La responsabilidad de René Chavira al frente del municipio de Chihuahua permite observar una forma de trabajo enfocada en la planeación, la estrategia y la búsqueda de resultados. A lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por una visión orientada a identificar necesidades, proyectar soluciones y concretar acciones. Su apuesta parece estar más relacionada con responder de manera organizada a los retos de la administración que con privilegiar las obras de gran impacto visual. El desafío, sin embargo, es que el tiempo disponible para demostrar resultados siempre juega en contra de cualquier proyecto de gobierno.

La incorporación de Jaime Calderón al gabinete suma un perfil técnico y de planeación, con experiencia en espacios estratégicos vinculados con los ámbitos comercial y laboral. La combinación de ambos perfiles apunta a una dinámica de trabajo donde la coordinación, el diseño de mecanismos y la generación de oportunidades pueden convertirse en herramientas para impulsar el desarrollo municipal. No necesariamente veremos grandes carreteras, puentes u hospitales como sello de esta etapa; el trabajo podría concentrarse en programas, estrategias y acciones que, aunque menos visibles, busquen traducirse en empleos y mejores condiciones para distintos sectores de la ciudad.

Ahí está precisamente el reto de René Chavira: demostrar que la planeación también puede convertirse en resultados concretos para los chihuahuenses. Su apuesta parece orientarse más al terreno técnico y ejecutivo que a las grandes obras materiales, con la intención de construir condiciones para abrir oportunidades y activar mecanismos de desarrollo. Quienes conocen este ámbito saben que buena parte de ese trabajo ocurre detrás de los reflectores, aunque su valor debe medirse por los resultados que produzca. En los próximos meses, la administración tendrá que demostrar si esa visión estratégica logra trascender los planes y convertirse en beneficios tangibles para Chihuahua.

Ante la falta de una trayectoria política propia que lo coloque en el centro de la discusión, El Panda parece encontrar en los pleitos internos de otros partidos la oportunidad para hacerse notar. Su publicación de ayer en Facebook, en la que arremetió contra los dirigentes del PAN Chihuahua y auguró pérdidas electorales para el panismo, deja ver cómo aprovecha los conflictos ajenos para ganar reflectores. Con frases como “perro no come perro, pero panista sí come panista”, busca convertir la división interna de Acción Nacional en material para su propia promoción política.

Lo curioso es que, en lugar de construir una agenda propia, presentar propuestas o mostrar resultados que respalden sus aspiraciones, El Panda dedica su espacio a comentar las crisis de sus adversarios. Criticar los errores de otros partidos es válido, pero la pregunta es qué ofrece él más allá de señalar las fracturas ajenas. Mientras el PAN enfrenta sus propios desafíos y sus dirigentes cargan con el costo de sus decisiones, El Panda encuentra tema para publicar y mantenerse en la conversación. Al final, la política también exige demostrar capacidad y construir un proyecto propio, porque colgarse de los tropiezos de los demás puede generar ruido, pero no necesariamente una carrera política.

En Chihuahua, las temporadas de House of Cards se quedan cortas y los dragones de La casa del dragón parecen criaturas inofensivas frente a las fieras que habitan el poder político. Aquí no hacen falta guionistas de Hollywood: basta con abrir los expedientes, escuchar las declaraciones y mirar cómo los antiguos aliados comienzan a sacarse los ojos. Bienvenidos a la House of Mariscos, donde el platillo principal es la traición y nadie sabe quién terminará en la mesa.

El protagonista de esta temporada es César Jáuregui Moreno, el exfiscal que pasó de ser uno de los hombres fuertes del panismo chihuahuense a convertirse en el personaje central de un escándalo que amenaza con salpicar a todo el reino azul.

Su detención, vinculada con las presuntas irregularidades en el operativo de El Pinal, donde participaron agentes estadounidenses cuya relación con la CIA salió a la luz tras un accidente mortal, abrió una caja de Pandora. Cuatro personas murieron en aquel episodio, dos de ellas integrantes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses. Ahora, las preguntas ya no caben debajo de la alfombra: quién autorizó, quién sabía, quién omitió informar y quién pretende deslindarse de una historia que cada día se vuelve más incómoda.

Porque una cosa es desmantelar un narcolaboratorio y otra muy distinta es explicar bajo qué condiciones participaron agentes extranjeros en territorio mexicano. La seguridad pública no es una partida de póquer entre funcionarios ni una operación secreta que pueda archivarse cuando las cosas salen mal.

