Noticias Chihuahua:

En la carrera del funcionariado público no todo es tersura ni discursos bien ensayados; puertas adentro, la operación diaria suele estar marcada por tensiones, desacuerdos y personajes que, lejos de facilitar, entorpecen. En el municipio de Chihuahua no es la excepción: hay perfiles que obligan a la negociación constante, a tolerar desplantes y, en no pocas ocasiones, a cerrar los ojos ante decisiones que simplemente no se alinean con la instrucción del alcalde Marco Bonilla. Así, mientras hacia afuera se intenta proyectar orden y coordinación, hacia adentro persisten áreas donde el control político se diluye, dejando ver que no todos reman en la misma dirección y que algunos funcionarios han optado por operar bajo sus propias reglas.

Uno de los casos más evidentes es el de la dirección encabezada por Adriana Díaz Negrete, donde las decisiones han terminado por trasladar el costo político y operativo a los niveles más bajos. Son los empleados quienes dan la cara ante ciudadanos que acuden a realizar trámites y que, lejos de encontrar certeza, son enviados de vuelta una y otra vez, atrapados en un laberinto burocrático con la constante negativa de que “no se darán permisos”. El conflicto en la colonia San Felipe es apenas un botón de muestra: mientras la instrucción oficial es frenar autorizaciones, en los hechos las construcciones siguen avanzando sin un orden claro, evidenciando contradicciones que desgastan la credibilidad institucional. Así, más que fortalecer la administración, este tipo de decisiones y su ejecución errática colocan a la dirección en el centro de las críticas y, de paso, terminan por erosionar la imagen del propio alcalde.

La política chihuahuense nunca decepciona cuando se trata de generar ruido… aunque a veces el fondo se quede corto. Ahora tocó el turno a Andrea Chávez, quien pidió licencia y, de inmediato, desató una tormenta que parece más de percepciones que de realidades.

Porque sí, el anuncio sacudió el avispero. No solo porque ha dejado ver —sin rodeos— su interés por la gubernatura, sino porque fue la primera en dar ese paso. Y claro, en política el que se mueve primero levanta polvo… aunque eso no garantice que llegue más lejos.

Ahora bien, conviene ponerle pausa al dramatismo. La licencia, en este caso, tiene una razón bastante clara: temas médicos relacionados con el embarazo. Y siendo francos, cualquier persona con sentido común entendería que, ante ese escenario, lo más lógico es bajar el ritmo. Porque, seamos honestos, si algo no combina bien es el estrés —o lo que en el Senado se entienda por “estrés”— con un proceso de salud que requiere calma.

Pero en Chihuahua la política no se toma descansos, ni siquiera cuando alguien decide hacerlo.

Lo interesante no es la licencia en sí, sino lo que revela: una carrera que arranca antes de tiempo. Porque como dice el dicho, no por madrugar amanece más temprano. Y en este caso, el movimiento también deja una sensación incómoda: ¿estrategia o prisa? ¿convicción o necesidad de posicionarse antes de que alguien más le gane el reflector?

Ahí es donde la discusión se vuelve más seria. Más allá del ruido mediático, vale la pena preguntarse qué tanto peso propio tiene la figura de la senadora. ¿Hay resultados concretos que respalden su aspiración? ¿Hubo un paso destacado por la Cámara de Diputados? ¿O el impulso viene, en buena medida, de la marca política que hoy domina el escenario nacional?

Porque si de trayectorias hablamos, otros perfiles ya están caminando la ruta con más kilómetros recorridos. Ahí está el caso de Cruz Pérez Cuéllar, quien desde la administración municipal ha construido —para bien o para mal— una experiencia más amplia en el terreno gubernamental. Y en política, la experiencia no siempre gana elecciones, pero sí pesa cuando llega el momento de contrastar.

Al final, lo que deja este episodio es una mezcla curiosa: entusiasmo, cálculo político y, quizá, un toque de ansiedad. Porque adelantar los tiempos puede parecer audaz, pero también suele ser una señal de algo más: que la competencia no es menor y que el margen de maniobra no es infinito.

En fin, en política como en la vida, la desesperación rara vez es buena consejera… aunque, eso sí, siempre garantiza espectáculo.

}

En la educación pública de Chihuahua hay cosas que simplemente no deberían pasar. Y, sin embargo, pasan… y nadie parece enterarse. O peor aún: nadie quiere enterarse.

El caso de la Secundaria Federal 3013 no es menor. Padres de familia han comenzado a levantar la voz por un esquema que, más que educativo, parece administrativo… pero de los que levantan cejas. Uniformes que no pueden comprarse libremente, dinero que debe pasar por la escuela sí o sí, y cero claridad sobre el destino final de esos recursos. En otras palabras: una escuela pública comportándose como si fuera franquicia.

Y aquí es donde entra el gran ausente de siempre: Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, mejor conocido en el argot político como “el Pachugo”. Porque si alguien tendría que estar revisando, auditando y, sobre todo, poniendo orden en estos casos, es precisamente él.

Pero no. La constante ha sido la misma: silencio administrativo, indiferencia elegante y, cuando el tema alcanza cierto ruido, la clásica salida burocrática de “no nos corresponde”, “es otra jurisdicción” o “lo revisaremos”. Traducción simple: patear el balón.

Y aquí la pregunta no es menor: ¿cómo es posible que el máximo responsable de la educación en el estado no tenga claridad —o no quiera tenerla— sobre lo que ocurre dentro de una secundaria pública? Porque no estamos hablando de un caso aislado en la sierra, sino de una práctica que ocurre en plena ciudad, frente a padres que sí están pagando y que sí están viendo cómo se les cierra la puerta a opciones más económicas.

Lo más delicado no es solo el esquema en sí, sino lo que representa: una cadena de omisiones. Porque si una escuela puede operar como intermediaria obligatoria sin que nadie la revise, entonces el problema no es solo la escuela… es todo el sistema que lo permite.

Y ahí es donde el “Pachugo” queda mal parado. Porque su papel no es decorar la estructura educativa ni salir a eventos protocolarios; su responsabilidad es garantizar que las reglas se cumplan, que no haya abusos y que la educación pública no se convierta en un negocio disfrazado.

Pero parece que en la Secretaría de Educación y Deporte el radar funciona selectivamente. Detecta lo que conviene, ignora lo incómodo y, cuando ya no hay forma de voltear a otro lado, recurre al viejo truco de diluir responsabilidades.

Mientras tanto, los padres siguen pagando. Pagando de más, pagando sin claridad y pagando el costo de una autoridad que, en teoría, debería defenderlos.

Porque al final, el problema no es el uniforme.
El problema es quién está —o quién no está— cuidando que las cosas se hagan bien.

Y por lo visto, en Chihuahua, la educación también se quedó sin supervisor