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Mientras Marco Bonilla intenta posicionarse como un joven político con aspiraciones a la gubernatura, los números de su administración lo persiguen. La capital del estado, bajo su mando, cerró el año con 433 asesinatos, una cifra que eclipsa al tristemente célebre Aeroshow, que dejó 9 muertos en un accidente por falta de seguridad en 2013. A Marco Quezada, entonces alcalde, se le ha restregado ese evento en cada oportunidad, pero ¿qué hay de las 433 vidas perdidas en un año completo? Esto supera por mucho lo ocurrido en un solo día y en un solo lugar.
El panorama para 2025 no parece mejorar, pues los asesinatos ya comenzaron a registrarse en las primeras semanas. La comparación resulta inevitable: mientras Quezada cargó con el estigma del Aeroshow, Bonilla navega entre aspiraciones políticas y un escenario de violencia que coloca a Chihuahua como una de las ciudades más peligrosas. Quizá su buena trayectoria y juventud no basten para borrar el impacto de estas cifras.
La paciencia de los comerciantes y vecinos en las inmediaciones del campamento de inmigrantes en Juan Pablo II e Industrial 10 parece haber llegado a su límite. Desde hace meses, el asentamiento se ha convertido en una pesadilla para la comunidad: infecciones, basura acumulada y una evidente falta de control han transformado la zona en un foco rojo para la salud pública. Pero la preocupación no termina ahí; los habitantes denuncian que el valor de sus propiedades se desploma, mientras que la inseguridad escala a niveles alarmantes. Robos, asaltos y el constante hostigamiento hacia mujeres son parte de un día normal en este vecindario olvidado por las autoridades.
Como si esto no fuera suficiente, la quema diaria de basura genera una nube de contaminación que afecta a todos los residentes, mientras que el consumo de drogas ha desatado violentos conflictos entre los mismos inmigrantes. Los vecinos ya no piden soluciones parciales: exigen que las autoridades municipales, estatales y federales actúen de inmediato. El llamado está sobre la mesa, y la comunidad está harta de ser rehén de una situación que parece no tener fin.
Una agente de la Policía Municipal está bajo investigación después de que se viralizara un video donde aparece disparando armas de alto poder. La oficial, identificada como Cinthia B., es vista en el video utilizando un fusil Wilson Combat y un AK-47, conocido popularmente como «cuerno de chivo», mientras vestía ropa de civil. Aunque las imágenes han generado controversia, se sabe que la agente está incapacitada desde el pasado 27 de diciembre, dejando dudas sobre la fecha y el lugar donde ocurrió el hecho.
Este incidente ha puesto a prueba la credibilidad de las instituciones de seguridad pública, ya que actos como este erosionan la confianza ciudadana. La dependencia tiene el deber de esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. En un momento donde la disciplina y el respeto por las normas son esenciales, resulta imperativo garantizar que quienes portan el uniforme actúen con la seriedad y el profesionalismo que la sociedad demanda.