia municipal. Daniela Álvarez dirige al PAN en Chihuahua, pero conducir un partido tampoco es lo mismo que administrar los recursos y servicios de una ciudad. A ambas, como a cualquier aspirante, habrá que exigirles propuestas y capacidades concretas, no solamente padrinos, cargos previos o posiciones dentro de sus partidos.

Y no, esto no tiene por qué venderse como progreso democrático solamente porque se obliga a postular mujeres. El avance real consiste en que puedan competir en condiciones justas, que los partidos las respalden con proyectos sólidos y que la ciudadanía tenga opciones auténticas para decidir. Si la paridad se convierte en una disputa de tribunales, en una pelea por las reglas y en una carrera de aspirantes que terminan acomodándose a una decisión externa, el resultado puede ser un retroceso en la confianza pública, aunque la intención declarada sea ampliar derechos. La representación política no debería estar peleada con la libertad de los partidos ni con el derecho de los ciudadanos a evaluar alternativas.

Así que, mientras el IEE defiende sus criterios y el PRI, el PAN u otros actores recurren a las instancias correspondientes, Juárez queda atrapado en una discusión que tendría que resolverse con argumentos jurídicos, transparencia y reglas claras. Porque si los partidos terminan postulando por obligación y los electores votando entre opciones que no surgieron de una competencia interna suficientemente abierta, ¿quién está ganando aquí? ¿La democracia o la burocracia electoral? Por ahora, los juarenses tienen motivos para exigir explicaciones. La frontera no necesita que le fabriquen una elección desde un escritorio: necesita candidatas que quieran gobernar, partidos que sepan construir opciones y una autoridad que garantice la legalidad sin convertirse en protagonista de la contienda. Si eso se llama progreso, habrá que revisar el diccionario, porque a Juárez le puede estar tocando una regresión democrática disfrazada de paridad.

En Parral, las inauguraciones de obras públicas contrastan ahora con los señalamientos financieros de la síndica municipal, Dalila Villalobos, quien en su Octavo Informe Trimestral puso sobre la mesa compromisos por 18 millones 38 mil 319.30 pesos que, de acuerdo con su reporte, no estarían registrados íntegramente en la contabilidad del Ayuntamiento. Entre las obras señaladas destacan el puente Santa Rosa, con más de 10.1 millones de pesos comprometidos, y la calle Pedro de Lille, con alrededor de 2.4 millones. Así, mientras el alcalde Chava Calderón presume resultados y entrega proyectos, la revisión de las cuentas municipales abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la manera en que se registran las obligaciones financieras de su administración.

El asunto no es menor, pues, según la sindicatura, la Tesorería registra los recursos conforme Obras Públicas presenta las estimaciones para pago, en lugar de reconocer desde el inicio el monto total comprometido en cada contrato. Una práctica que, advierte Villalobos, podría ofrecer una imagen distinta de la disponibilidad financiera del Municipio y complicar la evaluación real de sus compromisos. Eso sí, hay que hacer una precisión importante: los montos señalados corresponden a obligaciones que no estarían reflejadas íntegramente en los registros contables, lo que no significa necesariamente que sean adeudos vencidos o que las obras estén sin pagar. La pregunta de fondo es por qué los compromisos no aparecen registrados de manera completa y qué explicación tiene la administración municipal al respecto.

Por lo pronto, el señalamiento coloca a Chava Calderón ante una exigencia elemental para cualquier gobierno: que las cuentas sean tan claras como las obras que se inauguran. Porque en política, cortar el listón genera fotografías y aplausos, pero la transparencia financiera exige documentos, registros completos y explicaciones convincentes. Ahora le corresponde al Ayuntamiento aclarar el estado de estos compromisos, precisar cuánto se ha pagado y cuánto falta por cubrir, si es el caso, y demostrar que las finanzas de Parral reflejan con precisión las obligaciones adquiridas. Al final, más allá de la promoción política de las obras, lo que importa es que los números también cuadren.