Pero la trama tiene un giro todavía más venenoso: la política.

La gobernadora Maru Campos había marcado distancia de Jáuregui y cuestionado su actuación en el caso. Después vino la detención y, con ella, la sospecha que recorre los pasillos del PAN: ¿se está aplicando la ley hasta sus últimas consecuencias o también se está librando una batalla por el control político rumbo a 2027?

No hay que confundir sospechas con pruebas. La hipótesis de una persecución política ha sido planteada por la defensa, pero tendrá que sostenerse con elementos verificables. Del otro lado, las autoridades deberán demostrar sus acusaciones ante los tribunales. La justicia no puede convertirse en una vendetta, pero tampoco puede quedar paralizada porque el investigado tenga amigos, cargos anteriores o aspiraciones electorales.

Y ahí aparece Luis Villegas Montes, abogado de Jáuregui, dispuesto a incendiar el escenario público con sus declaraciones. Calificó la detención como un acto vil y mezquino y acusó una persecución política. Su discurso no solamente busca defender a su cliente: coloca a la administración estatal frente a un cuestionamiento incómodo y alimenta la sospecha de que la guerra no se libra únicamente en los tribunales.

Villegas tiene derecho a defender a su representado y a denunciar lo que considere irregular. Pero sus acusaciones también tendrán que pasar por la prueba de los hechos. En este drama, nadie debería recibir una absolución automática por pertenecer al mismo partido, ni una condena anticipada por haberse convertido en el enemigo de sus antiguos aliados.

Después entra Juan Blanco, el exalcalde que se sumó a las voces que exigen la liberación de Jáuregui y califican su detención como un asunto político. Su aparición añade otra capa al conflicto: la de un panismo que empieza a discutir públicamente sus propias heridas, justo cuando debería estar pensando cómo llegar unido a la próxima contienda electoral.

Y es que la pregunta que nadie quiere contestar es sencilla: ¿qué clase de unidad partidista existe cuando los propios panistas comienzan a acusarse de traición, persecución y maniobras desde las cúpulas?

En House of Cards, Frank Underwood entendía que el poder no se conserva con lealtades, sino con cálculos. En La casa del dragón, las disputas familiares terminan consumiendo el reino que todos pretenden gobernar. En Chihuahua, el parecido resulta demasiado conveniente: quienes compartieron mesa, decisiones y proyectos ahora se encuentran en trincheras opuestas.

La diferencia es que aquí no estamos hablando de personajes ficticios. Hay instituciones, expedientes, vidas perdidas y ciudadanos que merecen saber qué ocurrió realmente en la Sierra Tarahumara. Convertir todo en una simple lucha de aspirantes para 2027 sería minimizar la gravedad de los hechos.

Si Jáuregui cometió delitos, que se prueben y se castigue conforme a derecho. Si hubo irregularidades en el procedimiento, que se investiguen. Si alguien utilizó las instituciones para ajustar cuentas políticas, que también responda. Y si otros funcionarios tuvieron conocimiento de la operación o de la participación extranjera, que expliquen qué sabían y qué hicieron.

Porque en esta House of Mariscos hay demasiados personajes intentando pasar la cuenta al de enfrente, mientras el público sigue esperando que alguien explique quién cocinó realmente el platillo.

La caída de un exfiscal puede ser el principio de una investigación necesaria o el capítulo más explosivo de una guerra interna. Lo que no puede ser es una función de teatro donde cada actor acomoda su versión, reparte culpas y espera que el escándalo desaparezca con el siguiente ciclo de noticias.

Y mientras el PAN se enreda en su propio guion, Morena observa desde la otra mesa, consciente de que cada fractura de sus adversarios puede convertirse en una ventaja rumbo a 2027. No necesita incendiar el castillo si sus habitantes ya comenzaron a prenderle fuego.

Al final, los dragones pueden cambiar de bando, los aliados pueden convertirse en enemigos y los discursos de lealtad pueden terminar en acusaciones de traición. Pero hay algo que no debería cambiar: la obligación de esclarecer los hechos.

Porque la verdadera tragedia no sería que César Jáuregui cayera del trono. Sería que, entre tanta guerra por el poder, Chihuahua se quedara sin respuestas.

Y en la House of Mariscos, como en cualquier cocina política de dudosa higiene, conviene recordar que quienes hoy se comen vivos entre ellos mañana podrían terminar compartiendo la misma factura.

La pregunta ya no es quién se queda con el reino azul. La pregunta es quién va a responder por todo lo que se cocinó dentro de él.